La jueza penal de Garan­tías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios, acusados por asociación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal cono­cido como filtración de infor­mación de Seprelad (Secreta­ría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Los abogados de los exminis­tros de Abdo habían presentado una nueva reposición y apelación en subsidio con­tra la providencia de la jueza Cynthia Lovera, que fijó la realización de una audien­cia donde se tenía que deci­dir si la magistrada se ratifi­caba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admitió la imputación con­tra los excolaboradores del expresidente de la República, incidentes que ahora fueron rechazados por Lovera.

Además de esta decisión, se agrega a la resolución judicial que se impone las costas de estos incidentes que han sido rechazados a cada uno de los acusados con relación a este proceso, informó desde judi­ciales el periodista de Nación Media Aldo Insfrán.

Tras el rechazo de estos incidentes formulados por los abogados Emilio Fus­ter, Osvaldo Granada, Jorge Rolón Luna y otros, el expe­diente tendrá que subir a la Cámara de Apelación, donde se tendrá que resolver la reso­lución firmada por la jueza Cynthia Lovera.

En su resolución la magistrada sostiene que “la presentación hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pendientes de reso­lución. “En ese contexto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente pro­ceso estudiando las presen­taciones iniciales del proceso penal mencionado”, señala.

Los fiscales Silvio Corbeta y Elena Fiore pidieron al Juzgado de Garantías blanquear al exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, denunciado en su momento por supuesto enri­quecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel.

Ahora, el Juzgado de Garan­tías deberá decidir si hace lugar a dejar impune el caso o da trá­mite de oposición para que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pueda decidir si la investigación seguirá o se concretará la impunidad para Giuzzio.

El senador Gustavo Leite se refirió al desafuero de Mario Abdo Benítez, que finalmente no se trató el pasado miérco­les en la sesión del Senado, a pesar del pedido del pro­pio exmandatario, pero que siguió blindado por legisla­dores de la oposición. El par­lamentario señaló que existe “una falsedad” en la supuesta intención del senador vitali­cio de someterse a la Justi­cia en el caso de filtración de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), cuya imputación fue informada por la Fiscalía en marzo de 2024, mientras la causa viene soportando decenas de chi­canas.

“Evidentemente, hay un dis­curso que nos deja un poco perplejos, porque si Gustavo Leite pide ser desaforado y luego los que responden a Gustavo Leite, o los allega­dos o los concertados con Gustavo Leite, no piden que le saque el fuero a Gustavo Leite, quiere decir que hay una falsedad en el proceso”, dijo el senador al programa “Así son las cosas”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Un día después de que la Fis­calía formuló una contun­dente acusación contra siete exfuncionarios leales del gobierno de Abdo, el exman­datario se vio presionado a anunciar, a través de un video publicado en redes sociales el pasado 12 de marzo, que exi­giría el despeje de sus fueros legislativos para responder ante la Justicia por la persecu­ción política durante su man­dato. Sin embargo, sus aliados de la oposición pusieron tra­bas a la voluntad manifestada, pidieron que el caso se derive a comisiones asesoras y que Abdo acuda al Congreso para explicar su pedido, pese a que sus abogados ya habían acu­dido el año pasado para rea­lizar esta misma maniobra.

El pedido de desafuero, que ya se encuentra hace un año en la Cámara Alta, será tra­tado la próxima semana, informó el senador Basi­lio Núñez. Mientras tanto, Leite señaló: “Se trata el día que haya votos, pero tam­bién él (Abdo) queda des­gastándose como una per­sona mentirosa o poco fiable, ya sabíamos que es poco fia­ble, es la propia víctima de su victimización, porque el único que se quiere victimi­zar es él y nadie lo está victi­mizando”.

Por otra parte, el senador comentó que existe un pro­ceso de acusación que irá a un juicio oral y público, contra los exfuncionarios y excolaboradores de Mario Abdo en su gobierno, y ese proceso se debe llevar ade­lante hasta aclarar estos hechos. “La gente va a poder saber si es que levantaron o no los cargos en su contra, si lo levantan son inocentes y si no lo levantan terminarán presos, así funciona”, refirió.

• HOY.COM.PY.

