El presidente de la Junta Municipal de Quiindy, Maximiliano Barrios, denunció que en el día de ayer, en horas de la noche, políticos y funcionarios se encontraban en la sede municipal, hecho totalmente inusual ya que nunca se trabaja en horario nocturno indicó. Cabe recordar que el día de ayer martes, la Contraloría ordenó el inicio de la fiscalización especial inmediata (FEI) a la gestión de la intendenta Alba Acevedo del Movimiento Colorado Añetete.
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Siendo las 20:00 h el concejal Barrios transmitió a través de sus redes sociales lo que a su parecer resultaba un sospechoso “trabajo nocturno en la sede municipal” tras horas del inicio de la auditoría por parte de la Contraloría General de la República. “En horas de la noche, fui a comprar medicamentos para mi sobrino, y pasé por la sede municipal y vi que las luces estaban encendidas. Frente a la sede estaba la camioneta del parlasuriano esposo de la actual intendenta Alba Acevedo” indicó
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“Encontramos que estaban la intendenta, el parlasuriano y pensamos que la tesorera por el vehículo que estaba afuera. Nosotros suponemos que manipulando documentos, porque nunca en la municpalidad se trabaja en horario nocturno. Estaban trabajando a puertas cerradas. Justo el día que el equipo auditor de la Contraloría inició su fiscalización” señaló Barrios presidente de la Junta Municipal de Quiindy.
El presidente de la Junta presentó una denuncia policial para responsabilidad de cualquier extravió o adulteración de documentos sensibles.“Hice una denuncia policial por si cualquier documento se llega a extraviar o adulterar de hacerle responsable directamente, uno al parlasuriano que no tiene nada que hace en la municipalidad porque no es parte, dos a la intendenta, que son lo que pude constatar que se encontraban en el recinto” señaló.
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Embajador de Corea auspicia apertura de carne paraguaya por su calidad mundial
Para la segunda mitad de octubre está prevista la llegada al país de autoridades sanitarias surcoreanas, de cara a la inspección para avanzar en el proceso de habilitación del mercado de Corea, para que Paraguay pueda exportar a este país su carne bovina.
Sobre el punto, y de las posibilidades que Paraguay tiene para sobrellevar una auditoría positiva, el diario La Nación/ Nación Media, en conversación con el embajador de la República de Corea en Paraguay, Chan-sik Yoon, conoció su parecer de primera mano.
“Soy testigo que carne paraguaya es de buena calidad, número uno mundial, así que ojalá aterrice pronto en Corea, y también en Japón. Este mes vendrán autoridades sanitarias para conversar sobre posibles comercios, exportación de la carne a nuestro país”, expresó.
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Optimismo para apertura
Ante la consulta sobre una posible fecha para culminar el proceso y se dé una apertura al mercado asiático, el embajador indicó que los servicios veterinarios oficiales conversarán estrechamente, y que probablemente todavía tarde, lo cual es normal ya que se requiere de una serie de procedimientos.
En este sentido, recordó el tiempo que llevó la apertura del mercado de Estados Unidos como Canadá, por lo que un año sería aún un tiempo corto para finiquitar el proceso, debido a los estrictos requerimientos.
Explicó que, por un lado, se necesita satisfacer la demanda así como adecuar a las regulaciones y estándares estrictos de calidad y sanidad animal, pero que la habilitación lo auspicia con optimismo. Como embajada, también aportarán en lo que fuese necesario para acelerar negociaciones, remarcó.
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DATOS CLAVES
1-Este mes llegan las autoridades sanitarias oficiales de Corea para conversar con el servicio veterinario de Paraguay.
2-El embajador de Corea, indicó que es testigo de que la carne paraguaya es de buena calidad mundial.
3-La habilitación lo auspicia con optimismo, y como embajada, aportarán en lo que fuese necesario para acelerar negociaciones.
Fuente: Chan-sik Yoon, embajador de la República de Corea en Paraguay.
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Contraloría ordena auditoría a Municipalidad de Villa Elisa
Unidad de Investigación Nación Media
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la apertura de una auditoría a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el liberal Sergio Agustín Estigarribia Medina, hermano del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. La comuna sirvió como trampolín para el crecimiento patrimonial del clan Estigarribia.
La CGR comunicó la apertura de una auditoría de cumplimiento a la Municipalidad de Villa Elisa, encabezada por el Sergio Estigarribia. En concreto, la auditoría se centrará en la ejecución presupuestaria.
