El abogado Adrián Enríquez Rivas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, presentó acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño contra los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, luego de haber -de forma llamativa- anulado la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por prevaricato que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial Tania Irún, quien había entregado presuntamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.

De acuerdo al escrito presentado ante el JEM, los dos camaristas acusados actuaron de manera arbitraria y fuera de la ley violando el principio constitucional del debido proceso ya que juzgaron el fondo de la cuestión, situación que está prohibida.

Con la presentación hecha por el citado profesional del derecho, los integrantes del JEM deberán estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento contra los camaristas Sánchez y Lovera Cañete y en caso de que los mismos sean enjuiciado podrían ser suspendidos en sus funciones.

El JEM está integrado por Alicia Pucheta, Enrique Bernis, Derlis Maidana, Orlando Arevalos, César Garay, Mario Varela, Manuel Ramírez Candia, y Alejandro Aguilera.

Te puede interesar: La construcción de la futura sede del juzgado de Capiatá se encuentra en etapa final

En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

Podes leer: Fiscal investiga empresas por apuestas deportivas clandestinas y otros delitos

El excanciller nacional, Euclides Acevedo; el analista político, Mario Paz Castaing; el abogado constitucionalista, Marcelo Duarte; y el comunicador, Ignacio Martínez, debatieron en el programa 12/8, por GEN/Nación Media, sobre la reforma constitucional, coincidiendo en que la misma no apunta a introducir la reelección presidencial.

“Lamentablemente la gente habla de lo que no sabe. La gente se olvida de que una Constitución es un nuevo contrato, esto supone consenso y esto convocatoria al diálogo, lo que significa pacto; la constituyente debería ser la liturgia que legitime ese acuerdo político”, señaló Acevedo.

Puntualizó que actualmente no hay suficiente conocimiento jurídico, conexión con la temperatura social, así como solvencia jurídica y política para abordar como tal la reforma, pero apeló a la importancia de mantener las conversaciones al respecto. “Lo peor que se puede hacer es no debatir, con el cuento del miedo a la reelección”, indicó.

Lea más: Ejecutivo promulgó ley de pensión para víctimas colaterales de feminicidio

Paz Castaing puntualizó que, con sus luces y sus sombras, la Constitución de 1992 ha logrado resguardar de manera más amplificada los derechos. Todo esto, a través de un pacto social consensuado con actores políticos de primer nivel y miembros de la sociedad civil.

“Coincido con que no es el momento (de la reforma) y, además, esta Constitución ha permitido sobrevivir 36 años de vigencia de libertades públicas y resistencia política. No excluyo la posibilidad del debate y creo que están abiertas las posibilidades a futuro”, puntualizó el analista político.

Por su parte, Martínez cuestionó la manera en la cual se introduce como debate la reforma constitucional, teniendo en cuenta otros temas más centrales que importan verdaderamente a la ciudadanía. Así, analizó una posible estrategia de comunicación para posicionar el tema.

“Siempre veo también que la oposición genera nada más una reacción, pero no hay una propuesta para salir de este tema. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la reelección, pero no sé si este tema en verdad le interesa a la gente, la gran mayoría está preocupada por el costo de la canasta básica”, sentenció.

Por su parte, el abogado constitucionalista Marcelo Duarte afirmó estar de acuerdo con una reforma constitucional, pero no de una manera apresurada. “Se debe hablar con tiempo y de una manera consensuada; los diferentes actores, fuerzas políticas e incluso medios de comunicación deben participar de un debate de forma tal que no nos tome por sorpresa una reforma”, señaló.

Lea también: Maidana destaca análisis de los 217 artículos para dar media sanción a ley que crea el RUN

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) expuso ayer jueves ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) el caso que envuelve a las propiedades decomisadas de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. La institución lamenta la falta de resolución de este caso y la falta de una investigación del juez que ordenó el remate de los bienes.

“Gracias a estas reuniones que está organizando la Comisión, aprovechamos la ocasión para poner a conocimiento de las autoridades este tipo de situaciones”, expresó Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico en contacto con “Arriba hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.

