Este martes, desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) emitieron un comunicado en el que apoyan la gestión del director del Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Un grupo de pacientes se está manifestando contra la institución luego de que hubo una falla con un equipo, pero se está trabajando para subsanar la situación y trasladar a los mismos para recibir la atención necesaria.

Este comunicado salió a la luz luego de que pacientes oncológicos decidieron manifestarse contra los directivos ante la falta de una máquina de radioterapia y que está afectando el tratamiento que reciben, según los mismos. Estos indicaron que todas las semanas hay fallas, pero desde la Apacfa resaltaron que no están de acuerdo con estas personas, ya que están viendo mejoras en el sistema y que es la primera vez que reportan una situación así bajo esta dirección.

“La Asociación de Pacientes con Cáncer expresa su rechazo a los intentos de desinformación que buscan desacreditar la gestión del Incan. Apoyamos la gestión del equipo directivo y administrativo, porque podemos ver que los cambios implementados son en beneficio de los pacientes. Nos duele que ciertas personas intenten ensuciar su labor y la de los profesionales que cumplen funciones con compromiso y vocación”, apuntaron.

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Instan a los pacientes y familiares a estar unidos para trabajar juntos por el fortalecimiento del centro asistencial. “Es tiempo de dejar atrás los chismes y las verdades a medias, porque cada integrante de esta gran familia cumple un rol fundamental en la atención y el bienestar de los pacientes”, resaltaron.

Finalmente, reafirmaron la importancia de que el instituto sea un espacio donde prevalezca la ética, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de la salud pública. “Instamos a las autoridades competentes, al personal de salud y a la ciudadanía en general a respaldar las acciones que promuevan un Incan más justo, transparente y eficiente, donde la vida y la dignidad de los pacientes sean la prioridad absoluta”, concluyeron.

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• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

Estudios realizados a nivel país señalan que tendríamos aproximadamente 250.000 pequeños productores agrícolas, distribuidos en los departamentos donde se observan los mayores bolsones de pobreza (Concepción, Caazapá, San Pedro y Caaguazú).

Si bien el MAG viene trabajando activamente con los mismos para cambiar la imagen de ser un sector meramente de subsistencia a uno de producción y comercialización, deberán seguir haciéndolo sin treguas teniendo como objetivo primario abocarse a la reingeniería y fortalecimiento económico, financiero y productivo de los mismos, para que puedan superar la línea de pobreza, reversible con inteligencia, proactividad y profesionalismo.

Debería intensificarse el apoyo técnico en sus fincas de parte del MAG, orientándolos en cómo poder diversificar sus líneas de cultivos y hacerlo mucho más productiva y rentable la superficie que cada uno dispone, subutilizada en muchos casos por desconocimiento y por falta de una mayor asistencia técnica y crediticia.

En su gran mayoría se dedican al cultivo de hortalizas y frutas que les reditúan ingresos solo en una parte del año, siendo posible que puedan tenerlos en gran parte del mismo, única vía que les permitiría poder superar la situación económico-financiera en que se encuentran, y que hace que cada año se manifiesten viniendo a la capital a solicitar al Gobierno una mayor asistencia, condonación o refinanciación de sus deudas contraídas, pues no cuentan con la capacidad de repago para hacer frente en tiempo y forma a sus compromisos contraídos.

No todo se remite al aspecto productivo, pues precisan de educación financiera, que les permita manejar en forma más eficiente los recursos generados por sus diversos renglones de cultivo y que tengan la posibilidad de acceder a una caja de ahorros dentro del sistema financiero que les dé la opción de incrementar los niveles de inclusión que también sigue siendo una falencia, pero superable.

La asistencia técnico-profesional por parte de organismos técnicos deberá ser consistente y permanente, para que puedan tener posibilidades potenciales de obtener mejores resultados económicos.

Para que la gestión global de estos labriegos pueda resultar rentable, deberían aglutinarse en pequeñas cooperativas de producción, de tal forma que sean ellos mismos quienes negocien la venta de sus productos a los compradores finales, eliminándose así la intermediación, que está en manos de quienes, sin mucho esfuerzo, desde hace años, se han venido llevando la parte “más substanciosa de la torta”.

Un mayor apoyo de parte del Gobierno es fundamental pues aquí el objetivo primario debe ser que progresen productiva y económicamente.

Cientos de jóvenes, hijos de estos labriegos, se ven en la necesidad de migrar hacia ciudades del departamento Central o a nuestra capital en busca de trabajo, pudiendo evitarse si existe la proactividad, profesionalismo y visión de futuro de nuestros gobernantes, quienes, de lograr todos los objetivos precedentemente expuestos, podrían convertirse en exitosos microempresarios con sus progenitores.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá seguir en manos de técnicos idóneos y capaces, que tengan la suficiente capacidad de asignar funciones y delegar responsabilidades para que en forma permanente asistan de cerca a estos productores, permitiéndoles ser competitivos y rentables.

