Tal como ya se había anunciando, el tratamiento del proyecto que prohíbe las compras y contrataciones superfluas e innecesarias fue postergado por quince días por el pleno de la Cámara Baja. Las comisiones asesoras no lograron llegar a un acuerdo sobre el texto con modificaciones que debió ser presentado en la sesión ordinaria de hoy.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el diputado Derlis Maidana, aclaró que varias de las comisiones que tenían a su cargo el análisis de la normativa, que se dio incluso en reuniones conjuntas, aún no emitieron dictamen al respecto, por lo que solicitó la postergación de su estudio en general y en particular por 15 días.
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“Procedimos a hacer una serie de consultas con varios ministros, incluso directores de entes binacionales, como así también de conocidos juristas paraguayos, para conocer sus pareceres; estamos de acuerdo con la política de racionalización de los gastos superfluos del Estado, pero por una cuestión de afinar el texto y completar todas las documentaciones debidas, estamos solicitando la postergación”, manifestó.
Por su parte, el diputado Édgar Acosta titular de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, estuvo de acuerdo con su colega en cuanto a la extensión del plazo para el análisis del documento, aunque pidió que en la fecha se apruebe en general y dejar su estudio en particular para dentro del plazo mencionado.
“Como cámara revisora tenemos que tener un análisis mucho más profundo, más pulcro; es un proyecto que tiene buenas intenciones; no es desastroso como algunos pueden calificarlo, pero que tiene falencias que tenemos que corregir”, sostuvo.
No obstante, tras someterse a votación, por una amplia mayoría primó la moción del diputado Maidana, por lo que su tratamiento fue finalmente postergado.
El proyecto contempla diversas previsiones con base en tres ejes: La prohibición de compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias; la prohibición y limitación al nombramiento y contrataciones de parientes y asesores y la fijación de topes salariales para las autoridades públicas de rango superior.
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