Tras tomar conocimiento sobre las amenazas que recibió el fiscal Eugenio Ocampos Rodríguez, quien lleva adelante la investigación vinculada al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, la Federación Latinoamericana de Fiscales manifestó su preocupación y repudio ante los hechos acontecidos.

El titular del PLRA fue imputado por producción de documentos no auténticos, producción y uso de documentos públicos de contenido falso por el fiscal Ocampos, quien denunció ayer que recibió varias llamadas de personas allega­das al PLRA, donde le solicitan que se cuide él y los demás inte­grantes de su familia.

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El gremio -a través de un comunicado- expresó su solidaridad para con Ocampos Rodríguez y exigió a Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, protección para el representante del Ministerio Público coaccionado.

“Esta Federación se solidariza con el Sr. Fiscal Eugenio Ocampos y solicitamos a la Sra. Fiscal General que asegure su protección personal, la de sus familiares y colaboradores, como así también la libertad de actuación funcional del nombrado. Creemos además que el esclarecimiento de los hechos denunciados por el Magistrado Fiscal deben considerarse una prioridad institucional”, reza parte del comunicado del gremio internacional de fiscales.

Igualmente, la Federación afirma que el hecho trasciende de una simple amenazas y que esto puede desencadenar en una serie de acontecimientos que son impulsados por grupos de individuos que actúan bajo el amparo de partidos políticos que tienden a presionar y descalificar el accionar fiscal y también forzará a utilizar la estructura política partidaria para impulsar su destitución.

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“No puede ignorarse que no solo importan las acciones referidas, sino que se suman otras -no menos graves y que también vulneran el ejercicio de la función–. Una serie de episodios violentos, de desorden, gritos en pasillos de audiencias y hasta de provocación a funcionarios policiales, a los que se suman las “operaciones de prensa y mediáticas” tendientes a desacreditar al fiscal y a su investigación son parte del grave repertorio utilizado”, dice otro párrafo del manifiesto.

Según la Federación, es en este tipo de investigaciones donde están vinculadas personas influyentes, grupos de poder u organizaciones delictivas, donde la Justicia debe demostrar que la ley está por encima de todo ciudadano. “La Justicia debe demostrar que nadie está por encima de la ley y, por ende, demandan que los operadores y puntualmente los fiscales puedan desempeñarse con la suficiente tranquilidad de espíritu y libertad de actuación”, dice el pronunciamiento.

La Federación, mediante el manifiesto, también incluye lo que ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los trabajadores de los Ministerios Públicos.

“Desde hace tiempo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que un atentado contra un operador de justicia en razón del cumplimiento de su deber reviste una especial gravedad, por el hecho mismo en contra de su persona pero también por el efecto intimidante y amedrentador que puede tener sobre otros operadores de justicia el riesgo de que queden impunes casos relacionados con violaciones de derechos humanos y, en general, el menoscabo que causa en la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia”, reza el documento sobre Garantías para la Independencia de las y los operadores de Justicia.