La propuesta que modifica la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) fue aprobada por la Cámara de Diputados en la sesión de hoy. Con esto se busca distribuir de forma proporcional a las necesidades departamentales los recursos de los royalties por este año, priorizando la alimentación escolar.
Además, permitirá que los estudiantes reciban los kits de víveres sin condiciones, como lo dio a entender al principio el ministro de Educación, Eduardo Petta. Igualmente, se dispondrán mayores recursos para las meriendas escolares o víveres alimenticios para aquellos niños y jóvenes afectados por la pandemia del COVID-19.
El proyectista, diputado Basilio Núñez, sostuvo que actualmente no es simétrico el presupuesto para capital y para el resto de las municipalidades y las gobernaciones. Ahora el documento pasa a la Cámara de Senadores para su estudio.
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La ley actual establece que 50% de los ingresos percibidos por los gobiernos departamentales y municipales deben destinarse a obras de infraestructura, el 30% para financiar los proyectos de alimentación y un 20% para los gastos de capital. Apuntan con esta modificación que ese 20% de gastos de capital sea para el rubro de alimentación escolar.
Otro punto que se agregó fue que las compras sean más dinámicas logrando adquirir los productos del propio distrito. También permiten que las modalidades del servicio de alimentación escolar puedan ser preparados en las escuelas, alimentos ofrecidos por servicios de plato servido y/o la entrega de víveres a los alumnos, ya sea en el local escolar como en el domicilio familiar del alumno.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Prieto benefició a red de empresas y de oenegés ligadas a sus leales
Kits de alimentos, ollas populares, obras, una discoteca convertida en constructora y un sinnúmero de hechos llamativos forman parte del intrincado esquema con vínculos cercanos al intendente de Ciudad del Este
La administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este benefició a una red de empresas y oenegés ligadas a funcionarios leales al jefe comunal. En plena pandemia, adjudicó un millonario contrato para kits alimenticios que fueron “entregados” por una firma ligada a su directora jurídica. Directores de la comuna aparecen ligados a una discoteca que fue convertida en constructora. Y la lista sigue.
Kits de alimentos, ollas populares, obras y una discoteca convertida en constructora. Un sinnúmero de hechos llamativos forma parte del intrincado esquema de oenegés y empresas ligadas a funcionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este cercanos al intendente Miguel Prieto y que han sido beneficiadas con millonarios contratos por la administración comunal.
LOS ESCÁNDALOS DE LA PANDEMIA
Los primeros indicios del esquema ligado a Prieto y sus leales saltó en plena crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de coronavirus. Unos 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
Junto a Prieto están procesados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez. Justamente, sobre esta última, Emili Vanessa Florentín Páez, que la historia tiene ribetes particulares.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
En el periodo investigado se reveló un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la intendencia municipal, a pesar de haberse efectuado pagos significativos. Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de dicha intendencia, jugó un papel clave en este entramado.
Según la acusación del Ministerio Público, Florentín Páez colaboró en la creación de secuencias ficticias de compraventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi SA, se convirtió en la principal subproveedora de la firma adjudicada Tía Chela, con el fin de encubrir la falta de contraprestación real de productos por el dinero abonado.
La firma Vanemi SA, bajo la representación de Emili Vanessa Florentín Páez, jugó un rol fundamental en la simulación de stock inexistente mediante la emisión de facturas. El Ministerio Público reveló que Florentín Páez emitió dos facturas a Tía Chela el 30 de abril y el 8 de abril de 2020, sumando G. 692.155.023 por ventas ficticias de mercaderías.
El seguimiento de las transacciones permitió descubrir que estas facturas formaban parte de una simulación de cadenas de compraventa. Se detectó el uso de facturas no auténticas provenientes de al menos cuatro subproveedores ficticios, con el propósito de justificar compras que nunca se realizaron, según la acusación.
OLLAS POPULARES Y VOLUNTARIOS
En la misma época, se volvió a montar otro esquema ligado a otros dos funcionarios. En particular, hacen referencia a dos subcomisiones encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Battochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales funcionarios de la comuna esteña y denunciados.
