El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

En la comunidad de “Tierra Prometida” del distrito de Itakyry, muy distante de todo, pasó la mayor parte de su vida laboral una enfermera que enfrentó las necesidades del servicio, para mantenerse por 32 años en el puesto de salud, la mayor parte sin médico.

Es la licenciada Ramona Ester Flores Burgos, quien sostuvo con vehemencia que su amor a la gente humilde y el compromiso con la salud, la hicieron sobrellevar sola la atención a una población absolutamente carente. Itakyry, siendo uno de los distritos con mayor índice de pobreza, integra hoy la Mesa de Protección Social.

Esa tarea de atender a “cada una de mi gente” y cómo fue superándola, compartió en diálogo con La Nación/Nación Media. Mencionó que hoy se siente recompensada porque luego de tres décadas, a inicios de este año, fue trasladada al puesto de salud ampliado de Minga Pora, en el área de farmacia.

Dijo que le gusta su trabajo porque siempre gestionaba medicamentos para quienes ella denominaba “mi gente”, durante todo el tiempo que estuvo en el anterior puesto de salud. Contó que dos veces por semana realizaba las visitas regulares a los pobladores del territorio que atendía como puesto de salud.

“Si hay necesidad, estaba al llamado 24 horas” enfatizó la enfermera Ramona. “Aún con todas las precariedades del estado, mi trabajo es llevar salud a la gente, es servir a todos por igual, muy en especial a los nativos, por eso seguí adelante”, expresó la trabajadora de salud.

Ella no solo se ocupó de cumplir con su función, sino también proveía insumos, ropas, abrigos, incluso medicamentos a las personas que visitaba. Su compromiso con la gente la llevó a cubrir algunas de las necesidades no proporcionadas por el estado.

Por las urgencias, son muchísimos los casos en que debió hacer partos domiciliarios porque ya no había tiempo de trasladarlos a otros puestos. Contó que durante las tres décadas de trabajo en la comunidad “Tierra Prometida”, logró hacer nacer 53 niños.

“Dejé de hacerlo cuando decidí que ya no lo haría en esas condiciones y los hacía trasladar a todos”, expresó la enfermera en el tiempo en que aún estaba en el puesto de salud de Tierras Prometida.

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Llevar leche a la comunidad era fundamental

Además del control pre-natal y los propios partos de los que se ocupaba, su tarea consistía en ejecutar todos los programas regulares del Ministerio de Salud Pública, ya sea en vacunaciones como otros como el Programa Alimentario Nutricional Integral (Pani), con la distribución de la leche.

Mencionó que una parte esencial de su trabajo fue llegar a la casa de la gente, no importa los obstáculos que deba sortearse, aunque más no sea para llevar un kilo de leche.

“Muchos debían caminar 30 kilómetros para llevar un kilo de leche y eso impedía que pudieran llegar al puesto de salud, por eso me iba a llevarles; en muchas de esas casas, ni humo ya se veía por la falta de la leche”, comentó Ramona, con el tono quebrado al recordar esos años y la pobreza que enfrentaba en su tarea cotidiana.

Para ella, el cariño demostrado hoy por la gente que le hace llegar sus saludos y que la extrañan, es la mejor recompensa. “Nunca hubo calor, frío, lluvia, distancia, para llegar desde el puesto de salud de mi querida Tierra Prometida hasta todas las comunidades incluyendo las indígenas”, sostuvo Ramona Ester.

Son tres comunidades nativas que durante la pandemia estaban a su cargo con todas las dificultades que implicó la larga cuarentena. Mencionó que ni un solo indígena resultó positivo al covid y a todos logró aplicarles la vacuna. “Saber que lo importante es llegar a ellos, es algo que ayudó mucho”, remarcó la enfermera.

Rosa Esther Flores Burgos refirió que tuvo el apoyo de su familia durante todos los años que estuvo en el puesto de salud. Dice estar felizmente casada, tiene cinco hijos, de los cuales, “cuatro están conmigo y un ángel en el cielo”, según expresó.

Su “compañerita inseparable” en los recorridos fue su hija, quien desde los diez años la acompañaba a cruzar arroyos para llegar a las casas más alejadas. También la ayudan sus otros hijos.

“Dios y la virgen me dieron el don de servir, sin mirar las dificultades porque hay muchas, sino por amor a mi función. Solo veía las necesidades de la gente humilde a la que debía servir, porque tengo muchas dificultades, pero nunca ponía frente a mis necesidades”, concluyó la licenciada Ramona Flores.

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El presidente de Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap), Luis Fernando Bernal, junto a un equipo técnico, inspeccionó los trabajos de reparación del Acueducto del Chaco, con el firme propósito de restablecer el suministro de agua desde Puerto Casado (Alto Paraguay) hacia gran parte del Chaco Central. Este proyecto beneficiará a numerosas comunidades de la región, incluidas Loma Plata (Boquerón) y otras localidades aledañas.

Un aspecto relevante de este proyecto es que se está llevando adelante con personal de la Gerencia de Redes de la institución y recursos propios de Essap, lo que resalta el compromiso y la capacidad operativa de la empresa. Durante la inspección, Bernal supervisó el bombeo de prueba desde la planta de Puerto Casado, con el fin de detectar fugas en el trayecto. En esta fase, se realizaron reparaciones en los tramos correspondientes a las progresivas 11 y 17, y las cuadrillas continúan trabajando sin interrupción en la evaluación y reparación del sistema.

“Una de las causas principales de las frecuentes roturas que tiene el acueducto tiene que ver con la falta de un colchón o base firme de material seleccionado, conocido esto como suelo de préstamo, que sirve de soporte del tubo, ¿qué significa esto? Una obra civil de esta envergadura requiere de una cobertura de arena lavada de 60 centímetros de diámetro para proteger la aductora de una presión negativa, así como una sobrepresión. Este anillo de protección es fundamental en aductoras como estas”, explica Bernal en un video institucional, que muestra la ausencia de elementos básicos que padecía el acueducto.

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El objetivo es restablecer el acueducto con una presión operativa de 4 BAR, lo que representa una reducción a la mitad de la presión original, manteniendo el caudal, e instalar una nueva estación de bombeo para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema. En varios tramos, las tuberías han sido reparadas en repetidas ocasiones, lo que ha hecho necesario el reemplazo total de ciertas secciones. Los técnicos de ESSAP explicaron que gran parte de los daños se debe a una preparación deficiente del terreno durante la instalación inicial.

Las tuberías debían haberse colocado sobre un colchón de arena lavada o material compactable, con una base mínima de 15 centímetros, 30 centímetros de recubrimiento a los costados y al menos 30 centímetros por encima, lo que habría ayudado a prevenir daños. Con estas reparaciones en marcha, se prevé que el agua potable llegará a las comunidades del Chaco Central en las próximas semanas. Essap reafirma su compromiso con la misión encomendada por el presidente de la República, Santiago Peña, de poner en funcionamiento el Acueducto del Chaco y llevar el vital líquido a más comunidades de esta región clave del país.

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“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.

“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.

“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.

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El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.

También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.

También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.

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