El excanciller nacional, Euclides Acevedo; el analista político, Mario Paz Castaing; el abogado constitucionalista, Marcelo Duarte; y el comunicador, Ignacio Martínez, debatieron en el programa 12/8, por GEN/Nación Media, sobre la reforma constitucional, coincidiendo en que la misma no apunta a introducir la reelección presidencial.

“Lamentablemente la gente habla de lo que no sabe. La gente se olvida de que una Constitución es un nuevo contrato, esto supone consenso y esto convocatoria al diálogo, lo que significa pacto; la constituyente debería ser la liturgia que legitime ese acuerdo político”, señaló Acevedo.

Puntualizó que actualmente no hay suficiente conocimiento jurídico, conexión con la temperatura social, así como solvencia jurídica y política para abordar como tal la reforma, pero apeló a la importancia de mantener las conversaciones al respecto. “Lo peor que se puede hacer es no debatir, con el cuento del miedo a la reelección”, indicó.

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Paz Castaing puntualizó que, con sus luces y sus sombras, la Constitución de 1992 ha logrado resguardar de manera más amplificada los derechos. Todo esto, a través de un pacto social consensuado con actores políticos de primer nivel y miembros de la sociedad civil.

“Coincido con que no es el momento (de la reforma) y, además, esta Constitución ha permitido sobrevivir 36 años de vigencia de libertades públicas y resistencia política. No excluyo la posibilidad del debate y creo que están abiertas las posibilidades a futuro”, puntualizó el analista político.

Por su parte, Martínez cuestionó la manera en la cual se introduce como debate la reforma constitucional, teniendo en cuenta otros temas más centrales que importan verdaderamente a la ciudadanía. Así, analizó una posible estrategia de comunicación para posicionar el tema.

“Siempre veo también que la oposición genera nada más una reacción, pero no hay una propuesta para salir de este tema. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con la reelección, pero no sé si este tema en verdad le interesa a la gente, la gran mayoría está preocupada por el costo de la canasta básica”, sentenció.

Por su parte, el abogado constitucionalista Marcelo Duarte afirmó estar de acuerdo con una reforma constitucional, pero no de una manera apresurada. “Se debe hablar con tiempo y de una manera consensuada; los diferentes actores, fuerzas políticas e incluso medios de comunicación deben participar de un debate de forma tal que no nos tome por sorpresa una reforma”, señaló.

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El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado para reiterar el rechazo absoluto a la creación de un nuevo impuesto denominado Patente Comercial a Sociedades ganaderas y/o a la producción que surgió en ciertos municipios. El gremio se sustenta en que este intento viola ciertos artículos de la Constitución Nacional del Paraguay.

El documento tiene como fin poner a conocimiento de la ciudadanía en general de las denuncias que llegaron hasta la rural por parte de empresas, sociedades y productores que tienen por actividad la ganadería, de que dos o tres municipios “crearon” nuevos impuestos en base a ordenanzas o resoluciones.

El gremio de productores pecuarios tiene por objeto la defensa de los intereses de la producción y desde la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios, así como desde la Asesoría Tributaria, concluyeron que las ordenanzas y resoluciones que crean el impuesto referido mediante un razonamiento “falaz y engañoso” viola el marco constitucional.

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Alegan que va en contra del Régimen Tributario Municipal, criterio confirmado por el dictamen No. 480 del Ministerio Público del 25 de abril de 2024, respecto a la ordenanza No. 03/2020 de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, que responde a una inconstitucionalidad.

A la vez, el informe legal tributario expresa que las ordenanzas y/o resoluciones de estos municipios, al crear ilegalmente un nuevo tributo, violan los artículos 137 de la Constitución Nacional, el 179 de la Creación de Tributos y el artículo 180 De la Doble Tributación.

Además se viola la disposición de la Ley N° 5513/15 que “Crea el Nuevo Régimen Tributario de las Municipalidades”, que expresa que “los inmuebles rurales no podrán estar afectados por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal”.

