El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se reunió con los representantes de centrales obreras, integrantes del Consejo Consultivo Tripartito, y conversaron sobre los planes del Poder Ejecutivo para la reforma estructural del Estado.
Sobre la preocupación de los dirigentes sindicales de que la reforma estatal signifique despidos laborales, Velázquez aclaró que la finalidad es mejorar el uso de los bienes estatales, consiguiendo optimizar los recursos del Estado, lo que no representará despidos. El encuentro se dio con la presencia de la ministra de Trabajo Carla Bacigalupo.
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Igualmente, el vicepresidente reiteró que la crisis de la pandemia del COVID-19 es propicia para iniciar el debate sobre una reforma estatal porque existe un consenso de mejorar el gasto público para redestinar recursos a los sectores de salud y educación.
Mientras que la ministra Bacigalupo se refirió a varios compatriotas que quedaron sin trabajo. “La prioridad del Gobierno hasta ahora es proteger hasta donde se pudo los empleos, ahora comenzaremos con la fase de reactivar las actividades para volver a activar los puestos laborales y ya para comienzos de año ver la generación de nuevos empleos”, afirmó.
Estuvieron presentes Jorge Alvarenga, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-A); Miguel Zayas, de la Central Nacional de Trabajadores (CNT); Sonia Leguizamón, de la Central General de Trabajadores (CGT); Francisco Brítez, de la Confederación Nacional de Trabajadores (CPT); Julio López, titular de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) entre otros dirigentes.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Bacigalupo facilitó millonario “descuento” a empresa multada mientras era ministra
Raúl González, director general de asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo, brindó detalles a La Nación/Nación Media, sobre una denuncia presentada contra la exministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, por generar un perjuicio millonario a la cartera, al cancelar la multa de una empresa por un monto ínfimo.
“En el 2021 se había sancionado a la firma naviera Panchita G. de Navegación S.A., con una multa de G. 1.497.878.400 por incumplimiento de normas laborales. Dos años después, la firma llega a un acuerdo extrajudicial con el ministerio, cancelando la deuda con la entrega de G. 100 millones”, explicó González.
Se habla así de un perjuicio de más de G. 1.300 millones para el ministerio, que dejó que percibir el monto total de la multa. La entonces directora jurídica, Sonia Silvera, envía un memorándum de autorización para la cancelación de la deuda, finiquitando el caso.
“La resolución de la multa del 2021 fue sacada en el 2023 y se introdujo a cambio la resolución de G. 100 millones. Presentamos la denuncia a la Fiscalía el 7 de febrero de este año y para mañana está fijada una audiencia para la realización de pericia caligráfica”, indicó González; Natalia Fuster es la fiscal a cargo de la causa.
Otra denuncia
Aparte de la ministra, también fueron denunciados el exviceministro de Trabajo, Luis Orué; la exdirectora general de Asesoría Jurídica, Sonia Silvera; y los exfuncionarios Félix Argüello, Annelise Ocariz y Hugo Molinari, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, usurpación de funciones públicas y otros.
Aparte de la causa con la naviera, el director general de Asesoría Jurídica remarcó que se ha formulado otra denuncia contra la exministra, por un caso similar detectado con otra empresa multada: Santaniana S.A. Sobre esta causa no se ha fijado aún una audiencia, pero González remarcó que se trataría del mismo esquema.
“La multa era de G. 757.684.800, pero se canceló por G. 150 millones. La diferencia con el caso Panchita es que con la Santaniana no adulteraron las resoluciones, directamente solucionaron la multa con el acuerdo extrajudicial; sobre esta causa, el fiscal Silvio Corbeta es quien estará a cargo”, puntualizó el director.
Datos claves
- Bacigalupo está siendo denunciada por “arreglar” multa de más de G. 1.400 a empresa, por solo G. 100 millones.
- Se detectó el mismo esquema con otra empresa, donde se saldó una deuda de más de G. 750 millones, por G. 150 millones.
- Se realiza la denuncia por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, usurpación de funciones públicas y otros.
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Peña insta a “participar activamente” del debate sobre la reforma laboral
El presidente de la República, Santiago Peña, hizo un llamado a las centrales obreras y al sector privado para debatir sobre el proyecto de reforma laboral. El economista indicó que es necesario tomar medidas disruptivas ante un código desfasado con el propósito de mejorar las condiciones y fortalecer los derechos del trabajador.
“Es importante que tengamos el diálogo sobre cómo queremos desarrollar el mercado laboral en el Paraguay porque simplemente escondiendo este tema debajo de la alfombra no lo vamos a resolver, pero en la cabeza de quién puede entrar que un cambio puede ir en perjuicio de los trabajadores, si es justamente a los trabajadores a quienes queremos apoyar, a quienes queremos crear condiciones para que sus salarios puedan mejorar”, sostuvo el mandatario.
Las afirmaciones de Peña surgieron durante una cena compartida este último viernes con autoridades y miembros de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), celebrando el Día de la Industria Nacional. En la ocasión el mandatario solicitó al titular de dicha organización gremial, Enrique Duarte a colaborar con su gobierno en la apertura del proceso de diálogo.
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Ley de 50 años
“Tenemos que estar dispuestos a tomar medidas disruptivas, a evaluarnos para ver en dónde estamos fallando. Nuestro mercado laboral lastimosamente está pasando mal y el problema no es que está mal diseñado, el problema es que quedó desfasado, el Código Laboral que rige en nuestro país tiene más de 50 años de un Paraguay que era totalmente diferente al Paraguay que tenemos hoy, donde el sector privado tenía un rol totalmente diferente al que tiene hoy, por eso no podemos seguir jugando con las mismas reglas de juego”, refirió.
Peña comentó: “Uno de los grandes problemas del Paraguay y el desafío de aumentar el salario real de los trabajadores es que su carrera se trunca cuando se acerca al umbral al tan anhelado sueño de la estabilidad laboral que es algo bueno y que se debe cuidar, pero lastimosamente ese umbral se convierte en un salto al precipicio porque la gran mayoría es despedido, muy pocos logran jubilarse, casi nadie puede retirar su aporte que depositó durante cerca de 10 años y la reinserción laboral cuesta mucho dentro de los mercados laborales que tenemos”.
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Generación de empleo
El proyecto de reforma compete a los artículos 78 y 79 del Código Laboral, referente a las causas de terminación de contrato. “La pregunta es qué hacemos, nos ajustamos nosotros o nos quedamos haciendo simplemente haciendo lo mismo y los cambios no vendrán. Estoy decidido a abrir este debate donde tienen que participar activamente las centrales obreras a sentarse activamente en la mesa, tienen que ayudarnos a reflexionar sobre el problema porque son los principales que sufren este problema”, comentó.
Agregó que “el propósito es claro, mejorar las condiciones, apoyar al trabajador, mejorar el salario de los trabajadores, es fortalecer los derechos que tienen nuestros trabajadores. Este tema generó posiciones divididas. Me comprometí el pasado año y lo sigo sosteniendo que el país puede generar en los próximos 4 años 500.000 empleos formales. A este ritmo no vamos a alcanzar, continuaremos mejorando la calidad de vida de los paraguayos, poco a poco, pero este ritmo al cual avanzamos no es suficiente, no llegaremos al lugar que queremos con este ritmo”.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.