García relató que dichos inmuebles, es decir, las estancias vinculadas al entorno de Cabeza Branca, fueron incautadas por el Ministerio Público y puestas a disposición del Juzgado del Crimen Organizado y de la Senabico. Luego, se dictaron medidas cautelares sobre estas propiedades que prohibían la posibilidad de innovar, contratar o cualquier otra modificación registral.

Lea también: Con dinero del narcotráfico se pagaron créditos en varios bancos, sostiene Leite

“En este último remate que se intentó, el juez Édgar Rivas Laguardia tenía pleno conocimiento porque la Senabico había intervenido dos años antes en ese juicio civil y el día que él dictó hacer las publicaciones del remate, él tenía a la vista el informe de condiciones de dominio de la Dirección General de los Registros Públicos en el que taxativamente hablaba que esta propiedad tenía esas medidas cautelares, ni de innovar ni de contratar”, detalló García.

El asesor indicó que a pesar de esto, de todas formas se intentó ejecutar la subasta y teniendo en cuenta todos estos hechos, la Senabico se llevó una sorpresa cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ordenó el archivo de la investigación preliminar que iba a ser aplicado sobre el magistrado, pese a la gravedad del asunto. “Lastimosamente que una conducta así quede impune genera un poco de frustración”, manifestó.

Le puede interesar: “Toda la oposición debe volver a confiar en el PLRA”, ruega el gobernador de Central

El abogado Ricardo Sasiain, miembro suplente del Consejo de la Magistratura, invita a la relación de hechos vinculados a los procesos que lo involucran tanto a él como a su esposa María Antonella Galli. La convocatoria está prevista para las 10:00 de este lunes 7 de octubre en salón de eventos Vanité, ubicado en Paseo Carmelitas sobre la calle Teniente Héctor Vera en Asunción.

“Estoy bajo un tipo de amedrentamiento mediático por así decirlo y una acusación totalmente infundada y descabellada, por lo que voy a demostrar con documentos, primero que no correspondía la acusación y segundo voy a anunciar la posible acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para el fiscal Alcides Corvalán”, expresó el abogado Sasiain.

En conversación con La Nación/Nación Media el profesional del derecho indicó que también evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público por persecución de inocentes. Sasiain aseguró que la denuncia en su contra carece de fundamentos y que este hecho ya data desde hace más de dos años y persiste hasta la fecha.

Lea también: TSJE sentaría nefasta jurisprudencia si reconoce convención liberal, afirmó senador

El suplente del CM había obtenido el sobreseimiento provisional y el Ministerio Público había establecido la realización de 15 a 18 puntos para la realización de las diligencias respectivas. “Cuando no hay mérito para acusar, pero nuestro sistema es tan perverso que no basta con ser inocente sino tenés que demostrar que sos súper inocente”, relató.

De acuerdo a lo expuesto por el abogado a La Nación, desde el inicio de la causa solicitó que se notifique a las personas que tenían los cheques con su nombre, de modo que quede constancia de que se había devuelto el dinero que se había sustraído supuestamente. “Pude realizar una diligencia en la cual vino un señor que dijo ‘el cheque que tengo yo me lo entregó María Eugenia Acosta’ con esa única diligencia tuvo que haberse extinguido la causa porque se demuestra la devolución del dinero”, indicó.

Le puede interesar: Hospital Militar habilita importantes mejoras y recibe certificación de Salud Pública

Para el abogado, este hecho fue suficiente para demostrar que la denuncia en su contra fue “falsa y temeraria”, sin embargo, de todas formas se procedió a la imputación en su contra. “Este fiscal Alcides Corvalán acusa de algo totalmente descabellado y digno de nuestro sistema judicial de apriete”, refirió.

Este hecho se trata de la denuncia realizada en marzo del 2021 por María Eugenia Acosta Vallejos, gerente general de la firma Bioténica S.R.L. contra Sasiain y su esposa María Antonella Galli, quien se desempañaba como gerente financiera y administrativa de la mencionada empresa. Galli es acusada, entre otras cosas, de haber desviado fondos provenientes de 11 cheques a una cuenta bancaria que pertenecía a su marido.