Los parlamentarios proponen ahora que los entes binacionales Itaipú y Yacyretá sean excluidos del proyecto de ley que limita los gastos superfluos del Estado y en otros casos los elimina. La propuesta fue presentada por el senador Sergio Godoy.

La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió hoy un dictamen en mayoría sobre el proyecto “Que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

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En este sentido, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana, indicó que la modificación se da, principalmente, en uno de los incisos del Art. 4º, en donde se excluye a las binacionales hidroeléctricas del tope de salarios, según dijo. Explicó que estas se rigen por acuerdos y tratados internacionales, plenamente suscritos por nuestro país.

“El dictamen en mayoría acepta la eliminación de los topes salariales porque consideramos que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, pero excluimos a las entidades binacionales, teniendo en cuenta que ellas están regidas por tratados y notas reversales, cuyas modificaciones necesitan, indefectiblemente, el acuerdo de ambas partes contratantes”, aseguró el diputado.

Tope de salarios

Por otra parte, la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, presidida por el diputado Edgar Acosta, en mayoría, emitió dictamen de aprobación, con modificaciones.

El diputado Acosta detalló que una de las propuestas de la comisión es que se topee el salario de los funcionarios públicos en el equivalente a 17 salarios mínimos (G. 37.278.263), de manera de evitar que el salario esté supeditado a lo que gana el presidente de la República.

De igual manera, propone que ningún funcionario público gane por debajo del salario mínimo establecido (G. 2.192.839). “Hay muchas autoridades, principalmente, en las municipalidades y gobernaciones, que parten un salario mínimo en tres, de manera de tener más clientela política”, señaló.

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