No hay “recetas mágicas”. Solo se precisa de sentido común, visión de futuro y ganas de trabajar profesional y ordenadamente, con objetivos y metas claras, y sobre todo mucha actitud y patriotismo sin discriminar a nadie por sus ideologías políticas.

Paraguay es uno de los mayores productores de alimentos a nivel mundial y qué mejor que sean estos pequeños productores agrícolas uno de los actores protagónicos, que se fortalezcan no solo a nivel de nuestro mercado doméstico, sino también “abonando el terreno” para que puedan seguir creciendo hacia afuera.

Casi a fines del año pasado se daba el primer envío de 60.000 kilos de tomate a la provincia de Córdoba, de la República Argentina, a un mercado importante con una población de 46 millones de habitantes y que siempre seguirán demandando alimentos que esperamos pueda expandirse a otros países.

El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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• Ginebra, Suiza. AFP.

“Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”. Hace cinco años, el 11 de marzo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud soltó la frase que hizo tomar conciencia al mundo entero de la gravedad de la situación.

Pero ya desde el 30 de enero, la OMS había declarado su más alto nivel de alerta frente al nuevo coronavirus detectado en China a mediados de diciembre de 2019: la Urgencia de Salud Pública de Alcance Internacional o USPPI. Una fórmula que no impactaba en la opinión pública.

Presionado por las preguntas de los periodistas, Tedros Adhanom Ghebreyesus también mencionó “la amenaza de la pandemia” el 9 de marzo, pero el electrochoque tuvo lugar dos días después.

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El miércoles 11 de marzo, muchos periodistas se agolparon en torno a las mesas en forma de U en una pequeña sala en las entrañas de la imponente sede de la OMS en las alturas de Ginebra, no lejos de la frontera francesa.

La conferencia de prensa, prevista para las 17H00 locales, pudo ser seguida en las redes sociales, por teléfono y por Zoom.

Frente a los periodistas, Tedros, a su derecha Mike Ryan, encargado de urgencias en la OMS, y a la izquierda la directora general, Maria Van Kerkhove, encargada del expediente del covid-19. Esta científica desconocida del gran público encarnará desde entonces la lucha contra la pandemia.

El jefe de la OMS sacó dos bolígrafos de su saco, ajustó sus gafas y leyó su declaración.

“Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y de gravedad, así como por los niveles alarmantes de inacción” en el mundo, dijo.

Y entonces declaró: “Hemos considerado que el covid-19 puede ser calificado de pandemia”.

En ese momento, menos de 4.300 personas habían muerto en el mundo, según cifras oficiales.

Cinco años más tarde los muertos se cuentan por millones, pero a mediados de marzo de ese año todavía no habían empezado los confinamientos, los hospitales no estaban desbordados y el hundimiento de la economía no se avizoraba.

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“La palabra ‘pandemia’ cambió la situación”, recuerda John Zarocostas, periodista que cubre para la AFP las agencias y ONG internacionales desde hace más de 30 años. “Tengo la impresión de que tenían que hacerlo” porque no lograban la reacción esperada de los Estados miembros desde el desencadenamiento de la USPPI

Para este veterano de las relaciones internacionales, “eso modificó la dinámica en términos de reacción de los gobiernos nacionales: todos empezaron a actuar”. Un retardo que frustró a la OMS. “El mundo está obsesionado por la palabra pandemia”, dijo Mike Ryan, para quien la advertencia de enero era más importante.

¿Puede repetirse una catástrofe similar? Para la OMS, la próxima pandemia solo es cuestión de tiempo. En diciembre de 2021, los Estados miembros de la organización, conscientes de las graves fallas frente al covid-19, comenzaron a trabajar en torno a un acuerdo internacional y obligatorio sobre la prevención y la preparación a las pandemias, para tratar de evitar que vuelvan a repetirse los mismos errores.

Las negociaciones son difíciles y una última sesión de negociaciones está aun prevista del 7 al 11 de abril, para finalizar el proyecto a tiempo para la asamblea anual de la OMS en mayo.

En espera, los países miembros lograron desempolvar el reglamento sanitario internacional. Y a partir de septiembre de este daño, el jefe de la OMS podrá declarar una “urgencia pandémica”.

En los cinco años transcurridos desde marzo de 2020, la OMS declaró la USPPI en dos ocasiones, ambas por epidemias de mpox.

El jefe de la OMS advierte regularmente a los países que no repitan el ciclo de negligencia seguido de pánico que caracterizó la pandemia de covid-19.