Quiroga Cañete es director de vivienda de la municipalidad, mientras que Silva Battochi cumple funciones en esa misma dirección. La funcionaria aparece ligada también la firma SCDE SA, empresa constructora que recibió millonarios contratos con la comuna, pero que antes era una discoteca en el Alto Paraná.
Quiroga Cañete aparecía como presidente de la Comisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Battochi aparece encabezando la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este.
El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solicitaron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el desembolso de dinero supuestamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese entonces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confinamiento por la pandemia de coronavirus.
El caso fue denunciado ante el Ministerio Público. De acuerdo con los documentos que acompañan la denuncia, las subcomisiones no solo estaban ligadas por sus respectivos presidentes, sino que todo se movía en un entorno familiar cercano.
Juan Quiroga Cañete era presidente de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares. Como tesorera aparecía Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, quien a su vez era presidenta de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados, donde tenía como vicepresidente a Denis Rodrigo Quiroga Cañete, su cuñado y hermano de Juan Quiroga.
Laura Beatriz Cañete, también hermana de Juan Quiroga, aparecía como prosecretaria de la comisión encabezada por Silva Battochi (su cuñada). Esta no es la única denuncia en la que aparece mencionada Lumma Silva Battochi. Ella y una hermanastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administración de Miguel Prieto.
Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la funcionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021. En 2021 la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.
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Hambre Cero, un proyecto clave para el desarrollo de la niñez paraguaya
Sara Valenzuela (sara.valenzuela@nacionmedia.com)
El mejoramiento de la calidad de vida de los niños y adolescentes se ha vuelto para este gobierno uno de los principales desafíos. En este sentido, el pasado 6 de agosto se puso en marcha el ambicioso proyecto denominado Hambre Cero.
Con el mismo se espera poder trabajar de manera conjunta no solamente en mejorar la nutrición infantil, sino que contrarrestar el ausentismo y abandono escolar, además de fomentar espacios seguros de desarrollo para los niños y niñas.
En conversación con La Nación/Nación Media, el titular del Ministerio de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, Tadeo Rojas, explicó que este trabajo se realizará de manera conjunta con varias instituciones estatales. Abarca varios niveles sociales incluyendo así a la comunidad y hasta a los productores de alimentos locales.
“Básicamente, busca mejorar la nutrición de la población estudiantil en la etapa de aprendizaje. Este es un punto central si queremos mejorar el nivel educativo de nuestro país, también busca combatir el ausentismo y la deserción escolar. Además, dinamizará la economía local apoyando a la agricultura familiar campesina y a las micro, pequeñas y medianas empresas, generando mano de obra en las comunidades”, remarcó el ministro Rojas.
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En el marco de la implementación de este plan, se ha decidido que el mismo sea activado de manera gradual, constando así de dos etapas: de agosto a julio del 2025 y la segunda etapa de febrero de 2025 hasta julio de 2027. La primera etapa se ha iniciado este 6 de agosto y se extenderá hasta el mes de julio del 2025; durante este periodo se verán beneficiados unos 450.000 niños de 2.627 instituciones educativas en 90 distritos del territorio nacional.
“De los 90 distritos, hay 22 priorizados por las mesas de protección social, en los que el almuerzo servirá también a los estudiantes de la Educación Media. Son un total de 2.627 instituciones que están incluidas en esta primera etapa, muchas de ellas, por primera vez recibirán el almuerzo escolar. Algunas volverán a recibir después de mucho tiempo”, comentó el titular del Ministerio de Desarrollo Social.
La segunda etapa de la implementación del proyecto está prevista que se ponga en marcha desde febrero del 2025, y con esto, ya se llegarán a 600.000 estudiantes en 173 distritos, alcanzando la cobertura total del 100% a nivel país. Está previsto que la cobertura alimenticia sé de durante todo el año lectivo, que serían 180 días en total.
Inversión
Según el plan de gastos previstos para el proyecto, en la primera etapa, incluyendo a los 90 distritos, se estima una inversión de 528.854.210 de dólares de acuerdo a la licitación que comprende los meses de agosto de 2024 a julio del año 2027.
Cuando se incluyan a los otros 173 distritos, desde febrero de 2025 hasta julio de 2027, la inversión prevista asciende a unos 553.154.170 de dólares. Con esto el monto global, hasta julio del año 2027, es de 1.082.008.380 de dólares.
