El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensa de Ramón Retamozo, presidente de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos, señaló este martes que su cliente no tiene problemas en dimitir del cargo ante las denuncias de supuestos hechos de corrupción, pero depende de Mario Abdo Benítez.
“Mi cliente no tiene problemas en renunciar, pero todo dependerá del presidente de la República. Nunca la institución recaudó tanto como ahora”, manifestó el profesional del derecho en comunicación con la 1080 AM.
Sostuvo que las denuncias de presuntos hechos de corrupción provienen de un grupo de sindicalistas de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), supuestamente con antecedentes no tan “buenos” en el ente.
“Por cuestiones personales de mi cliente, hemos recusado a la fiscala porque tiene vínculos con Miguel Cuevas, que es un contrincante político. Vamos a explicar al Ministerio Público que la inversión generó ganancias. El reclamo viene de un sector del sindicato, tampoco sé por qué algunos ya no fueron imputados”, agregó.
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Funcionarios de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) piden a la Fiscalía General del Estado el inmediato inicio de una investigación contra Ramón Retamozo, titular de la entidad portuaria, ante las denuncias de graves irregularidades en su gestión.
Los trabajadores manifiestan su deseo de que la ANNP esté libre de compromisos económicos a políticos y el cese de ingreso irregular de nuevos funcionarios, transgrediendo la Ley 1.626 y el propio decreto presidencial N° 2.180/2019, que restringe el nombramiento o contratación de nuevos funcionarios en la administración pública.
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El senador Pedro Santa Cruz (PDP) presentó una denuncia penal en contra de Ramón Retamozo, titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), por una serie de supuestos hechos de corrupción en su gestión.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público, el senador Santa Cruz denuncia al alto funcionario público por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, hecho punible contra la prueba documental y, finalmente, por enriquecimiento ilícito.
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EE. UU. sanciona a expresidenta argentina Cristina de Kirchner por “corrupción significativa”
- Fuente: AFP
Estados Unidos sancionó este viernes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio Miguel De Vido por “corrupción significativa” y les prohíbe entrar en el país, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
Ambos “abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, resultando en millones de dólares robados al gobierno argentino”, afirma Rubio en un comunicado.
En su red social X, el jefe de la diplomacia escribió que hoy viernes anunció la designación de la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido. Esto, debido a su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo, agregó en su red social.
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PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
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Un vidrio cada vez más empañado
- Matías Ordeix
- Socio del Club de Ejecutivos del Paraguay
El Índice de Percepción de Corrupción sigue golpeando muy fuerte a Paraguay… y lo que más preocupa, es que seguimos empeorando. Pero esto no es novedad, o sea, no debe un organismo internacional como Transpareny International ranquearnos, sino validar objetivamente lo que todos sentimos y vemos día tras día.
La corrupción ha aumentado considerablemente. Pero somos todos responsables, unos más que otros, pero todos. Comencemos por lo alto de la pirámide, que no es el Poder Ejecutivo, sino el Congreso. Es principalmente ahí donde, con una alta concentración de poder, y sometiendo al Poder Judicial e incluso al Poder Ejecutivo, lleva la bandera negra de la carabela pirata. Es ahí donde se tejen los hilos y se hacen las conexiones para que el delito de corrupción sea moneda de uso corriente. Le sigue, en orden de importancia y manejo deshonesto, el Poder Judicial, donde los jueces a merced de un “lamentable e indecente” Jurado de Enjuiciamiento, se venden al mejor postor.
Un presidente de la República, por muy buenas intenciones que tenga, está “bajo la pata” de su partido y del corrupto legislativo. ¿Y qué más podría hacer?; si no obedece, el camino es simple a Juicio Político y listo. Y seguimos con otras instituciones, ministerios, municipios, etc.
Pero los más responsables somos nosotros, los ciudadanos, que nada tenemos que ver directamente con la política o cargos estatales, los laburantes, los de a pie, que votamos sobre todo a un parlamento muy lamentable. Y los mal llamados “empresarios” que, a costas de seguir haciendo negocios con el Estado, son “cómplices exitosos” de la crítica situación.
Es increíble como igualmente, y gracias al sector productivo y empresarial con la pujanza que le meten, nuestro país siga creciendo, logre el primer grado de inversión y esté en la hoja de ruta de algunos inversores globales.
Imagínense cuán alto podríamos volar hoy, cuánta desigualdad podríamos combatir tan siquiera si mejoramos nuestra transparencia. Si bajásemos los niveles de corrupción, si todos hiciésemos la tarea, el Paraguay estaría en otro nivel. Gente, hemos empeorado en un año 13 posiciones, hoy estamos en el puesto 149 de 180, solo superado por Venezuela en América (ranking 2024 – Transparency International). ¿No es lamentable?
