La senadora Esperanza Martínez anunció el retiro de la bancada del Frente Guasu de la sesión extraordinaria convocada para hoy, para recibir informes de la ejecución de la Ley de Emergencia, ante la ausencia del presidente Mario Abdo Benítez, quien había sido convocado vía nota por la Cámara Alta.
“La bancada del Frente Guasu incluso anunció previamente su disconformidad con la ausencia del Presidente, que fue convocado para la sesión del día de hoy para dar cumplimiento a la Ley de Emergencia, donde el Ejecutivo debería rendir cuentas a los 60 días. Plazo que ya se ha cumplido”, indicó la senadora. “Hemos dado facultades extraordinarias en términos del manejo del presupuesto, pudiendo recortar salarios y redirigir presupuesto, etc.” señaló.
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Martínez indicó que ante la grave situación que afecta a nuestro país, en el marco de la crisis sanitaria, y que perjudica económica y socialmente a miles de familias paraguayas, lo mínimo que debió hacer en un carácter de estadista es asistir y brindar informes personalmente sobre la ejecución de los recursos que le fueron otorgados al Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia.
“El consenso entre los senadores y la ciudadanía es que estamos a casi 80 días del inicio de la epidemia con restricciones sociales progresivas y todas las medidas económicas, sociales y políticas en el marco de la pandemia. Lastimosamente las repercusiones sociales no tienen el impacto después de todas las facilidades que desde el Senado hemos proporcionado”, aseveró la lideresa del Frente Guasu.
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Piden a Peña no “amilanarse” por sectores contrarios al control de las ONG
El analista político y económico Víctor Pavón alertó sobre la campaña desplegada por sectores sociales y empresariales que buscan dañar la imagen del Paraguay con el único fin de impedir la promulgación del proyecto que establece el control y transparencia sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).
“Esta gente tiene como objetivo amilanar o torcer la voluntad del presidente de la República, Santiago Peña. Yo espero que el presidente de la República promulgue este proyecto de ley que es necesario para la transparencia y rendición de cuentas, esta es la única condición para que Paraguay se autodetermine como cualquier otro país. Ese documento fue tratado y deliberado, se hicieron las consultas correspondientes y garantizará igualdad ante la ley. Debemos terminar con la sociedad del privilegio”, manifestó.
Pavón afirmó en el programa “Arriba hoy” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media que “si una organización utiliza dinero proveniente del extranjero o del sector privado que afectará los intereses del Paraguay, la lógica es que tengan la obligación de decirle al pueblo de dónde salió el dinero y en qué área de la actividad gubernamental afectará, porque están en juego los intereses de nuestro país, eso se llama patriotismo”.
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El también dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sustento sus afirmaciones colocando como ejemplo la reciente decisión de la calificadora internacional Fitch Ratings en no otorgar al Paraguay el grado de inversión.
Hubo lobby
“Acá hubo lobby de ciertos grupos que están interesados en afectar la imagen país. Son los agoreros del pasado, tienen un complejo de envidia y resentimiento hacia un gobierno votado por el pueblo y que está haciendo muchas cosas. Esta gente inventa y seduce, son encantadores de serpientes, su objetivo es tratar de empañar la situación”, manifestó Pavón.
Acotó: “Estos sectores dicen que si se lleva a cabo la promulgación del proyecto de control a las oenegés por parte del presidente Peña perderíamos el grado de inversión. Este es el sentimiento antipatriota que tiene mucha gente que desea que el Paraguay no siga avanzando, poniendo como condición que no se promulgue esta propuesta. Los que hacen este lobby con las calificadoras saben que este proyecto de ley no tiene nada que ver precisamente con el grado de inversión”.
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Senado aprobó proyecto de Régimen de Integridad Nacional y pasa a Diputados
La Cámara de Senadores otorgó la media sanción al proyecto de ley “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”. De este modo, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados para su estudio correspondiente.
El documento fue aprobado primeramente en general, para posteriormente ser tratado en particular con las modificaciones planteadas. Se llegó a un acuerdo, tras establecer un texto consensuado entre las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Hacienda.
“Este proyecto tiene por objeto establecer las bases del régimen de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, aplicable a las funciones y actos de las autoridades, así como de los funcionarios del país; esto con el fin de fomentar la correcta gestión de los asuntos públicos”, había expresado el senador Javier Zacarías sobre el plan.
El órgano encargado de las labores será la Contraloría General de la República (CGR); se conformará el Consejo Nacional Anticorrupción. En cuanto a que los dictámenes no sean vinculantes, se ratificó esa postura, siendo una de las modificaciones al tener en cuenta las preocupaciones de algunos legisladores.
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Más sobre el proyecto
Al inicio del estudio del proyecto, el senador Natalicio Chase había solicitado a sus colegas que el pleno se constituya en comisión para el tratamiento del punto, esto al carecer de dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. De este modo también se buscó aplicar consensos.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, se había referido sobre el mencionado proyecto, señalando que la propuesta busca que la lucha contra la corrupción no se limite a la represión, abarcando también la prevención.