La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos dispuestos, estarán a cargo del titular de la Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales.
“Asimismo, se comunica que el Equipo Auditor realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto en la sede de la institución, como en áreas de influencia de los programas y proyectos ejecutados, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución arriba mencionada, y que la solicitud de provisión de documentos e informes se canalizará a través de la Supervisora y/o Jefe de Equipo, sin perjuicio de que el Equipo Auditor labre Actas CGR para la obtención de determinados documentos e informes, que por su naturaleza puedan ser entregados sin más trámite para su análisis”, refiere la nota remitida por el ente contralor al jefe comunal.
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El crecimiento con la política
De quinielero a millonario político. El caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), es digno de estudio. Es que el jefe del Ejecutivo departamental siempre se escudó en sus modestos inicios como corredor de quinielas, sin embargo, actualmente es todo un potentado.
Estigarribia experimentó un rápido crecimiento desde su llegada a la política, de acuerdo con lo que se detecta en sus declaraciones juradas de bienes y renta (DDJJ) publicadas en la página web de la Contraloría General de la República (CGR).
La primera manifestación de bienes data de diciembre de 2015. En ese documento, Estigarribia decía tener dos inmuebles tasados en G. 730 millones, una camioneta tasada en G. 150 millones y en efectivo tenía otros G. 200 millones. Las primeras compras de inmuebles declaradas figuran desde el 2010, tiempo en el que Estigarribia daba sus primeros pasos como concejal.
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En total, para 2015 sus activos alcanzaban los G. 1.080 millones
Para 2023, Estigarribia declaraba ya cuatro inmuebles tasados en G. 854 millones, había cambiado su camioneta por una tasada en G. 481 millones. En muebles, que no declaró en 2015, había acumulado ya G. 128 millones y en efectivo tenía G. 25 millones.
Para el momento de asumir como gobernador, sus activos habían superado los G. 1.489 millones.
Una familia millonaria
Pero el bienestar no solo alcanzó al político liberal. En los últimos años, el clan Estigarribia ha captado la atención pública no solo por la trayectoria política de sus miembros, sino también por sus sorprendentes inversiones inmobiliarias. A pesar de sus humildes orígenes, Edith Rosa Medina Verón, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, madre y hermana del actual gobernador Ricardo Alfredo Estigarribia, han invertido cifras que deslumbran, y no menos intrigante es la participación de Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador.
Según documentos revelados por la Abogacía del Tesoro, en menos de dos años, las tres mujeres han inyectado aproximadamente USD 1,5 millones en efectivo en tres empresas vinculadas al clan Estigarribia. Lo que llama la atención es el origen de estos fondos, considerando que la matriarca, Edith Rosa Medina Verón, ha sido conocida en su comunidad como una modista de barrio. No obstante, sus inversiones parecen más propias de grandes magnates de la moda internacional que de una modesta costurera.
Uno de los casos más destacados es el de RM8 Desarrollo SA. En esta empresa, Edith Rosa Medina Verón figura con un aporte en efectivo de G. 4.000 millones, mientras que su hija, Gladys Zunilda “Nuni” Medina Galeano, ha contribuido con G. 1.000 millones adicionales. Ambas mujeres, de origen humilde, hoy aparecen como propietarias de al menos tres cuentas corrientes y fincas ubicadas en Villa Elisa, donde se ha construido un imponente depósito.
Además, Tecno Capital SA es otra empresa bajo el radar. En esta sociedad, inicialmente aparecían como accionistas Víctor Manuel Núñez Samaniego, un funcionario del Ministerio de Educación, junto con RM8 Desarrollo SA. El capital integrado en efectivo de esta empresa asciende a G. 2.500 millones, una cifra que contrasta con lo declarado por el funcionario en su patrimonio.
Otra empresa bajo el control de la familia es Las Azas SA, que registra aportes en efectivo de G. 1.500 millones. Aquí, Lissi Romina Medina Fretes, esposa del gobernador Ricardo Estigarribia, figura con acciones por G. 600 millones, mientras que “Nuni” Medina Galeano aporta otros G. 900 millones. La empresa no solo maneja varias cuentas corrientes, sino también una quinta ubicada en Piribebuy, un terreno verde que limita con un arroyo. Durante una visita al lugar, un cartel que decía “Quinta San Andrés”, en homenaje al padre fallecido de los hermanos Estigarribia, desapareció misteriosamente tras alertar a los propietarios con nuestra presencia.
