Sara Ayala
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La propuesta legislativa que pretende dejar en evidencia la posible vinculación del poder político con el económico dentro de las compras estatales, permite llenar el vació que existe hoy en día en cuanto a la presentación de declaraciones juradas. El proyecto de ley que obliga presentar estas declaraciones de intereses fue aprobado en el Senado y su análisis ahora depende de la Cámara de Diputados.
El abogado Ezequiel Santagada del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en contacto con La Nación explicó que el proyecto “es bastante saludable porque nos permitiría saber vínculos familiares y comerciales de las autoridades de la República, lo que es clave para saber favoritismos en las compras públicas o la vinculación del poder político con el económico”.
Podría llenar un “claro vacío legislativo en materia de transparencia, porque no teníamos nada sobre conflicto de intereses”, añadió, aunque el reglamento de la Ley de Emergencia estableció como obligación presentar la declaración de conflictos de intereses a las autoridades que administran los fondos del COVID-19. “Tenían 10 días para hacerlo y 20 días hábiles para publicar estas declaraciones, pero no se publicó ninguna”, indicó.
Igualmente, pone en tela de juicio “la suerte que tendrá en la Cámara de diputados”, porque anteriormente modificaron la ley que establecía la publicación de las declaraciones juradas de bienes. “Terminará sufriendo la misma suerte, o no serán públicas, porque es lo que vienen haciendo en Diputados”, sostuvo el profesional.
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Va más allá
El abogado Federico Legal, con praxis profesional en transparencia y acceso a la información, considera que en este caso el proyecto habla de la declaración de conflictos de intereses que “va más allá de la declaración jurada de bienes, en el sentido de que se expondrán cuáles son las relaciones que tiene por ejemplo un potencial proveedor con algún funcionario estatal, o las inversiones en capital”, comentó a La Nación.
Igualmente, considera bastante beneficioso para la salud de la República aprobar un proyecto como este, pero insiste que la finalidad debe estar proyectada en que esas declaraciones sean de alcance público, “no sirve si va ser cerrada, deben estar abiertas para que se pueda controlar”, añadió.
El hecho de que se proponga tener un registro de declaraciones, permite cumplir con el principio de máxima publicidad, “vemos como algo importante y con impacto positivo para la lucha y prevención de hechos de corrupción”, mencionó.
Aunque de igual modo se espera que sea sancionado con buenos criterios basados en la transparencia y acceso a la información. La decisión que tome la Corte Suprema de Justicia en cuanto al fallo a favor de publicación de las DDJJ, tal vez genere un impacto político para que esta legislación llegue a buen puerto.
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Media sanción
El proyecto del senador Derlis Osorio pretende incentivar la transparencia en el sector público, para evitar los conflictos de intereses a través de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses, por parte de los altos funcionarios del Estado. Además establece un plazo de presentación que va dentro de los 30 días a la asunción del cargo, luego una actualización anual y a 30 días de terminar las funciones públicas.
El órgano contralor será la Contraloría General de la República, que recibirá estos documentos en formato virtual que formarán parte de un registro, se publicarían en la página web de la entidad durante el desempeño de su cargo y hasta 6 meses después del cese.