La Contraloría aspira a tener estándares nacionales en materia de integridad y transparencia, y la obligación de atender todas las denuncias ciudadanas. El contralor, junto con dos de sus asesores jurídicos, acompañó constantemente el proyecto, atendiendo el nivel de preponderancia de la iniciativa.
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Con 31 votos, Senado sanciona control a las oenegés, versión Diputados
Tras un extenso debate, el Senado sancionó este miércoles con una amplia mayoría el proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. El documento será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
La propuesta que figuraba en el cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria, terminó siendo analizada como primer punto a solicitud del senador Natalicio Chase, quien ejerce el liderazgo de la bancada del movimiento Honor Colorado. Finalmente la versión aprobada días atrás por Diputados fue la que prevaleció en la Cámara Alta, teniendo en cuenta que la iniciativa posee modificaciones sugeridas desde el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.
El resultado fue el siguiente 31 votos a favor, por la versión de la Cámara de Senadores 1 voto, por el rechazo de ambas versiones 10 votos, 1 ausente y 2 abstenciones. Desde la oposición, quienes se muestran contrarios al proyecto, instan a Peña a actuar de manera “racional” y proceda a vetarlo totalmente por considerarlo inconstitucional y autoritario bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.
Desde las comisiones asesoras de Legislación, Hacienda y Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado aconsejaron al pleno sancionar íntegramente el texto de Diputados. “El presente proyecto ya fue objeto de estudio en esta cámara y viene a cubrir una laguna existente en nuestra legislación con respecto al control de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales que guardan relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, municipios, universidades públicas y demás entes públicos”, dijo el senador Derlis Maidana durante su intervención.
El titular de la Comisión de Legislación siguió afirmando que los cambios de la cámara revisora se sustancian principalmente en el artículo 2 respecto al alcance del proyecto de ley. “Las entidades u organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, partidos, movimientos políticos, iglesias, se encontrarán excluidos expresamente del alcance de la presente ley, salvo que reciben, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales”, manifestó.
De la misma manera también se encontrarán excluidos las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y juntas de saneamiento ambiental.
Detalló que otro punto guarda relación con el derecho a la libre asociación. “Se establece que toda persona tiene el derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, comprendiendo la facultad de asociarse para fines sociales, económicos y políticos.
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En cuanto a la autoridad de aplicación, Maidana indicó que se establece que será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a las facultades que le corresponden a la Contraloría y otras instituciones y organismo en el ámbito de su competencia.
Mientras que en el artículo 5 del proyecto de ley se estableció el deber de promover y apoyar las iniciativas asociativas. “El Estado no viene a coartar, al contrario viene a estimular para que las personas se asocien sin fines de lucro”, refirió Maidana.
El documento en su artículo 6 refiere que el Estado garantizará la plena autonomía de las oenegés y no agotarán medidas que interfiera en su funcionamiento. En su artículo 7 prevé que formarán parte del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y del Registro Administrativo de Beneficiarios Finales dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas.
En el artículo 15 se hace mención a las infracciones. En relación a las personas físicas, figura la eliminación de la sanción económica a los directivos de las oenegés, pero se mantendrá el apercibimiento por escrito y, en caso de reincidencia, 5 años de inhabilitación para administrar o gerenciar una organización no gubernamental.
Mientras que para las personas jurídicas, se mantendrá en el documento, como primera medida, el apercibimiento por escritos y, de existir la reincidencia, una suspensión al organismo infractor por un plazo de hasta 6 meses.
Asimismo el artículo 19 dice que las disposiciones de la presente ley no afectarán las competencias de las instituciones con facultad de regulación, control y fiscalización sectorial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
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Control a ONG: habría consenso en el Senado para sancionar la versión de Diputados
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, sostuvo que la Cámara Alta aceptará las modificaciones introducidas por Diputados en base a las sugerencias del Poder Ejecutivo al proyecto que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
La iniciativa será analizada mañana miércoles por el plenario y, de sancionarse, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. “Acá existen dos versiones, el de la Cámara de Senadores y de Diputados, ambas fueron ampliamente debatidas. Este proyecto es para perseguir a quienes viven a costas de las oenegés, a los que lucran detrás de supuestas fachadas y solo se benefician ellos”, sostuvo el legislador.
Núñez comentó que dentro de la bancada del movimiento Honor Colorado existe un amplio consenso de aprobar las modificaciones introducidas por Diputados teniendo en cuenta que establece sanciones “más flexibles” contra aquellas oenegés que se resistan a transparentar sus cuentas.
No se descarta que otras bancadas de la oposición que acompañan frecuentemente las iniciativas del oficialismo respalden el posicionamiento. El parlamentario indicó que es necesario que la ciudadanía conozca el uso que dan las organizaciones no gubernamentales al dinero público. Ante la posibilidad de que los denominados “oenegeros” impulsen acciones de inconstitucionalidad para impedir la vigencia de la propuesta, Núñez dijo que “es una potestad que tienen las personas jurídicas, físicas, este es el estado de derecho que tenemos”.
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Documento aprobado
El documento refiere que quedarán excluidos de la aplicación de la iniciativa los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la propuesta, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.