Otro bien notable vinculado a Las Azas SA es una cuenta corriente que el mismo gobernador Estigarribia declaró ante la Contraloría. Este inmueble incluye una terraza con piscina, adyacente a su imponente residencia. La transición de Estigarribia de quinielero a una de las autoridades con mayor crecimiento patrimonial ha sido tan veloz como controversial.
Motel a fuerza de Fonacide
El entramado financiero del clan no se detiene en las mujeres de la familia. Ricardo Fernández Campuzano, cuñado de los hermanos Estigarribia, también ha visto un ascenso económico sorprendente. En actas de asamblea, figura como accionista de Asispar SA, una empresa que recibió adjudicaciones directas por G. 1.872 millones durante la intendencia de Ricardo Estigarribia para proveer almuerzos escolares. No obstante, en 2020, Asispar SA diversificó su negocio, inaugurando un motel, lo que amplía aún más las ramificaciones económicas de la familia.
Las propiedades vinculadas al clan Estigarribia suman al menos una decena, distribuidas en distintas localidades. Las preguntas sobre el origen de estos recursos y cómo una familia, cuya matriarca era una modista, ha logrado acumular semejante fortuna, siguen en el aire. Las investigaciones continúan, pero lo cierto es que las finanzas del clan Estigarribia, especialmente las de sus mujeres, no pasan desapercibidas en el ámbito económico y político del país.
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Corte ordenó auditar juzgados de Garantía de varias zonas por llamativo casos de abigeato
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una auditoría de gestión de los juzgados de Garantía de las circunscripciones de Paraguarí y Concepción sobre los procesos penales que tienen relación con el hecho punible de abigeato. El periodo de estudio deberá ser de los últimos cinco años, de acuerdo a la determinación adoptada por los altos magistrados.
El ministro y superintendente de la circunscripción judicial de Paraguarí, Gustavo Santander, expuso ante la ciudadanía y sus colegas que “hay una preocupación respecto al hecho punible que es endémico casi en el departamento de Paraguarí que es el abigeato y que no está recibiendo la respuesta jurisdiccional correspondiente porque hay muchas quejas de los jueces de Garantía”, indicó.
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Por su parte, el ministro Eugenio Jiménez manifestó que “nuestro país es ganadero y que justamente una de nuestras estrellas es la carne paraguaya actualmente y entonces este flagelo del abigeato es verdaderamente grave”, por lo que pido también ampliar la auditoría a los juzgados de Garantía de la circunscripción judicial de Concepción.
El presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera, también solicitó que se realice la auditoria a los magistrados de Garantía de la circunscripción judicial de Ñeembucú.
El ministro Manuel Ramírez Candia señaló que una vez iniciado el proceso penal hay un trato bastante complaciente, hay casos en los que al día siguiente ya se levanta la detención, no hay prisión.
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Banco Mundial y CGR presentan visión técnica sobre la Estrategia Nacional Anticorrupción
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, recibió a una delegación conjunta del Banco Mundial y la Contraloría General de la República (CGR), que delinearon aspectos que hacen a la Estrategia Nacional Anticorrupción del Paraguay.
La visita se enmarca en el seguimiento de las iniciativas propuestas en dicha estrategia, una de ellas ya convertida en proyecto de ley y próximo a estudiarse en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Encabezó la delegación Francesca Recanatini, por el Banco Mundial, y el contralor general Camilo Benítez, quienes compartieron con el presidente Latorre la visión técnica del organismo internacional sobre la importancia de la recientemente presentada “Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”.
Pleno respaldo al proyecto de ley
El contralor explicó que este proyecto, parte integral de la estrategia anticorrupción, fue presentado la semana pasada por el presidente de la República y que cuenta con el pleno respaldo de la Contraloría General de la República. “Vinimos simplemente para darle una versión del equipo técnico del Banco Mundial de la importancia que tiene esta ley para la República del Paraguay”, afirmó el contralor.
La visita no constituye una evaluación formal, sino un seguimiento de las iniciativas en curso. Benítez destacó que la delegación del Banco Mundial está observando cómo las propuestas de la estrategia nacional se están materializando en acciones concretas, como el mencionado proyecto de ley.
Esta iniciativa busca establecer un régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con la CGR como órgano rector. Además, propone la creación de un Consejo Nacional Anticorrupción que incluirá representantes de los tres poderes del Estado.
La delegación planea reunirse también con el presidente de la Cámara de Senadores, como parte de sus esfuerzos para promover la importancia de estas iniciativas legislativas en la lucha contra la corrupción en el país.