El expresidente Mario Abdo Benítez, quien decía emocio­narse cuando Jair Bolsonaro lo llamaba Marito, causó per­juicio a los intereses del país en Itaipú, al permitir reduc­ciones consecutivas de la tarifa, dos de ellas inconsul­tas. Esto, además del acta bila­teral secreta que casi le costó el cargo y del espionaje orde­nado por Bolsonaro, también durante la era abdista.

En agosto del 2022, la tarifa de Itaipú de ese año, consensuada por Bolsonaro y Abdo, bajó de 22,60 Kw/h a 20,75 Kw/h, lo que se calificó como una tarifa intermedia, por situarse cerca de las posiciones pretendidas por ambos países. Sin embargo, desde enero hasta agosto del 2022 (mes en que se llegó a un consenso de partes) Brasil pagó lo que quiso, es decir, USD 18,90, con el argumento del descenso de la deuda.

Demostrando la sumisión de “su amigo Marito”, o por la inutilidad de su par de hacerse respetar, Bolsonaro repitió la jugada al año siguiente, anti­cipándose de un plumazo en diciembre del 2022, mediante un decreto que estipulaba una nueva reducción de la tarifa, esta vez, quedando en USD 12,67, en una decisión unilateral que no halló respuesta de Abdo.

La actitud entreguista comenzó mucho antes: el 24 de mayo del 2019 fue firmada el acta bilateral entre Paraguay y Brasil para la contratación de energía entre Itaipú y Centrais Elétricas Brasileiras SA (Ele­trobras). El contenido contem­plaba sobrecostos de unos 250 millones de dólares, perjudi­ciales para el Paraguay, según los antecedentes.

El documento vio la luz meses después y fue conocida como el “acta secreta entreguista”. El caso derivó en un inminente juicio político contra Marito, que, de hecho, estuvo a punto de concretarse, hasta que Jair Bolsonaro comunicó la anu­lación del acta el 1 de agosto del 2019. Lo hizo ante la inmi­nente destitución de su par paraguayo y amigo, al que salvó con esta decisión.

El Congreso sancionó sin modificaciones el proyecto de ley que plantea cambios a la ley n.° 7.447 que regula el costo del impuesto de la patente vehicular, la cual establece la nueva fórmula por la que deberán regirse las municipalidades. Desde la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) celebraron lo resuelto por el Parlamento y aguardan el visto bueno por parte del Ejecutivo.

“Por fin pudimos culminar el ciclo en el Congreso de este proyecto que habíamos presentado la Opaci, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y Diputados, después de una serie de reuniones para modificar nuevamente la ley n.° 7.447″, manifestó Nelson Peralta, director ejecutivo de la mencionada institución.

Para Peralta, el texto sancionado es mucho más justo, dado que deja atrás el porcentaje que estaba fijado inicialmente que ascendía 0,5% sobre el valor impositivo y que posteriormente fue modificado fijándose en el jornal mínimo diario. El porcentaje del 0,3% sobre el valor imponible que, entraría en vigencia si el presidente Santiago Peña promulga esta ley, permitiría que lo abonado por los contribuyentes se adapte a un monto cercano a lo que ya se venían pagando.

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“Se planteó que para ayudar y bajar el costo y adaptar a lo que se venía cobrando, creímos prudente que el impuesto se calcule sobre el valor impositivo, pero al 0,3%, eso haría que los vehículos más económicos estén pagando entre G. 100.000 y 170.000, pero a eso hay que cargar los costos de las tasas que las respectivas municipalidades vienen cobrando”, explicó Peralta a la 780 AM.

El valor imponible lo determina la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNIT) y será la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial la encargada de recolectar esta información y realizar el cálculo para el costo de las patentes por cada categoría de vehículos, información que a su vez será entregada a las municipalidades una vez que esta ley tenga la promulgación de la Presidencia.

“Hay un nuevo punto importante que dice que el intendente será multado por cada habilitación mal concedida con un jornal mínimo diario por cada habilitación, la responsabilidad es personal porque los jefes comunales son los responsables de lo que ocurre en su oficina”, enfatizó. Uno de los objetivos de estas modificaciones también apuntaba a evitar la fuga de contribuyentes, quienes terminaban acudiendo a otras municipalidades debido a la diferencia abismal entre comunas para el pago de patentes.

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