Por los antecedentes que se tienen en el país, no se puede considerar como excluyente no contar con el título de abogado ni la falta de ejercicio de la profesión para conformar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sostuvo Rodrigo Yódice, profesional del Derecho. Citó el caso de los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto. El primero fue presidente del Jurado siendo abogado, pero sin ejercer la profesión, mientras que el segundo es escribano y notario público, pero fue igualmente elegido miembro de la alta instancia judicial.
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“Esa circunstancia de que inexorable e inequívocamente uno tiene que ser abogado matriculado en ejercicio no es un requisito que surja expresamente para ser integrante del JEM. Esos dos casos desechan claramente esa posibilidad. Entonces, ese requisito de que sea abogado y que haya ejercido yo no destacaría como un hecho objetivo”, manifestó.
Cabe señalar que el diputado colorado Hernán Rivas fue nombrado recientemente por la Cámara de Diputados como representante de esa instancia legislativa ante el JEM. El hecho recibió críticas de parte de algunos sectores, que argumentaron que no podría ser integrante del colegido debido a que no ejercía la profesión.
Con respecto a la conformación del JEM, Yódice expresó “que notoriamente existe un desequilibrio, porque hay una preeminencia del Poder Legislativo, cuyos votos sumados ya hacen una mayoría. En esta situación nos encontramos hoy día”, indicó.
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Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
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Derrumbe en Encarnación: abogado pide imputación y apunta contra Yd
“El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", sostuvo el abogado Rolando Aquino tras reclamar al Ministerio Público avanzar con imputaciones contra los responsables de autorizar y controlar la construcción del edificio derrumbado.
“Ante cualquier evento donde fallecen personas, donde hay por ejemplo una riña y termina con la muerte de personas, generalmente el fiscal ordena la detención e imputa al rollo para luego determinar quién es el responsable. Me llama la atención que a simple vista es patente la negligencia de los intervinientes”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM.
Aquino ejerce la representación legal de Karen Alfonso, madre de la adolescente Montserrat Brítez, una de las víctimas fatales del derrumbe del edificio en Encarnación, ocurrido en la noche del pasado 2 de abril.
“Como mínimo se debió imputar ya por actividades peligrosas en la construcción a los responsables. Las víctimas esperan esto. La madre está muy devastada, su primera instrucción siempre fue que se haga justicia y que se le castigue a los responsables. El deseo nuestro es que se impute para luego determinar las responsabilidades conforme al rol que cumplió cada uno”, dijo el abogado.
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La construcción del edificio dividido en tres etapas inicialmente prevía una estructura de 3 pisos, sin embargo, hubo una segunda aprobación para elevar a 7 pisos y una última de un nivel más para subir a 8 pisos en total, todo esto, presumiblemente a base de documentaciones presentadas por los profesionales involucrados en la obra y sin verificaciones previas por parte de la Municipalidad de Encarnación que dictaminen el cumplimiento de los requerimientos para una edificación de esta envergadura.
“El hecho ocurrió el 2 de abril durante la noche y el 6 o 7 de abril, nosotros ya presentamos la denuncia penal que fue firmada por la madre por derecho propio. Hasta yo diría que en este caso se puede pasar del aspecto culposo de la conducta como mínimo al doloso. Se siguió esta obra con vicios y horrores“, mencionó.
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Califican como alentadora la decisión de Trump de revisar sanciones impuestas por Biden
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, destacó la decisión del gobierno estadounidense, liderado por Donald Trump, en evaluar y levantar las sanciones por supuestos hechos de corrupción que fueron aplicadas a varios líderes políticos por el Departamento del Tesoro durante la gestión de Joe Biden.
“Es muy alentador ver que las cosas que se hicieron mal se revisen y se rectifiquen, que no exista ese corporativismo de dejar las cosas como están para no afectar la institución. Que ellos puedan verificar, auditar, revisar y revocar una sanción mal dada”, sostuvo este miércoles a la 1020 AM.
Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras informarse que Trump levantó las sanciones aplicadas contra Antal Rogán, jefe de gabinete del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El abogado aguarda que lo sucedido sea replicado a favor de su cliente.
“Estamos en directa comunicación y por sobretodo dejando que los abogados de la ciudad de Washington tomen las medidas administrativas, jurídicas para que esto sea revisado. Esto lo hacemos con mucha paciencia y con buena letra, sin atropellar o saltar procesos. Todo se hace en los Estados Unidos”, remarcó.
Detalló que la realización de un lobby político dependerá de las instrucciones que sean impartidas por los abogados que ejercen la defensa legal de Cartes en el país norteamericano. “Las sanciones contra Cartes finalmente fueron motivadas políticamente por el Departamento de Estado, pero ellos requieren antes de una fundamentación y análisis jurídico, de esto dependemos”, dijo.
