El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, finalmente firmó el decreto por el cual veta totalmente el proyecto de ley que despenaliza la presentación de declaraciones juradas falsas. La normativa también blinda el acceso a las mismas con orden judicial.

La semana pasada, el mandatario ya había anunciado la posición que tendría en caso de que el equipo jurídico de la Presidencia compruebe que la ley despenalizaba el falseamiento de estos documentos. Actualmente, con la ley vigente es un hecho punible con expectativa de pena de hasta 5 años.

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Sin embargo, la Cámara de Diputados modificó la ley de declaración jurada y estableció que las mismas solo podrán ser públicas con una orden judicial. Además, agregaron en un apartado que el contenido falso de las mismas no derivará en ningún proceso penal, al no ser considerado como un testimonio, lo que representaría solo una falta administrativa que tendría multas.

El proyecto establece que aquellas empresas que sean proveedoras del Estado deberán presentar sus declaraciones juradas de patrimonio ante el órgano contralor. Este punto fue también reclamado por la bancada de Patria Querida, que buscaba excluir a los proveedores de esta medida y que solamente los funcionarios públicos debían cumplir con el requisito.

La posición de los diputados se dio coincidentemente antes de que la Corte Suprema de Justicia se expida ante un pedido de inconstitucionalidad de la Contraloría sobre la publicidad de las declaraciones juradas. Esta semana debe conocerse la sentencia final sobre el tema.

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