La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), solicitó el seguimiento de la ciudadanía al análisis que se realizará en las distintas comisiones asesoras del estamento al proyecto que pretende aumentar las penas por estafa y lesión de confianza por daños al Estado. La iniciativa pretende aumentar las condenas a 15 años.
El tratamiento del proyecto en la plenaria fue postergado días atrás y fue remitido a las comisiones para sus respectivos dictámenes, ya sea a favor o en contra de la propuesta.
“Debe darse el aumento de penas. Desde la comisión de reforma penal, la cual presido, solicitamos la remisión del proyecto. Convocaremos a una reunión extraordinaria para el día viernes para el tratamiento del proyecto, esperamos el acompañamiento de la ciudadanía”, indicó.
Lea también: Abdo Benítez expresa solidaridad con Brasil: “Está pasando por un momento muy difícil”
El proyecto de ley surgió ante los recientes supuestos hechos de corrupción que salpicaron a ex funcionarios del Estado como la ex titular de Petropar Patricia Samudio o el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, quienes tras darse a conocer las situaciones de irregularidad en sus respectivas gestiones presentaron sus renuncias.
“Hoy tenemos que el que roba un celular tiene un marco penal de 1 a 15, el que roba dos vacas puede ir hasta 15 años preso, pero el que lleva la plata de todos su mínima es de 6 meses a 5 años, máximo 8 años en hechos de estafa y 10 en lesión”, mencionó.
Lea también: Retorno: Consulado en Buenos Aires aclara procedimientos para repatriación
Dejanos tu comentario
Latorre insta al Gobierno a invertir en ciberseguridad para proteger al Estado
El presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Latorre, fue contundente al expresar su postura sobre el futuro del ciberespacio de Paraguay. En ese sentido, instó al Gobierno a invertir y fortalecer la infraestructura en ciberseguridad, a fin de proteger la información de las instituciones del Estado y la imagen país.
El legislador se refirió a las publicaciones de un esquema de acciones de inteligencia del gobierno de Brasil, contra el Estado paraguayo, respecto a las negociaciones en torno al Anexo C del Tratado de Itaipú. Al respecto, remarcó que la ciberseguridad ya no es una necesidad del futuro, sino que es una necesidad del presente.
Le puede interesar: Gobierno pone foco en el crecimiento de la clase media, resalta Santiago Peña
“Cuestiones muy sensibles de seguridad nacional, información sensible, inherente a la subsistencia de un Estado, se manejan en el ciberespacio. Veo una reacción firme por parte del Gobierno, la suspensión de las negociaciones con Brasil sobre el Anexo C, hasta que esto sea esclarecido, es el paso correcto”, remarcó.
Latorre reiteró que Paraguay es vulnerable en términos de ciberseguridad, por lo que es urgente corregir esa vulnerabilidad estructural y recordó que nuestro país cuenta con aliados estratégicos que podrían brindar una mano en cuestiones de tecnología.
“Tenemos que ocuparnos de eso, es una cuestión costosa y compleja, sí, pero tenemos aliados estratégicos que tienen claras condiciones de ayudarnos a que esto deje de ser una debilidad y se convierta en una fortaleza. Tenemos aliados con condiciones que pueden darnos soporte en términos de tecnologías, términos informáticos y de inteligencia”, refirió.
Recuperar la confianza
Asimismo, agregó que debe haber una respuesta formal y seria por parte de los canales diplomáticos pertinentes. No obstante, aclaró que eso no significa que no se tomen medidas inmediatas, y una investigación.
“El gobierno brasileño está obligado a dar las explicaciones pertinentes, para recuperar la confianza. Esta cuestión que planteó Brasil, de que fue el Gobierno pasado, francamente me parece que no es la respuesta que un Estado debe dar a otro Estado”, expresó.
Agregó que Brasil es el principal socio comercial de nuestro país “compartimos Itaipú Binacional y hay demasiados intereses geopolíticos. Pero, la construcción de esta amistad debe estar cimentada en la confianza”, puntualizó. También mencionó que es fundamental mantener una relación de confianza y solidez con todos los países de la región, que debe trascender el modelo de los 5 años, independientemente a quién esté en el poder.
Dejanos tu comentario
EE. UU. sanciona a expresidenta argentina Cristina de Kirchner por “corrupción significativa”
- Fuente: AFP
Estados Unidos sancionó este viernes a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Julio Miguel De Vido por “corrupción significativa” y les prohíbe entrar en el país, informó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
Ambos “abusaron de sus posiciones al orquestar y beneficiarse financieramente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, resultando en millones de dólares robados al gobierno argentino”, afirma Rubio en un comunicado.