Asimismo indicó: “Desde el principio nosotros hemos sostenido que estas sanciones se trataban de una cuestión política. Abogados de Estados Unidos con trayectoria y experiencias importantes, nos dijeron que se encuentran sorprendidos por el manejo discrecional y sin criterio que se tomó hasta el último día del gobierno de Biden”.
EE.UU. debe investigar la conducta de Ostfield
Por otra parte, Ovelar manifestó que el gobierno de Trump debe impulsar una investigación sobre el esquema de persecución política contra Cartes, que fue desplegado por el exmandatario Mario Abdo Benítez y el exembajador norteamericano Marc Ostfield.
“Había una cercanía y connivencia tremenda entre ambos. El Departamento de Justicia debe investigar la conducta de Ostfield y de su cómplice en el Paraguay. Desde nuestro país se motivaron todas las acciones que terminaron con la sanción. Las sanciones no vieron desde Estados Unidos naturalmente, fueron provocadas, auspiciada desde Paraguay”, refirió.
El requerimiento de Ovelar se da tras la filtración de un documento interno enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre del año 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez.
Además Ostfield ejerció una inexplicable defensa hacia Abdo Benítez, a quien calificaba como un “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria generada por la pandemia del covid-19.
“A partir de esto que se hizo público, amerita que Paraguay proteste por el nivel de injerencia política que hubo y más todavía cuando escuchamos al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, contar algo gravísimo. Cuando ellos eran candidatos en la embajada de Estados Unidos en Paraguay, les indicaron que no debían temer a la alternancia. Quienes son ellos para estar por encima del soberano que es el pueblo paraguayo, quien en mayoría debe decidir quien estará al frente de un gobierno”, puntualizó.
Ovelar siguió argumentando que “¿Por qué debe existir la alternancia? Dónde en la Constitución Nacional se determina que esto debe existir. En ninguna parte dice la alternancia es una obligación o algo que debe ocurrir sí o sí”.
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Lavado de dinero en Atlas: pasos procesales fundamentan denuncia de la Conmebol
El abogado Claudio Lovera se refirió al urgimiento realizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), consistente en impulsar la causa judicial abierta por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
“Desde la Conmebol entendemos que este tipo de investigaciones financieras tienen sus niveles de complejidad. Para que pueda ser desarrollado se requiere de las sospechas de un hecho punible en concreto, hay ciertos pasos procesales que no se pueden realizar si no existe esto”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera indicó: “En este proceso penal en el año 2021 la Fiscalía allanó la sede del banco Atlas. Un allanamiento implica que existe la sospecha de un hecho punible, incluso esa sospecha está avalada por un juez que otorga el allanamiento. La Fiscalía ya exteriorizó que existe la sospecha de un hecho punible”.
A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa judicial, atendiendo al largo período transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en Paraguay.
El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
“La Fiscalía también allanó la Superintendencia de Bancos y esto también implica que se sostenga las sospechas de un hecho punible. Luego la Fiscalía pidió cooperación al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de obtener la información que estos dispongan respecto a ciertas operaciones financieras, lo cual en Paraguay, también implica la existencia de sospechas de un hecho punible”, sostuvo.
El abogado siguió sosteniendo que “ninguno de estos pasos procesales se pudieron realizar sin que existan sospechas, esto implica que la denuncia de la Conmebol es fundada porque a veces se escucha que esta denuncia no tiene fundamentos. Estos tres pasos procesales claramente denotan que un órgano de persecución estatal entendió que existen sospechas”.
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En junio del 2017 fue presentada la primera denuncia penal ante el Ministerio Público del Paraguay, con base en la información recopilada y disponible hasta ese momento. La segunda denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero fue presentada el 4 de febrero del 2021.
Informaciones recopiladas
“Lo que señalamos es que ante estos pasos y ya las informaciones recopiladas, la Fiscalía está en condiciones de pronunciarse sobre el fondo del asunto para poder impulsar la persecución penal. Sería lamentable que una causa de esta envergadura no se resuelva sobre la base del fondo del asunto, sino por el mero transcurso del tiempo”, dijo Lovera.
La confederación ya consiguió recuperar más de USD 130 millones en el extranjero, sin embargo, esto no ocurre en Paraguay a causa de la inacción de las autoridades competentes. Los agentes fiscales del caso son Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez.
“La Conmebol seguirá impulsando con fuerza la sanción de los responsables y la privación de las ganancias ilegítimas a través de estas operaciones. La Fiscalía es la única jurisdicción que en el transcurso de todos estos años no tuvo un pronunciamiento de fondo, pese a que las operaciones principales de perjuicio patrimonial de la Conmebol ocurrieron en Paraguay, y la Conmebol tiene su sede en el país. Esto sorprende a cualquier observador objetivo, Paraguay no puede dejar de pronunciarse sobre este hecho”, sentenció.
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