Un nuevo e innovador proyecto se está forjando desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que anunció un centro de experiencias como atracción para el 2025.

Centro de experiencias. La UIP está enmarcado en un proyecto a largo plazo, para realizar un nuevo e innovador emprendimiento, que se conectará con el entusiasmo característico de los paraguayos con la visión de futuro y apetito tecnológico. Se trata del Centro de Experiencias Industrial, Comercial y de Servicios que tendrá vida desde el próximo año.

Esto, mediante un acuerdo estratégico de largo plazo con el Jockey Club Paraguayo, que será sede de esta importante iniciativa a partir de mediados del 2025, lo que demandará una gran inversión del sector. “Será un gran centro de experiencias con áreas de esparcimiento para los chicos, inclusive con salón de eventos, hasta se proyecta un hotel”, expresó a los medios.

La idea es desarrollar algo similar a un Asunción Buró & Convention Center, mencionó, que contemple un área gastronómica permanente. “Realmente desarrollamos toda la creatividad, toda esa capacidad innovadora y encontramos un gran equipo con los amigos del Jockey, gente con nuestra misma visión”, agregó.

Facilidad de acceso. El lugar fue elegido por la cercanía y facilidad de acceso con amplio estacionamiento, mientras que la fecha prevista sería en concordancia con las vacaciones de invierno.

Asimismo, otro de los proyectos para el próximo año es realizar una exposición, industrial, comercial, y de servicios en la zona de CDE, de modo a descentralizando la actividad además de que se volvió una zona industrial muy activa, donde ya están viendo una infraestructura, adelantó.

Es así que este nuevo concepto de exposición se enmarca en el modelo industrial con grado de inversión, con la finalización de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, el clima de inversión ideal entre otros factores detonantes, precisó.

Un grupo de 10 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestó frente al Poder Judicial para exigir celeridad en el juicio de ejecución de sentencia que se tramita en el fuero laboral. El Tribunal de Cuentas resolvió hacer lugar a una demanda contra la previsional, en la que se le exige al IPS que reconozca los beneficios de los despedidos.

Por su parte, el abogado Carlos Agüero, quien representa a 10 jubilados, explicó que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López, debe resolver la liquidación de lo que el Tribunal de Cuentas resolvió a favor de los jubilados, pero hasta la fecha no resuelve y el caso está en autos para resolver desde el año 2022.

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Asimismo, el referido profesional del Derecho señaló que “son 45 personas que habían sido despedidas injustificadamente y sus beneficios laborales no fueron cumplidos, por una resolución, la cual fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, que falló a favor de los trabajadores, diciendo que se debe pagar a los mismos sus beneficios laborales. La resolución es del año 2018 y se ejecuta en el fuero laboral en el 2020; hoy estamos ya en el año 2024 y todavía no hay respuesta”, indico.

Del mismo modo, sostuvo que el IPS contestó la demanda afirmando estar de acuerdo con el pago, pero no así con el monto, por lo que el juez del fuero laboral, Rubén Darío López Ocampos, solo debe resolver la liquidación establecida por el Tribunal de Cuentas y contestar al planteamiento del IPS, manifestó el referido profesional del Derecho.

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El ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, miembro del Consejo de Itaipú, indicó que tras la planificación del cronograma para la negociación del Anexo C, Brasil y Paraguay iniciarán su conversación para ponerse de acuerdo en los aspectos políticos y técnicos que envuelven a la binacional.

“La tendencia es que los países se pongan de acuerdo en dar mayor competitividad a la tarifa y trasladar ese beneficio a las industrias”, expresó el titular de la cartera. Asimismo, indicó que uno de los objetivos es dar mayor capacidad de generación energética a la Itaipú y que esto tenga una repercusión en la tarifa, puesto que de esta se desprenden los fondos sociales.

La Itaipú Binacional cuenta con 20 turbinas, cada una con una capacidad de 700 megas, lo que totaliza 14.000 megas de producción energética, que se divide entre los dos países. Una de las metas a acordar dentro de estas negociaciones es aumentar esta capacidad de producción a 900 megas por turbina, lo que generaría un adicional de 4.000 megas.

“Es una cosa muy importante porque significa que estaría aumentando la potencia de Itaipú con las mismas turbinas, haciendo cambios tecnológicos tendríamos un aumento del 33 %, eso va a patear para adelante los años de disponibilidad, pasamos de tener para 8 años a 12 años, teniendo en cuenta el crecimiento del consumo”, explicó.

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Otro de los aspectos a ser abordados es la generación energética a partir de energía solar y para esto se deben hacer inversiones en paneles solares flotantes sobre el embalse. Con este avance, se estaría llegando a un nivel de utilización óptimo de la binacional, pero para esto no solo se deberán analizar aspectos del Anexo C, sino también del A y B.

“Estamos estudiando técnicamente las obras que hay que hacer para repotenciar las máquinas y darle más potencia a Itaipú, por otro lado todo, el programa de nuevas fuentes de generación de energía, entonces también lo político acompañando a lo técnico, porque la tarifa y el método de cálculo de la tarifa que es el corazón del Anexo C, se va a basar en estos estudios técnicos”, refirió ante la 1080 AM.

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El Tribunal de Apelación en lo civil y comercial, integrado por los jueces Stella Maris Zárate González, Mario Ygnacio Maidana y Sandra Bazán, revocó la resolución de juzgado de Primera Instancia en lo laboral y por ende deja un precedente en cuanto a la prohibición de embargos ejecutivos sobre los bienes de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco).

La Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, en la defensa del patrimonio público, interpuso un recurso de apelación, contra la determinación adoptada en primera instancia . A su vez, solicitó el levantamiento de los embargos que fueron trabados indebidamente, en el marco del juicio, iniciado por José María Guillermo Medina González contra Copaco, sobre cumplimiento de contrato y cobro de guaraníes.

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La posición de la PGR se basó, entre otros puntos, en que Copaco SA, al ser la continuadora de la ex Antelco, no modificó su función esencial, que es la prestación del servicio público de telecomunicaciones en la República del Paraguay y de esta con el exterior. Que el 99 % de las acciones de la empresa pertenece al Estado, cuya representación recae sobre la Procuraduría General de la República, y el 1 % restante sobre Copaco, quien igualmente pertenece al Estado y presta un servicio público imprescindible.

“Al ser inembargables los bienes del Estado, corresponde la revocatoria del fallo de primera instancia dictado en fecha 26 de junio de 2024, debiendo disponerse su inmediato levantamiento de los embargos decretados en estos autos, por las razones que se han esgrimido en el presente fallo” refiere la resolución judicial del tribunal de alzada.

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