En su red social X, el jefe de la diplomacia escribió que hoy viernes anunció la designación de la expresidenta de Argentina, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y del exministro de Planificación de Argentina, Julio Miguel De Vido. Esto, debido a su participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público. Estados Unidos se compromete a garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos en todo el mundo, agregó en su red social.
Te puede interesar: Economía uruguaya creció 3,1 % en el 2024
Dejanos tu comentario
Para una serie de Netflix: detienen a cineasta que estafó a la plataforma de streaming
- Los Ángeles, Estados Unidos. AFP.
El director Carl Erik Rinsch, que filmó escenas de una serie de ciencia ficción en Brasil y Uruguay, fue detenido en Los Ángeles acusado de malversar 11 millones de dólares destinados inicialmente a la costosa producción de Netflix que nunca se concretó, informaron las autoridades. De acuerdo con la acusación consignada en Nueva York, el cineasta estadounidense, que dirigió “47 Ronin: La leyenda del samurái”, recibió los fondos de una plataforma de streaming entre 2018 y 2020 pero utilizó el dinero en inversiones personales.
Rinsch fue acusado por la justicia estadounidense de fraude, lavado de dinero y transacciones financieras derivadas de actividades ilícitas, y fue detenido el martes pasado en West Hollywood. La acusación no cita a Netflix directamente, pero la plataforma de streaming mantuvo una disputa con el director por la realización de una serie de ciencia ficción que inicialmente se llamaba “White Horse”.
Lea más: Netflix invertirá USD 1.000 millones en México
El año pasado una mediadora judicial determinó que Rinsch, de 47 años, debía a Netflix cerca de 9 millones de dólares en daños y perjuicios. “Carl Rinsch presuntamente robó más de 11 millones de dólares de una destacada plataforma de streaming para financiar lujosas compras e inversiones personales en lugar de completar una serie de televisión prometida”, dijo en un comunicado esta semana la directora adjunta del FBI, Leslie Backschies.
Rinsch llegó a un acuerdo con la plataforma de streaming en 2018 para desarrollar “White Horse”, luego bautizada de “Conquest”. El programa seguía a un científico que crea un grupo de clones superinteligentes que desaparecen en una ciudad brasileña. Allí desarrollan tecnología de avanzada y se enfrentan contra los humanos.
Lea también: James Bond, al servicio secreto de Amazon
Entre 2018 y 2019, en pleno auge del streaming, la plataforma pagó unos 44 millones de dólares por la serie, afirmó la Fiscalía. Rinsch filmó algunas escenas en Uruguay y Brasil, pero no completó el material acordado. El director solicitó más dinero, prosiguió la Fiscalía, recibiendo otros 11 millones de la plataforma de contenidos.
De acuerdo con los documentos, el director perdió parte del dinero en malas negociaciones, y utilizó el resto en criptomonedas y millonarios gastos de lujo como estadías en hoteles, relojes, varios Rolls Royce, un Ferrari y ropa. También intentó demandar a la plataforma para pedir más dinero, y cubrió gastos legales relacionados con su divorcio. De ser declarado culpable, Rinsch podría pasar décadas en prisión.
Dejanos tu comentario
PGR impulsó por primera vez demandas por reparación del daño bajo gestión de Peña
- Por Juan Marcelo Pereira
“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.
“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.
El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.
Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.
En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos, María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles” quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.
Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.
La Ley 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal. Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.
Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.
Señalaron también que los jueces de garantía solicitan la postura de la Procuraduría General de la República, en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.
Detallaron además que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre, con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.
Caso José Orué Rolandi
Monto demandado: G. 3.010.768.440
Estado procesal: la PGR obtuvo sentencia de reparación del daño; apelada, en estudio en el Tribunal de Alzada
Caso Enzo Cardozo
Monto demandado: G. 68.965.418.419
Estado procesal: audiencia de conciliación fijada para el 25 de marzo de 2025, tras múltiples recusaciones
Caso Froilán Peralta y María del Carmen Martínez
Monto demandado: G. 958.785.549 (Peralta) y G. 248.089.375 (Martínez)
Estado procesal: pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la resolución de una contienda de competencia; embargos preventivos ya ordenados
Caso Gladys Cardozo
Monto demandado: G. 2.482.950.000
Estado procesal: presentada la demanda con una recusación en trámite, con embargos preventivos ordenados
Te puede interesar: Vínculo narco: Giuzzio recusa a jueces para impedir avance de su juicio oral