La ARP insta a los municipios a respetar el orden constitucional y legal de la República, e invita a los productores ganaderos a defender sus derechos ajustándose a cumplir lo que por ley corresponde. Por lo tanto, solicitan a los poderes del Estado,tomar nota de esta denuncia que estaría alterando el orden legal y constitucional, dañando el Estado de derecho de la República, subraya el comunicado.

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El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 que contempla gastos por G. 132,9 billones (USD 17.557 millones), un aumento del 14 % en relación al presupuesto de este año de USD 15.500 millones, ya se encuentra en el Congreso Nacional esperando su tratamiento. El incremento previsto está enfocado en los sectores de salud, educación, seguridad y programas sociales. (ver info)

Bajo la mirada de César Barreto, economista y exministro de Hacienda, el PGN está sujeto siempre a una proyección lo más aproximada y razonable posible de los ingresos para el siguiente año que, a su vez, dependen del crecimiento económico del país y de la efectividad del sistema de recaudación de impuestos.

A esto se suma la política de endeudamiento sostenible que actualmente está definido por el MEF con una meta de déficit fiscal del 1,9 % del PIB para el 2025, según el plan de convergencia y consolidación fiscal en vigencia.

“Por lo tanto, estimado estos ingresos, que representan el límite máximo posible para el plan de gastos, hay que entrar a priorizar en qué se van a aplicar los recursos adicionales estimados entre las grandes necesidades que hay en todos los sectores”, expresó a La Nación/Nación Media.

“Indudablemente que hay que fijar objetivos y cuantificar y maximizar los resultados esperados por cada guaraní de recursos que se está asignando a cada programa”, enfatizó.

Aseguró que la priorización debería reflejar la implementación del plan del gobierno de Santiago Peña en educación, salud y seguridad ciudadana y los programas prioritarios dentro de estas grandes áreas y minimizar los recursos en aquellas áreas no prioritarias.

“Es una tarea difícil porque en nuestro país hace falta lo básico en todos los servicios públicos, pero los recursos limitados obligan a priorizar entre estos necesariamente”, indicó.

Para el también exministro de Hacienda y economista, Manuel Ferreira, el presupuesto siempre es rígido en general, por lo que cambiarlo de una manera drástica es difícil, pero aclara que deben priorizarse un poco más las inversiones, al margen de las áreas priorizadas por el Gobierno.

“El caso del acuerdo de Itaipú, que durante tres años generará fondos por USD 650 millones anuales, se debe destinar en su totalidad a gastos de inversión para poder sustituir lo que el presupuesto no podría hacer”, indicó.

Ferreira subrayó además que “el PGN tiene que ir achicándose en los otros gastos para poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

El exministro recalcó que es importante tratar de ir cortando gastos superfluos, ya que son gastos que complican al presupuesto. Señaló que esto tiene relación con las contrataciones de “personal” con tinte político. Es ahí donde la administración pública debe mejorar.

“Gran parte de ellas son decisiones que se toman en el Congreso Nacional, fundamentalmente las decisiones sobre creación de cargos nuevos y las decisiones vinculadas a las subas de salario, que son las que nos hicieron entrar en déficit”, concluyó.

El proyecto de ley del PGN estima que la recaudación impositiva para el ejercicio fiscal 2025 registraría un aumento del 7,3 % con respecto a la estimación de cierre para el 2024, de esta manera la presión tributaria se mantendría en torno al 11,1% del PIB en el próximo año.

También aclararon que no se prevén ajustes al sistema tributario ni nuevas iniciativas legislativas que puedan tener un impacto en los ingresos y gastos. De acuerdo con las proyecciones que sustentan la estimación de ingresos del presupuesto, se espera que la economía mantenga un crecimiento del 3,8 % para el próximo año.

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• Deben fijarse objetivos y cuantificar y maximizar los resultados esperados por cada guaraní de recursos que se está asignando a cada programa.
• Además de priorizarse las áreas fijadas como pilares por el Gobierno, consideran que deben priorizarse las inversiones.
• Creen importante cortar gastos superfluos, ya que estos complican al presupuesto.