El Consejo de la Magistratura decidió postergar la integración de las ternas para los cargos de Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, del Edicto N° 15/2018 y jueces de diversos fueros del Edicto N° 07/2019. La decisión fue tomada en el marco de la sesión extraordinaria presencial y virtual.
En este contexto, el pleno resolvió que estos cargos sean objeto de un informe de auditoría que realizará la Dirección Jurídica de la institución, a fin de cotejar en el sistema de Criterios de Selección de Magistrados (Crisema) la nómina de postulantes habilitados y verificar los perfiles bloqueados para el estudio correspondiente en una próxima sesión.
Igualmente, se analizó lo relacionado a la etapa de exámenes de conocimientos del Edicto 09/2019 y 01, 02, 03 y 04 del 2020, que fueron postergados a raíz de la pandemia del coronavirus. En este caso, los miembros del consejo resolvieron efectuar una verificación acabada del total de postulantes y de acuerdo a su localidad inscripta a fin de obtener datos precisos que encaminen una disposición final para dicha etapa.
En la sesión extraordinaria también se trataron las notas ingresadas y se decidieron sobre los reclamos efectuados por postulantes, con el acompañamiento de dictámenes elevados por la dirección jurídica del organismo. La sesión fue trasmitida en directo por las plataformas de la institución.
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Caso Bataglia: fiscales tienen 10 días para volver a examinar reportes de hechos punibles
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú indicó que el equipo de fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez cuenta desde este miércoles con 10 días hábiles para volver a examinar los reportes de indicios punibles emitidos por la Contraloría que hacen mención a un supuesto perjuicio patrimonial de G. 1,6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente de la entidad, Vicente Bataglia.
“Ayer martes se sugirió la providencia de oposición. Este juzgado entiende que es necesario que el Ministerio Público vuelva a examinar con mayor detenimiento los puntos u observaciones que hizo la Contraloría”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El magistrado acotó que “en esta primera etapa de este trámite los fiscales intervinientes pueden ratificarse de lo que ya han suscrito o pueden rectificar”. Sostuvo que “a partir de hoy disponen de 10 días hábiles para poder hacer ese análisis, lógicamente eso queda al arbitrio de los agentes si se utilizará o no todo esos plazos”.
De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública, por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que puedan proseguir la investigación.
El médico es investigado por lesión de confianza y estafa. También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina, quienes fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
El 31 de octubre pasado los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría y un grupo de parlamentarios de la oposición bajo el argumento que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
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Justicia mexicana mantiene en pie la elección popular de jueces
La Suprema Corte de México rechazó invalidar la elección popular de jueces, que el gobierno de izquierda defiende para enfrentar la corrupción, pero que según sus críticos afectará la independencia de los magistrados y los dejará a merced de criminales. Tras cinco horas de debate, el tribunal resolvió desestimar las impugnaciones presentadas por dos partidos opositores, al no existir los votos necesarios para invalidar una reforma constitucional aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, cuyo corazón es la elección de jueces.
Esta inédita controversia amenazaba con desatar una crisis institucional pues la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había advertido que las votaciones previstas para 2025 y 2027 no tenían marcha atrás. “Sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo (Constitución), con otra insensatez equivalente”, dijo el ministro Alberto Pérez Dayán, crítico de la enmienda, al anunciar sorpresivamente que votaría contra la anulación parcial propuesta por su colega Juan Luis González.
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Pérez Dayán rompió así la mayoría de ocho votos -de un total de 11 ministros- necesaria para aprobar el proyecto de sentencia. La reforma a la justicia, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un enfrentamiento con la Suprema Corte, convirtió a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces en las urnas.
El proyecto de fallo planteaba dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirmaba, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes. Se trataba de un acto de “autocontención” para resolver la disputa, según su autor, pero Sheinbaum fue tajante en que no había nada que negociar. “Celebro que la razón, la decencia y la legalidad se hayan impuesto”, declaró a la prensa Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado.
Protesta
Previo al debate de este martes, Sheinbaum fue enfática en que el alto tribunal carecía de facultades para anular la enmienda y acusó a sus integrantes de violar la Carta Magna. Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.
La controversia había subido de tono además cuando México enfrenta la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico. Decenas de funcionarios judiciales se concentraron este martes frente a la Corte, en el centro capitalino, para respaldar el proyecto de González.
