El senador Enrique Salyn Buzarquis, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentó un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación Paraguaya de modo de priorizar a la producción e industria nacional, por ende proteger al empleo, a más de que se establezca un margen para la variación de precios en las compras públicas.
El proyecto se denomina “De incentivo a la producción, industria, servicios y empleo nacional, y establece un margen máximo de variación de precios en las compras del estado”, conforme a la nota presentada por el legislador.
El proyecto, en su artículo 1°, señala que tiene por objeto establecer incentivos y apoyo a la producción, la industria, servicios y al empleo en todo el territorio nacional, de forma extraordinaria y mientras dure la pandemia del COVID-19.
En el artículo 2° prosigue que se establezca la prohibición a los organismos y entidades del Estado, entidades centralizadas y descentralizadas, así como a organismos y entes autónomos y autárquicos, empresas públicas y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria a adquirir productos y servicios importados, a excepción de lo estrictamente referido a insumos, productos y materiales sanitarios para salud pública que deban ser adquiridos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS), siempre que no se encuentren disponibles en el mercado local.
En tercer orden señala que los llamados para la construcción de hospitales, establecimientos sanitarios en general, construcciones de edificios públicos en general y demás obras que requieran materiales de construcción, así como consultorías y fiscalización de obras, puedan adecuar sus especificaciones técnicas a materias primas, productos elaborados y terminados en territorio paraguayo, por empresas asentadas en el país.
En dicho punto también menciona que las empresas nacionales cuenten con más del 70% del personal, ya sean operativos o administrativos, con nacionalidad paraguaya, al igual que para los servicios de consultoría y fiscalización con los mismos requisitos descritos en el artículo tercero.
Así también, el cuarto punto menciona que ningún producto ofertado y adquirido por el Estado podrá contar con una variación de precio superior al 10% del precio fijado por el mercado en los últimos 30 días anteriores a la compra estatal. En tanto en el artículo 5° del proyecto se habla de que los artículos de la Ley 4.558/2011 y de la Ley 2.051/2003, que se contrapongan con la presente ley, queden derogados temporalmente mientras dure la vigencia de la presente ley solicitada, prevaleciendo lo que dispone la mencionada nueva ley de carácter especial y temporal.
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En el siguiente orden se describe que serán nulos los procedimientos y/o las adjudicaciones efectuadas en violación de lo dispuesto en el presente proyecto de ley, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales en que incurran los funcionarios responsables, de modo que se hagan responsables con patrimonios propios de los daños que pudieran ocasionar a las arcas del Estado.
Puntualiza de modo de ser comunicado al Poder Ejecutivo, con la firma del senador de la Nación Enrique Salyn Buzarquis.