El Gobierno de Paraguay, con apoyo de la Itaipú Binacional, alcanzó un récord histórico en la entrega de mobiliarios escolares al distribuir 71.857 mesas y sillas pedagógicas en lo que va del 2025. Esta cifra supera ampliamente las adquisiciones realizadas por entidades públicas en los últimos tres años, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Los nuevos conjuntos escolares fueron entregados a 277 instituciones educativas públicas de siete departamentos del país, priorizando zonas de alta necesidad como Ñeembucú, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Itapúa, San Pedro y Central. Solo en este último departamento, 139 centros educativos de Luque y Capiatá recibieron más de 50.000 muebles. Actualmente, la distribución continúa en la ciudad de Limpio.

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El operativo forma parte de la mayor renovación de mobiliario escolar de las últimas décadas, beneficiando a estudiantes de los niveles Inicial, Escolar Básico y Medio. El objetivo es propiciar ambientes adecuados y cómodos para el aprendizaje, con una cobertura proyectada superior al 90 % a nivel nacional.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre Itaipú, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), las gobernaciones, municipios y las Fuerzas Armadas. Las instituciones beneficiadas fueron seleccionadas por el MEC con base en criterios de prioridad y necesidad.

Este esfuerzo marca un hito en la inversión educativa pública, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo con el fortalecimiento de la infraestructura escolar y la mejora de la calidad educativa en el país.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.

“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.

El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.

“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.

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En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.

Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.

“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.

Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.

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• Por Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com

Se cumplieron 52 años del mayor éxito diplomático del gobierno paraguayo, la firma del Tratado de Itaipú, que no solo sellaba el pacto de amistad y cooperación con Brasil, sino que ponía punto final a un largo conflicto de límites con el vecino país que incluso se arrastraba desde la época colonial. Historiado­res destacan que este tratado también evitó que Paraguay y Brasil se volvieran a levan­tar en armas a casi 100 años de culminada la Guerra de la Triple Alianza.

El 26 de abril de 1973 se fir­maba el Tratado de Itaipú, más allá de la colosal hidroeléctrica que es una de los más grandes del mundo, existe por detrás una histo­ria intrincada, previa a su construcción que muy poco es recordada y cuyos oríge­nes datan de la época colo­nial y que, en la década de los años 60, volvió a generar un grave conflicto entre ambas naciones al punto de casi des­atar una nueva guerra por los límites fronterizos.

El profesor e investigador histórico Eduardo Ortiz Mereles señaló a LN/NM que la falta de una definitiva demarcación de límites entre lo que fueron las posesiones españolas y portuguesas en la época colonial arrastró más de un siglo y medio después, un serio problema diplomá­tico entre Paraguay y Brasil.

“En efecto, los límites entre Brasil y Paraguay fueron tra­tados ya por España y Portu­gal, a lo largo del siglo XVIII. Tras la Guerra de la Triple Alianza, ambas naciones firmaron el Tratado de Paz (Loizaga–Cotegipe) se esta­bleció que los límites entre ambos países será el cauce del río Paraná, desde el río Yguazú hasta el Salto Grande de las Siete Caídas (Saltos del Guairá). El problema es que la palabra “hasta”, no incluye ni excluye el salto para ninguno de los dos países. En consecuencia, se llegó al siglo XX y los Saltos del Guairá que­daron en tierra de nadie", comentó.

Este problema llegó a los años 1960 donde se agravó el con­flicto con el Brasil. Para esa época, ya habían estudiado el potencial hídrico que tenía el río Paraná. Desde siempre el Gobierno brasileño se carac­terizó por el desarrollo de su país pensando en el futuro de su nación.

El historiador Claudio Veláz­quez señaló que la firma del Tratado de Itaipú fue un gran logro diplomático para ambos países que arras­traban un largo conflicto por los límites, que luego se sumó el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del Paraná.

Coincidió con Ortiz que en octubre de 1965, el conflicto se agravó cuando Brasil ocupó militarmente con la fuerza una zona de Puerto Renato, que le correspondía al Para­guay, apresando a una Comi­sión Nacional de Demarca­ción de Límites en la zona de Saltos del Guairá, entre los apresados recordó que estuvo Conrado Pappalardo.

“Este fue el punto tenso que se llegó y casi lleva a ambos países a levantarse nueva­mente en armas. No obs­tante, hay que decirlo, que en ese momento el Gobierno paraguayo supo sacar prove­cho de la hegemonía estadou­nidense, apoyándose en eso es que se logra decir al Brasil que se siente a negociar con Paraguay de manera diplomá­tica y no en armas”, remarcó Velázquez.

En esta época coincidió con la Guerra Fría, donde Paraguay y Brasil eran aliados estraté­gicos de EE. UU., a quien no le convenía tener a dos alia­dos enfrentados. Es así que en junio de 1966 se firmó el acta de Foz de Yguazú que es el antecedente más importante del Tratado de Itaipú.

Más allá de las controversias que existen con respecto al pago de la energía y las cesio­nes con respecto al Anexo C, así como las críticas a la sobre­facturación de la construc­ción de la hidroeléctrica que terminó siendo más caro de lo presupuestado, pero fue un logro importante para el país.

“En el caso de la obra de Itaipú de 2.033 millones de dóla­res, pasó a costar un aproxi­mado de 20.000 millones de dólares, hablamos de mucho dinero más de lo previsto y la deuda que significó para el Paraguay. La construcción dinamizó la economía del país, todo ese dinero, pero no se invirtió suficientemente en infraestructura y desarrollo industrial, sino que fueron unos recursos no muy bien administrados”, agregó.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que el próximo lunes 28 de abril mantendrá un encuentro con los familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. La reunión fue requerida por el abogado Óscar Tuma.

“Yo no estoy cerrado para recibir a la viuda, a la hija y a otros familiares de Gomes. Nosotros tenemos una política de puertas abiertas en el Congreso Nacional y también desde la presidencia del Senado”, indicó Núñez a los medios de comunicación.

El encuentro está fijado para las 9:00. Tuma indicó que el requerimiento surge con la finalidad de informar sobre “el irregular apoderamiento de bienes del legislador fallecido por parte de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, sin orden judicial de comiso ni procedimiento legal alguno”.

Asimismo, a través de sus redes sociales oficiales, el abogado mencionó que “la familia de Lalo Gomes exige el respeto a los derechos de sucesión y al debido proceso”.

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Gomes Batista falleció en la madrugada del lunes 19 de agosto del 2024 durante un allanamiento en su vivienda en el marco del operativo Pavo Real II. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Policía, de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y fiscales.

El parlamentario, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo y otros fueron imputados por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

La imputación fiscal sostiene que tanto Eulalio Gomes y su descendiente habrían brindado auxilio económico a la red del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão a través de una aparente simulación de compra de una de sus estancias.

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