Los concejales departamentales de Caazapá Rodrigo Miño y Wilson López presentaron una denuncia penal al Ministerio Público contra el gobernador Pedro Díaz Verón y ordenadores departamentales por posible hecho punible de lesión de confianza. Verificaron que se pagaron G. 643 millones por adelanto de un contrato de reparación de camiones y máquinas pesadas a la empresa MGE, pero nunca se realizó el servicio.
Sostienen que el camión Hyundai HD 270 y la excavadora Hyundai PC 210 LC-7 no fueron reparados nunca y están sin funcionar. También expresan en la nota presentada que el lunes 4 de mayo el mecánico de la gobernación, Modesto Roa Flores, desarmó la piezas para colocar las nuevas. El mantenimiento y reparación de estos camiones representaron G. 296 millones. Del monto total del contrato, que es de G. 747 millones, el pago a la fecha fue de G. 643 millones, según el detalle de los pagos que se publicaron en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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El concejal Miño, en comunicación con La Nación, expresó que supuestamente la firma representada por Moisés Gustavo Eisenhut Rivarola se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, Central, pero tendría una sucursal en Caazapá, en el barrio San Ramón, pero “buscamos el taller y no encontramos”, señaló. No obstante, los vehículos fueron encontrados en el patio del señor Gustavo González Silva, hermano del jefe de Recursos Humanos de la gobernación, Mario González Silva.
Consideran que los requisitos del pliego de bases y condiciones no fueron cumplidos, por lo que concluyen que “están ante una licitación amañada con el propósito de cobrar sumas millonarias, cuya consecuencia es un grave perjuicio a la Gobernación de Caazapá”.
Diligencias solicitadas
Primeramente, consideran que debe realizarse un allanamiento en la oficina departamental, en el parque automotor, en el taller perteneciente al señor Jorgino Ariel Núñez, que estaba ubicado donde debía estar el taller de la firma MGE.
También piden una orden de allanamiento a la empresa representada por Moisés Gustavo Eisenhut para disponer de los contratos firmados por el gobernador, facturas de ventas y otros documentos. Por último, piden que el Banco Nacional de Fomento remita a la Fiscalía los cheques depositados y entregados a la gobernación.
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