Los diputados integrantes de la Comisión Especial de Compras COVID-19 presentarán mañana un informe ante el Ministerio Público para que evalúe las 32 licitaciones de compra de insumos médicos que fueron auditadas.

Además, proponen una audiencia con la Unidad Anticorrupción, a cargo de la fiscala adjunta Soledad Machuca.

Consideran oportuno que los fiscales amplíen la investigación e incluyan las licitaciones auditadas por dicha comisión, porque consideran que “las observaciones encontradas exceden faltas administrativas y representan conductas penalmente relevantes”, expresa la nota.

En el informe detallan la inconsistencias que encontraron en estas licitaciones del Ministerio de Salud, como la designación con posterioridad a la intervención en los procesos de contratación de la Comisión de Evaluación, así como la forma en que fueron designados, la falta de fundamentos para la fijación de los precios referenciales de los bienes y servicios que se requieren.

También cuestionan el hecho de que en los mismos procesos exista un vinculación entre proveedores socios, y que participen aquellos proveedores que hayan incumplido o estén en mora contractual.

Por otra parte, resaltan la falta de evidencia de aquellas ofertas adjudicadas que superaron el margen de los precios referenciales y la invitación informal a los proveedores hecha desde correos electrónicos no oficiales

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Entre las recomendaciones expuestas en el informe figuran: anular los citados llamados a efectos de no convalidar vicios administrativos que pueden ser considerados como irregulares o, en todo caso, retrotraer los citados procesos a la etapa de conformación de los respectivos comités de evaluación; además, generar procesos administrativos y, si corresponde, sancionar a los funcionarios responsables de las irregularidades.

Mientras que en aquellos contratos por vía de la excepción ya firmados, recomienda que el Ministerio de Salud ejecute los mecanismos contractuales correspondientes en caso de algún incumplimiento por parte de los proveedores.

Por último, esperan que la Dirección Jurídica del ministerio emita un dictamen respecto al estado contractual y un dictamen técnico de la Dirección de Gestión de Insumos sobre las especificaciones de los bienes adquiridos. Así como generar los procesos administrativos para la sanción a los funcionarios intervinientes.

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