El abogado Ezequiel Santagada considera que la ley sancionada en Diputados que despenaliza el falseamiento de las declaraciones juradas “invita a los funcionarios a que mientan sin ser castigados”, sostuvo. El proyecto de ley, que incluye también a las empresas que son proveedoras del Estado, fue sancionada por la Cámara Baja.

El Poder Ejecutivo ahora tiene la potestad de promulgarla o vetarla, recordó el profesional jurídico. “Hay una sola persona en la República del Paraguay que tiene facultad para frenar esto y tiene nombre y apellido, Mario Abdo Benítez, con la facultad constitucional de vetar esta ley infame”, añadió.

Lamenta que en el caso de que se promulgue la consecuencia será que “los funcionarios públicos podrán mentir sin ningún tipo de consecuencia relevante más que el pago de una multa”, explicó. Con esta nueva normativa, los procesados saldrán beneficiados porque las causas penales serán extinguidas, con relación a esas personas. “Es el crimen perfecto o la impunidad perfecta, todos los procesados salen libre de culpa y cargo”, criticó.

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Pena

Actualmente, con la ley vigente es un hecho punible con expectativa de pena de hasta 5 años, “pero para la casta privilegiada de autoridades de funcionarios públicos no se aplica, ellos pueden mentir en su declaración sin ningún tipo de problema”, mencionó.

También se refirió a que el tratamiento de la ley se apresuró teniendo en cuenta la sentencia que la Corte Suprema de Justicia debe emitir sobre la publicidad de las DD.JJ., permitiendo un control masivo de la ciudadanía. “Se vacunaron, descubrieron el tratamiento para la enfermedad para salvarse”, indicó, teniendo en cuenta que en el apartado del artículo 1º establecieron que la misma “no podrá ser considerada como elemento constitutivo de hechos punibles relativos a la prueba testimonial”.

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