El secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López, manifestó que el miércoles 13 de noviembre varios gremios sindicales impulsarán una movilización para lograr la postergación del análisis de la propuesta de reforma del Servicio Civil, que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.

“Cada gremio sigue trabajando mediante el lobby con todos los parlamentarios para hacerles entender las inquietudes que se han presentado. Además de esto también se ha decidido convocar a una gran movilización en donde una de las decisiones o la demanda será posponer el tratamiento de este proyecto de ley”, manifestó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, acotó que el frente sindical social y la confederación de la clase trabajadora, se movilizarán varios gremios del sector público. “Creo que será multitudinaria y ojalá pueda influir para que los parlamentarios reflexionen que se necesita un poco más de tiempo para discutir los temas pendientes que fueron elevados a las autoridades de manera formal”.

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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el pasado 16 de setiembre. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros.

“Podemos decir que en algunos puntos mejoró, pero nos preocupa mucho que el proyecto obstaculice el derecho a la huelga, afectando el derecho de la organización sindical. Otro punto muy importante es que obstaculiza la negociación colectiva, en cierta forma la propuesta desnaturaliza el objetivo jurídico de esta figura”, comentó.

López siguió argumentando que “Vemos que en el régimen del contrato sigue la precarización y discriminación a un sector muy importante del Estado a quienes por hoy se les conoce como los contratados, y por otro lado, nos preocupa de sobremanera el tratamiento otorgado a la seguridad social, es decir las garantías que el Estado debiera ofrecer al trabajador del Estado en cuanto a su seguro médico y jubilaciones”, indicó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, hizo un llamado a las centrales obreras y al sector privado para debatir sobre el proyecto de reforma laboral. El economista indicó que es necesario tomar medidas disruptivas ante un código desfasado con el propósito de mejorar las condiciones y fortalecer los derechos del trabajador.

“Es importante que tengamos el diálogo sobre cómo queremos desarrollar el mercado laboral en el Paraguay porque simplemente escondiendo este tema debajo de la alfombra no lo vamos a resolver, pero en la cabeza de quién puede entrar que un cambio puede ir en perjuicio de los trabajadores, si es justamente a los trabajadores a quienes queremos apoyar, a quienes queremos crear condiciones para que sus salarios puedan mejorar”, sostuvo el mandatario.

Las afirmaciones de Peña surgieron durante una cena compartida este último viernes con autoridades y miembros de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), celebrando el Día de la Industria Nacional. En la ocasión el mandatario solicitó al titular de dicha organización gremial, Enrique Duarte a colaborar con su gobierno en la apertura del proceso de diálogo.

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“Tenemos que estar dispuestos a tomar medidas disruptivas, a evaluarnos para ver en dónde estamos fallando. Nuestro mercado laboral lastimosamente está pasando mal y el problema no es que está mal diseñado, el problema es que quedó desfasado, el Código Laboral que rige en nuestro país tiene más de 50 años de un Paraguay que era totalmente diferente al Paraguay que tenemos hoy, donde el sector privado tenía un rol totalmente diferente al que tiene hoy, por eso no podemos seguir jugando con las mismas reglas de juego”, refirió.

Peña comentó: “Uno de los grandes problemas del Paraguay y el desafío de aumentar el salario real de los trabajadores es que su carrera se trunca cuando se acerca al umbral al tan anhelado sueño de la estabilidad laboral que es algo bueno y que se debe cuidar, pero lastimosamente ese umbral se convierte en un salto al precipicio porque la gran mayoría es despedido, muy pocos logran jubilarse, casi nadie puede retirar su aporte que depositó durante cerca de 10 años y la reinserción laboral cuesta mucho dentro de los mercados laborales que tenemos”.

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El proyecto de reforma compete a los artículos 78 y 79 del Código Laboral, referente a las causas de terminación de contrato. “La pregunta es qué hacemos, nos ajustamos nosotros o nos quedamos haciendo simplemente haciendo lo mismo y los cambios no vendrán. Estoy decidido a abrir este debate donde tienen que participar activamente las centrales obreras a sentarse activamente en la mesa, tienen que ayudarnos a reflexionar sobre el problema porque son los principales que sufren este problema”, comentó.

Agregó que “el propósito es claro, mejorar las condiciones, apoyar al trabajador, mejorar el salario de los trabajadores, es fortalecer los derechos que tienen nuestros trabajadores. Este tema generó posiciones divididas. Me comprometí el pasado año y lo sigo sosteniendo que el país puede generar en los próximos 4 años 500.000 empleos formales. A este ritmo no vamos a alcanzar, continuaremos mejorando la calidad de vida de los paraguayos, poco a poco, pero este ritmo al cual avanzamos no es suficiente, no llegaremos al lugar que queremos con este ritmo”.

La reforma del Estado del presidente argentino, Javier Milei, fue aprobada con modificaciones en la madrugada del jueves por el Senado tras una maratónica sesión que comenzó el miércoles de mañana y que estuvo marcada por disturbios frente al Congreso que dejaron una veintena de heridos y detenidos, además de autos incendiados.

“Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país (...), mi voto es afirmativo”, dijo la líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, que desempató de esa manera la paridad de 36-36 en el voto “en general” del texto, que luego fue discutido título por título.

La Presidencia celebró la “histórica aprobación” de la llamada ley Bases de desregulación de la economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final de la “reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años”.

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Es el primer respaldo del Congreso tras seis meses de gobierno de Milei, cuyo pequeño partido La Libertad Avanza es minoritario en ambas cámaras, con solo siete de las 72 bancas en el Senado. Por eso la ruta legislativa fue cuesta arriba. El proyecto naufragó en su primer intento en la Cámara de Diputados y para reflotarlo el gobierno hizo numerosas concesiones hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio.

