“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor, participa de un seminario en el marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), para celebrar el vigésimo aniversario de la creación de la IberRed. El panel internacional se desarrolla en Medellín, Colombia. El secretario de Estado paraguayo fue uno de los expositores en el debate “Desafíos de la Cooperación Jurídica Internacional en Iberoamérica”.

Durante su exposición, el ministro Nicora destacó la importancia de avanzar en la cooperación jurídica internacional. “Sin la cooperación jurídica internacional, las relaciones entre los Estados miembro de cualquier acuerdo bilateral o multilateral carecerían del impulso necesario para mitigar las barreras que impiden alcanzar nuestros objetivos comunes como Estados: una justicia más accesible, una mejor sociedad y un mejor mundo”, sostuvo.

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Asimismo, Nicora manifestó que la globalización conllevó a una transformación profunda en la sociedad internacional, en lo cultural, tecnológico y económico. Señaló que esta dinámica interacción ha desencadenado un cambio profundo en la manera en que las cuestiones legales transfronterizas son tratadas, provocando que los Estados coordinen mecanismos que permitan la protección de los derechos e intereses de las personas.

Resaltó que, desde épocas remotas, la cooperación judicial internacional ha sido esencial para el abordaje de disputas que involucran múltiples jurisdicciones, desde la armonización de leyes hasta la ejecución de sentencias en países extranjeros. “Es por ello que la confianza y proactivad son las principales virtudes que distinguen todo contexto de cooperación judicial internacional”, indicó.

El ministro Nicora destacó, además, la importancia y trascendencia del Tratado de Medellín y la creación de la IberRed, resaltando la cooperación jurisdiccional, hoy en día, radica en una práctica que permite a los Estados prestar un auxilio jurídico internacional recíproco, frente a las nuevas formas de delincuencia transnacional, haciendo necesario fortalecer y facilitar la cooperación.

“Esto también requiere la eliminación de barreras y obstáculos innecesarios, así como la armonización de procedimientos y legislaciones a través de una mayor coordinación entre las autoridades centrales, autoridades competentes y operadores encargados del funcionamiento de la Cooperación Judicial Internacional”, agregó.

También instó a aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, estructurando mecanismo de información, bases de datos, así como redes de asistencia judicial mutua que agilicen estos procesos, a fin de que la misma se vuelva más eficiente, expeditiva y eficaz.

El ministro Nicora subrayó que Iberoamérica actualmente tiene varios desafíos en cuanto a la infraestructura, la capacitación, generalización del uso de la herramienta (Tratado de Medellín y la IberRed), así como la continua mejora en la interfaz del sistema.

“La IberRed tiene como objetivos optimizar la cooperación jurídica en materia penal y civil entre los países iberoamericanos y establecer y mantener actualizado un sistema de información sobre los diferentes sistemas legales de la Comunidad Iberoamericana de Naciones”, concluyó.

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Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.

En San Pedro, productores de soja reportaron que las recientes lluvias registradas en gran parte del territorio nacional fueron de gran ayuda para sus cultivos, incluso teniendo en cuenta que muchos de ellos no han terminado de cultivar granos, así expresó Ricardo Sosa, productor de la ciudad de Guayaibí y presidente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), a La Nación/Nación Media.

“Da mucha esperanza esta lluvia; en algunos lugares llegó el nivel a 50 milímetros y en otras zonas no llovió, pero los productores estamos atentos al pronóstico extendido que dice que las precipitaciones van a continuar incluso hasta el jueves”, manifestó Ricardo Sosa a LN.

Dijo que si esto continúa así, las perspectivas para esta zafra se mantendrán como positivas, ya que este es el tercer año al hilo que el sector agrícola paraguayo viene sufriendo mucha sequía. “Creo que si las lluvias siguen, habrá buenas perspectivas. Muchos están esperando eso porque no están seguros plantar, nadie se quiere arriesgar”, dijo.

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Teniendo en cuenta la secuencia de tres secas, muchos productores están buscando cambiar de rubro, en primer lugar por falta de financiación y por el factor clima, ya que las hojas no están funcionando y están previendo cultivar granos que exijan menos humedad como el sorgo, sésamo y otras alternativas.

“E incluso, no tenemos muchas alternativas a la soja, podría ser sorgo y otros se tiran por la chía, porque lo que buscamos es recuperándonos después de estos tres años de sequía y un impasse financiero, no solo en lo productivo”, expresó el presidente del gremio agrícola.

Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología alertaron sobre que los niveles actuales de precipitaciones están por debajo de lo habitual y con la instalación del fenómeno La Niña en diciembre, el impacto de la sequía en el primer semestre de 2025 será significativamente alto.

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