Plan de trabajo
Para la organización correcta de esta estrategia de mejoramiento nutricional, desde el Ministerio de Desarrollo señalaron que fueron incluidas en el proceso varias entidades como, por ejemplo, el Ministerio de Salud. El trabajo se realiza a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, (Inan), que minuciosamente realizó el diseño del plan nutricional que cuenta con todas las condiciones necesarias para los niños, niñas y adolescentes.
La provisión de los alimentos y el cumplimiento a cabalidad con el diseño estipulado será verificada constantemente para garantizar que sé de la provisión del menú diferenciado para cada población y niño, según su condición, Por ejemplo, en caso de que existan estudiantes con alergias, con desnutrición o inclusive con obesidad. Como parte del trabajo sanitario se incluirá un esquema de atención a la salud bucodental.
En cuanto a la vinculación dentro del proyecto de la agricultura familiar campesina y las pequeñas y medianas empresas, el titular del Ministerio de Desarrollo destacó que existen procesos detallados para las adjudicaciones de trabajo, además de que se exige cierto nivel de resultados en materia de inclusión laboral y diversidad de productos.
“La norma establece que el 20% del personal de la zona deber ser contratado por la empresa; al menos el 10% de las compras deben ser de la agricultura familiar campesina, y un 5% de las compras de las micro, pequeñas y medianas empresas”, expresó Tadeo Rojas a LN.
Actualmente, para potenciar estos escenarios se está usando una herramienta efectiva que es la estrategia de vinculación entre estos sectores de la economía y las empresas adjudicadas, que se materializa en las ruedas de negocio, que permite un contacto directo entre empresas, los agricultores y los pequeños empresarios
Quejas
Teniendo en cuenta que este proyecto ha incidido recientemente y debido a su envergadura y cobertura, ya se dio un par de quejas respecto a la calidad de los productos entregados. En este sentido, la respuesta, tanto por parte de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, como del propio presidente de la República, Santiago Peña, fue inmediata.
Luego del reporte realizado desde la institución, rápidamente fueron los fiscalizadores hasta el lugar para corroborar lo sucedido y realizar la reposición de los productos de manera rápida, a fin de que este inconveniente no sea un factor para que no sé del servicio.
Ya pensando en prevenir este tipo de inconveniente, se instaló un mecanismo de trabajo para el control de los productos a ser entregados en las instituciones, así también se conformó un equipo de funcionarios de auditoría que realizará recorridos por las escuelas del departamento Central para verificar el cumplimiento de todas las normas.
“Como es un proyecto de enormes proporciones, con muchos detalles, se previó la posibilidad de que se tengan que realizar ajustes, en ese sentido, se han habilitado diferentes canales de comunicación para que tanto la ciudadanía, las instituciones y hasta las autoridades en las gobernaciones puedan hacer llegar sus quejas u observaciones”, explicó el ministro Rojas.
Para denunciar cualquier tipo de irregularidad, la comunicación se puede dar a través del correo electrónico denunciashambrecero@mds.gov.py o también mediante mensajes al WhatsApp: 0987 30 33 33, o a la línea baja del Ministerio de Desarrollo Social: 021 729 5100.
“Esta es una política de Estado, este gobierno mira con especial atención las herramientas disponibles para combatir la pobreza, por lo que, este es un proyecto que se inserta en ese eje; así como otros proyectos que empezaron en años anteriores y hoy siguen y son parte clave del sistema de protección social del Paraguay. Este es un proyecto que deberá ser sostenido en el tiempo”, finalizó el ministro Tadeo Rojas.
Datos Claves
- La aplicación de la primera etapa del proyecto Hambre Cero arrancó el pasado 6 de agosto y se extenderá hasta julio del 2025.
- En esta primera etapa, serán beneficiados 450.000 niños de 2.627 instituciones educativas en 90 distritos del territorio nacional.
- La cobertura se dará durante todo el año lectivo, que son en total 180 días y abarcará desde la Educación Inicial hasta la Educación Escolar Básica.
- Se conformó un equipo de funcionarios de auditoría que realizaran recorridos por las escuelas del departamento Central para verificar el cumplimiento de todas las normas.