Con 58 votos en contra el pleno de la Cámara Baja envió al archivo el proyecto presentado por un sector de la oposición.
El pleno de la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez. Con 58 votos en contra y solo 18 a favor, una abstención y 3 ausentes, la iniciativa fue remitida al archivo, y no podrá ser planteada nuevamente por el periodo de 1 año, al menos que sean presentadas nuevas causales.
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El pedido fue presentado por el diputado liberal Édgar Acosta y fue acompañado por varios de sus colegas de un sector del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El documento contaba con 11 puntos donde figuraban las causales del juicio político.
El parlamentario presentó el pedido de juicio político bajo el argumento de un supuesto mal desempeño de funciones de la fiscala general. Uno de los elementos que sostenía la acusación era que Quiñónez habría cometido tráfico de influencias en el caso del empresario Karim Salum, quien tuvo permiso para guardar la cuarentena en su domicilio, por padecer una enfermedad de base.
El pleno tuvo un amplio debate en torno a la propuesta de enjuiciar al fiscal general, y en este contexto en su gran mayoría los parlamentarios defendieron la labor de Quiñónez al frente del Ministerio Público.
El diputado colorado, Raúl Latorre, en su alocución mencionó que el planteamiento se dio en el marco de ideologías partidarias y no sobre el trabajo que viene realizando Quiñónez en su gestión. Así mismo, mencionó que no se debe perder de vista el gran trabajo que viene realizando en el marco de la lucha contra la impunidad en el país.
“Prefiero evitar el debate histórico ideológico estéril, que pretende endilgar a un solo partido de una ideología con el monopolio de la corrupción, cuando está claramente probado de que existió corrupción y existieron malos desempeños de todos los colores”, mencionó.
Citó puntualmente el caso de los diputados Ulises Quintana y Miguel Cuevas, como una muestra del trabajo que se está realizando por parte del Ministerio Público. “Voy a resaltar que dos miembros de este cuerpo colegiado están presos, y la responsabilidad es del Ministerio Público. Un ex intendente de Asunción imputado. Este proceso de cuarentena, no puedo dejar de analizarlo también porque ha sido sujeto de mucho debate y va seguir siendo”, argumentó Latorre.
Por su parte, el diputado Basilio Núñez respondió a las acusaciones del libelo acusatorio y afirmó que dicho pedido solo obedece a intereses sectarios y mediáticos de un sector político. “No estamos haciendo un juicio político, sino un juicio politizado, porque responde a intereses sectarios y mediáticos, que les empuja a algunos colegas a presentar libelos acusatorios o fábulas acusatorias, basadas en hechos irreales, inventados, porque, probablemente se quiere tener una fiscal general a la medida”, indicó.
Mientras tanto, el diputado Derlis Maidana, quien también expresó su desacuerdo con el juicio político resaltó que el artículo 104 del Reglamento Interno dispone que “cuando un diputado presentare un proyecto se dará entrada y sin más trámite, se pasará a comisiones por la potestad que le confiere al presidente de la Cámara de Diputados”, señaló. Aclaró además que la comisión de Asuntos Constitucionales, el cual preside emitió dos dictámenes; uno por el rechazo y otro, en minoría, por la aprobación.
En la misma línea se pronunció el diputado Carlos Núñez Salinas, quien dio su voto de confianza a la fiscal general por contar con todas las condiciones que requiere el cargo, a más de destacar su dilatada experiencia.
La votación fue nominal por lo que, por mayoría de votos en contra del pedido de juicio político el documento fue rechazado, pasando finalmente al archivo.
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