“La reforma debe caer (...) porque México se va a hundir más en el narcotráfico, en la pobreza, en la corrupción de jueces puestos por Morena (partido de gobierno)”, había dicho más temprano a la AFP María Ortiz, de 54 años, secretaria del tribunal. Los propios expertos estaban divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, advirtió Diego Valadés, exministro de la Corte. Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alertaba que México enfrentaría una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum desacataba un fallo adverso.
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Choque de poderes
La pugna entre López Obrador y la Corte creció a medida que el tribunal le echó abajo leyes como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico. Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción, una impunidad casi total y el nepotismo.
Pero los críticos sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías. Analistas como Kimberley Sperrfechter, de la firma británica Capital Economics, habían advertido que un choque institucional no hubiera sido “una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”.
La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos. Tras la decisión de este martes, la Suprema Corte aún debe resolver otro recurso de inconstitucionalidad, mientras en juzgados hay numerosas impugnaciones de integrantes del poder judicial contra de la reforma, aunque expertos estiman que difícilmente podrían prosperar. El Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Política.
Fuente: AFP.
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Asesoría Jurídica de IPS califica de apresurado desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia
“Tiene que haber una sanción para aquellos administradores que desvían su comportamiento y manejan mal los recursos del asegurado”, manifestó el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González. Se refirió de este modo al cuestionar la solicitud de desestimación de la denuncia contra el expresidente de la institución Vicente Bataglia, investigado por lesión de confianza y estafa.
También sus exconsejeros Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina fueron señalados por ocasionar un daño patrimonial de G. 1.630.414.082.023 a la previsional.
“Nos sorprende este pedido, es apresurado que hayan llegado a esta conclusión. Nosotros tenemos una auditoría pendiente de fiscalización por parte de la auditora interna del IPS y el perito de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este es un elemento necesario que debe contar el Ministerio Público a fin de poder concluir su investigación y determinar si hay una conducta penal relevante”, manifestó González a la 1020 AM.
El pedido de desestimación al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos fue realizado por el equipo de agentes fiscales conformado por Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez. “Ellos estaban en conocimiento de que hay una auditoría pendiente”, dijo González.
Recordó que la investigación fiscal contra Bataglia y sus excolaboradores inició en setiembre del 2023, tras la presentación de 3 reportes por parte de la Contraloría General de la República al IPS y al Ministerio Público donde se hacía mención de un perjuicio patrimonial.
Sin embargo, los agentes del Ministerio Público, a través de un documento de 24 páginas, sostienen que durante la etapa investigativa se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
González mencionó que de prosperar el pedido de desestimación aguardarán los resultados de la auditoría para requerir la “reapertura de la causa al existir hechos nuevos que ameritan que sean investigados”.
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Corte Suprema designó a jueces, fiscales y defensores públicos
El pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su sesión ordinaria de este miércoles, decidió designar a los actuales actuarios judiciales Diego Alejandro Torres Sandoval y Marcelo Rocholl Salinas, como nuevos jueces del fuero civil y comercial. Los altos magistrados consideraron que la elección de ambas ternas fue muy difícil, teniendo en cuenta la preparación de cada uno de los ternados.
Rocholl Salinas ocupará el juzgado civil y comercial del cuarto turno, mientras que Torres Sandoval estará en el juzgado civil y comercial del undécimo turno. Ambos pasaron por todas las etapas antes de llegar a la magistratura judicial.
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Otras designaciones
Igualmente, los ministros de la Corte designaron a Carlos César González Ríos, en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial y laboral, Circunscripción Judicial de Cordillera. A Sandra Stefani Salinas Presentado, en carácter de juez Penal de Sentencia N° 4 Circunscripción Judicial de Cordillera.
Del mismo modo fue designada Cynthia Margarita Sostoa Santander, en carácter de juez Penal Itinerante de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. A Liz Paola Mongelós Aguilera, en carácter de juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de Asunción, Circunscripción Judicial de la Capital. La lista de designaciones para los cargos sigue con Fernando Aníbal Ortiz Medina como juez Penal de la Adolescencia, Circunscripción Judicial de Boquerón.
También fue designada Mariela Patricia Hicks Cantero, en carácter de agente fiscal de Cuentas. Cleider Marlene Velázquez López, fue nombrada como agente fiscal itinerante. Igualmente, Guido Germán Rojas Moreira, en carácter de defensor público para el Juzgado de Primera Instancia de Luque, Circunscripción Judicial de Central y otros.