En la discusión “en particular” de los diez títulos, los senadores aprobaron la polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal. “¿En serio quieren que le deleguemos facultades legislativas para mejorar el funcionamiento del Estado al presidente que dice que ama ser el topo que va a destruir desde adentro al Estado?”, había dicho antes del voto la senadora Juliana Di Tullio, citando textualmente una reciente declaración de Milei.

El Senado pasó a discutir una reforma fiscal paralela, que incluye reinstalar un impuesto a las ganancias para gravar los salarios y jubilaciones. También se aprobó un controvertido incentivo a las grandes inversiones que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante 30 años a capitales extranjeros mayores a 200 millones de dólares.

“Estamos dando un cheque en blanco que no sabemos cuánto va a costar por 30 años, además de la prioridad en el uso de los recursos naturales”, cuestionó el senador Martín Lousteau. El magnate estadounidense Elon Musk, quien participó el miércoles en una videoconferencia en la que Milei expuso su teoría económica, alentó a los argentinos a “darle su completo a apoyo al presidente para llevar adelante este experimento porque claramente las políticas del pasado no funcionaron”.

Dueño del fabricante de autos eléctricos Tesla, Musk se ha reunido un par de veces con Milei y ha mostrado interés en Argentina, que es una de las principales reservas mundiales de litio, clave para la fabricación de baterías.

Entre los 238 artículos de la ley Bases se aprobó además la posibilidad de privatizar un puñado de empresas, entre las que se negoció que quedaría afuera Aerolíneas Argentinas, así como una reforma laboral que amplía el período de prueba y flexibiliza el régimen de indemnizaciones por despido. “Vinimos a transformar la realidad”, dijo el oficialista Ezequiel Atauche al justificar su voto a favor.

Durante la jornada, miles de personas se congregaron en torno al Congreso en repudio del proyecto y del draconiano ajuste fiscal del presidente. La policía repelió con gases, balas de goma y camiones cisterna a un grupo que buscó burlar las vallas que aislaban el Congreso y los manifestantes respondieron arrojando piedras a los uniformados, lo que derivó en una batalla campal y la quema de dos coches.

Siete personas, entre ellas cinco diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía, informó a la AFP el ministerio de Salud, y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar.

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Un portavoz del Ministerio de Seguridad aseguró a la AFP que al menos diez personas fueron detenidas y nueve policías federales resultaron heridos. “¡Roberto María La Cruz Gómez, soy peronista y vengo a que la ley Bases no salga, porque soy argentino!”, gritó un joven mientras era detenido por policías federales.

La Presidencia denunció en la red X “a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado”. El debate tuvo lugar en un contexto de recesión en el que la actividad industrial y el consumo se desplomaron, la mitad de la población está en la pobreza, miles han sido despedidos, la inflación es de casi 300 % interanual y salarios y jubilaciones perdieron poder adquisitivo.

Entrada la noche, hubo focos de protestas espontáneas en distintos puntos de Buenos Aires y se escucharon cacerolazos y bocinazos. En un partido de la liga profesional de fútbol, hinchas de Argentinos Juniors -cuna de Diego Maradona- coreó “¡La patria no se vende!”.

Fuente: AFP

Las centrales obreras y la Asociación de Transporte Interno del Paraguay confirmaron que no acompañarán el paro del transporte público anunciado para el 20 de mayo y que se extenderá por tres días. Esos días coparán las calles para trasladar a la ciudadanía.

“Nosotros preocupados como trabajadores del transporte le decimos a la ciudadanía, a la opinión pública, a los usuarios en general que el 20, el 21 y el 22 vamos a salir a trabajar y a transportarle a los conciudadanos”, señaló un miembro de la asociación a Unicanal.

El dirigente gremial pidió que el Estado no ceda más a las presiones de los empresarios. Tildó de “elefante de guantes blancos” a César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).

“Le pedimos al Estado paraguayo que acompañe a nosotros los trabajadores. No vamos a permitir más que le chantajee a ningún gobierno de turno. Estamos dispuestos a servirle a la ciudadanía y a los usuarios en general los tres días de paro”, expresó.

Pidió al presidente de la República, Santiago Peña, poner mano dura “contra los chantajistas que todo el tiempo le ha apretado al Estado y al pueblo paraguayo”.

El vocero de los trabajadores del transporte interno pidió garantías a la Policía Nacional, para garantizar el tránsito vehicular esos días de paro, a fin de que los medios alternativos trasladen a los trabajadores hasta sus puestos laborales.

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“Al comandante, al presidente de la República y a todo su equipo pedimos que nos acompañen. Tenemos 500 a 600 vehículos internos que vamos a copar Asunción. Por lo tanto, este personaje no va a salir con la suya. Le decimos a todo el pueblo paraguayo que nos acompañe”, afirmó.

Los ciudadanos quieren trabajar y para ello se dispondrá de transporte alternativo. “El Paraguay tiene que surgir a través del trabajo y no hacia el chantaje de estos seudoempresarios como César Ruiz Díaz, que le está apretando al Estado paraguayo”, manifestó.

Advirtió que incluso se podría contar con el apoyo de los camioneros para trasladar a los usuarios del transporte público durante los tres días de paro. El representante de la Asociación de Transporte Interno del Paraguay pidió al gobierno agendar una reunión con este sector a fin de coordinar la cobertura que se dará a la ciudadanía del 20 al 22 de mayo.

Alentó a sacar también a las calles los camiones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de modo a que no se resienta el servicio de transporte público. “Tenemos que salir a las calles a contrarrestar el chantaje”, finalizó.

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