Somos como esa ventanita de baño, que en un frío invierno, y con ducha caliente se empaña cada vez más y más. Si no paramos ahora, llegará un momento que nadie nos verá. Porque no es suficiente que el país sea atractivo financieramente para invertir, no es sostenible la inversión en un país donde las instituciones son cada vez más corruptas, la Justicia, el parlamento, la administración, etc. Demos un golpe de timón ahora mismo.
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Empresa hongkonesa venderá puertos del Canal de Panamá a un consorcio estadounidense
- Ciudad de Panamá, Panamá. AFP.
La firma Hutchison de Hong Kong anunció ayer martes que acordó ceder su participación en la operación del Canal de Panamá y otras instalaciones portuarias a un consorcio estadounidense. CK Hutchison Holdings venderá el 90% de sus acciones en Panama Ports Company (PPC) y otra serie de puertos a un grupo liderado por el gigante gestor de activos BlackRock por 19.000 millones de dólares, según un comunicado conjunto.
Hutchison es propietaria y opera los puertos de Balboa y Cristóbal en los extremos Pacífico y Atlántico del canal interoceánico. Las acciones de la empresa subían el miércoles 22.9% en la bolsa de Hong Kong, impulsadas por el acuerdo de venta. La venta de PPC “se llevará a cabo por separado una vez que el gobierno de Panamá confirme los términos propuestos para la compraventa”, indicó la nota.
Desde que asumió el poder el 20 de enero, Trump ha denunciado un supuesto control de China sobre el canal de Panamá. El mandatario republicano incluso amenazó con retomar el control de la vía interoceánica, lo que causó protestas en el país centroamericano. El martes en su discurso ante el Congreso, Trump afirmó que “para mejorar aún más nuestra seguridad nacional, mi administración va a recuperar el canal de Panamá, y ya hemos empezado a hacerlo”.
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En un comunicado de prensa conjunto con los compradores, Hutchison señaló que el acuerdo estaba motivado por negocios, no por política. “Me gustaría destacar que la transacción es de naturaleza puramente comercial y no está relacionada en absoluto con las noticias políticas recientes sobre los puertos de Panamá”, dijo el codirector general de CK Hutchison Holdings, Frank Sixt.
“Esta transacción es el resultado de un proceso rápido, discreto pero competitivo en el que se recibieron numerosas ofertas y manifestaciones de interés”, afirmó Sixt, quien describió el acuerdo elegido como “claramente en el mejor interés de los accionistas”.
El director general de BlackRock, Larry Fink, dijo que la transacción demostró la capacidad de su firma para “ofrecer inversiones diferenciadas para los clientes”, según el boletín de prensa. “Estos puertos de clase mundial facilitan el crecimiento global”, dijo Fink.
Auditoría sigue adelante
El anuncio está compuesto por transacciones entre las partes, una relacionada con PPC y la otra con diversas participaciones de Hutchison en 43 puertos que comprenden 199 atracaderos en 23 países. La finalización del acuerdo con PPC requiere la confirmación del gobierno de Panamá, dijeron las partes.
El gobierno panameño dijo en un comunicado que esta venta “es una transacción global, entre compañías privadas, motivada por intereses mutuos”, que, sin embargo, no interrumpirá “hasta su finalización” una auditoría que lleva adelante la Contraloría a la filial que opera ambos puertos.
En febrero, el canciller estadounidense, Marco Rubio, visitó Panamá durante su primer viaje al exterior como secretario de Estado, prueba de la importancia del canal para la nueva administración.
Rubio obtuvo un compromiso del presidente panameño, José Raúl Mulino, para salir de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el programa de construcción de infraestructura insignia de China.
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Rubio también presionó para el libre paso de buques estadounidenses a través del canal de Panamá, después de decir a los funcionarios panameños que era injusto que Estados Unidos estuviera en posición de defender la vital vía acuática y también pagar por su uso. La vía, construida por Estados Unidos e inaugurada en 1914, fue entregada a Panamá hace 25 años tras la firma de tratados bilaterales.
Desde el 2000, la Autoridad del Canal de Panamá, una entidad estatal autónoma que administra el canal con independencia del gobierno, ha modernizado con éxito las vías navegables y esclusas, de más de un siglo de antigüedad, para permitir el paso de buques cada vez más grandes. Un 5% del comercio marítimo mundial atraviesa esta vía.