El pleno de la Cámara de Senadores aceptó el veto total del Poder Ejecutivo sobre el proyecto de ley que despenalizaba el falseamiento de las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos. La negativa del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue tratada sobre tablas en la sesión virtual de la Cámara Alta.

El mandatario argumentó en su rechazo que con las modificaciones incluidas en la Cámara de Diputados se desvirtuó totalmente el espíritu del proyecto de ley. Ahora el veto presidencial pasa a la Cámara Baja para su tratamiento.

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Actualmente, con la ley vigente la presentación de declaración jurada falsa es un hecho punible con expectativa de pena de hasta 5 años.

La Cámara de Diputados modificó esta ley y estableció que las mismas solo podrán ser públicas con una orden judicial. Además, agregaron en un apartado que el contenido falso de las mismas no derivará en ningún proceso penal, al no ser considerado como un testimonio, lo que representaría solo una falta administrativa que tendría multas.

El proyecto establece que aquellas empresas que sean proveedoras del Estado deberán presentar sus declaraciones juradas de patrimonio ante el órgano contralor. Este punto fue también reclamado por la bancada de Patria Querida, que buscaba excluir a los proveedores de esta medida y que solamente los funcionarios públicos debían cumplir con el requisito.

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