Este domingo, desde la Policía Nacional indicaron que están buscando a una mujer de nacionalidad brasileña, identificada como Ruth Dos Santos, quien tras pelear con su pareja le habría tirado combustible para posteriormente prenderle fuego. Ocurrió en el departamento de Alto Paraná. La denuncia fue realizada por vecinos de la víctima, quien presenta quemaduras en el rostro.

Según el reporte policial, el hecho se registró durante la jornada de ayer sábado, en el barrio Los Cedrales de Ciudad del Este. Aparentemente la pareja tuvo una discusión, en un arranque de furia la mujer decidió derramar combustible al hombre y le tiró un fósforo encendido, pero este logró huir de la vivienda.

La víctima fue identificada como Milciades Amarilla Bareiro, de 40 años, quien fue auxiliado por su vecinos. Lo trasladaron hasta la Unidad de Salud Familiar (USF) donde recibió los primeros auxilios, pero ante la gravedad de sus heridas fue derivado hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este.

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El reporte médico indica que el hombre presenta heridas en el rostro y en el tórax, por lo que permanece internado y se aguarda su evolución. Tras lo sucedido, recibió a los agentes de la comisaría local para radicar la denuncia contra su pareja y también recibieron los testimonios de los testigos.

Tras la denuncia, los intervinientes llegaron hasta la vivienda de la pareja pero el sitio se encontraba cerrado, realizaron varios rastrillajes por la zona y no la encontraron. El caso fue comunicado al Ministerio Público y el asistente fiscal Christian Morínigo ordenó la orden de detención de la mujer.

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El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), encabezado por María Teresa Barán, deberá informar a Diputados la cantidad de beneficiarios por departamento, así como el monto total abonado hasta la fecha a los familiares de trabajadores de hospitales públicos que fallecieron o resultaron afectados en el ejercicio de sus funciones debido al Covid-19.

La petición fue realizada por la presidenta de la comisión asesora de Presupuesto de la citada cámara, Cristina Villalba. La Ley 6639/2020, que dispone medidas de indemnización también beneficia a familiares de los trabajadores del área administrativa y otras dependencias.

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La citada normativa establece que los familiares directos (padres, hijos y/o cónyuges) de los afectados deben recibir una indemnización equivalente a 50 salarios mínimos legales. Además, estipula que dichos pagos se realizarán a los herederos conforme a sentencia declaratoria, distribuyéndose en partes iguales y de manera proporcional.

El pedido de informes fue aprobado el pasado miércoles por la plenaria en la sesión ordinaria. La cartera sanitaria cuenta con un plazo de 15 días para remitir la documentación requerida a la Cámara Baja, en cumplimiento del artículo 192 de la Constitución Nacional.

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La madre de una menor, de un caso de abuso sexual infantil, denunció una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.

La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.

Presuntamente, el abuso fue cometido por el tío paterno de la víctima con la supuesta complicidad del padre de la víctima. El caso está estancado por el manejo irregular y por la falta de acción de las autoridades de Hernandarias, donde ocurrió el lamentable hecho.

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Pese a que se ha presentado una impugnación contra esta situación, el juez no ha resuelto el pedido, dilatando un proceso que debería garantizar la protección y justicia para la víctima.

El principal cuestionamiento radica en que la defensa del denunciado propuso como perito a una psicóloga que trabaja para la Defensoría Pública, entidad encargada de velar por los derechos de los sectores más vulnerables, incluido el de las víctimas.

La madre sostuvo que esto no solo genera un conflicto de intereses, sino que también vicia de nulidad cualquier actuación o informe presentado por la profesional en el caso. “Es inadmisible que un perito contratado de forma privada esté vinculado a una institución que debería garantizar imparcialidad en los procesos judiciales. Este acto está viciado desde el momento en que la defensa plantea a esta profesional, y la falta de resolución sobre la impugnación por parte del juez perpetúa esta irregularidad”, afirmó la madre de la víctima.

“A estas irregularidades se suma la inacción del juez Nelson Ojeda para fijar una fecha para la realización de la Cámara Gesell, herramienta fundamental para recabar el testimonio de la niña que es testigo del abuso de su hermana”, relató la madre.

Inicialmente, el juez rechazó la solicitud para llevar a cabo esta diligencia, lo que obligó al fiscal Rolando Rivas a apelar la decisión. Sin embargo, a pesar de que el recurso fue aceptado, el magistrado sigue sin resolver cuándo se realizará, dejando en incertidumbre el avance del caso, que ya lleva casi 4 años con muy poco avance debido a negligencias de varias autoridades, manifestó la madre de la menor.

Las demoras y la falta de resolución en puntos clave del proceso, como la impugnación del perito y la Cámara Gesell, no solo afectan la protección de la menor, sino que también dejan en evidencia deficiencias en el sistema judicial.

“Es necesario que el juez actúe con responsabilidad, resuelva la nulidad del peritaje y garantice que este caso avance con celeridad y transparencia. No se puede permitir que las irregularidades sigan favoreciendo al denunciado mientras la víctima continúa esperando justicia”, afirmó la madre de la víctima.

El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de un sistema judicial más eficiente y comprometido con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, particularmente en situaciones tan sensibles como el abuso sexual infantil, agregó la madre.

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Un comité del Congreso estadounidense que investigó por dos años la pandemia de covid-19 publicó este lunes un informe en el que considera que su origen “más creíble” es la fuga del virus de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

En el documento de 520 páginas, la subcomisión especial sobre la pandemia de coronavirus de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, examinó la respuesta a la emergencia, sus causas y las campañas de vacunación.

“Este trabajo ayudará a Estados Unidos y al mundo a predecir la próxima pandemia”, aseguró Brad Wenstrup, presidente del comité, en una carta al Congreso.

Las agencias federales estadounidenses, la Organización Mundial de la Salud y científicos han llegado a conclusiones diferentes sobre el origen del covid-19, sin que haya consenso.

La mayoría cree que se propagó al ser humano por un animal en China, pero un análisis de los servicios de inteligencia estadounidenses sugirió el año pasado que el virus pudo ser manipulado genéticamente y haberse filtrado de un laboratorio de virología en Wuhan, donde aparecieron los primeros casos.

El panel del Congreso se decidió por la teoría de la fuga tras reunirse 25 veces, realizar más de 30 entrevistas y revisar más de un millón de páginas de documentos.

La investigación incluyó dos días de entrevistas con Anthony Fauci, el científico del gobierno que se convirtió en el experto de mayor confianza en los caóticos primeros días de la pandemia en 2020 y ahora vive con protección por amenazas.

Los enfrentamientos de Fauci sobre la respuesta a la emergencia con el entonces presidente (2017-2021) y ahora mandatario electo, Donald Trump, desataron la furia de la derecha.

Los republicanos culpan al inmunólogo de ayudar a desencadenar la pandemia al aprobar financiación para los científicos chinos a los que acusan de fabricar el SARS-CoV-2, causante del covid-19.

El informe afirma que los Institutos Nacionales de Salud subvencionaron una investigación que trata de mejorar los virus para encontrar formas de combatirlos conducida por el Instituto de Virología de Wuhan.

Fauci negó repetidamente haber encubierto los orígenes del covid-19 ante el panel en junio, argumentando que sería “imposible molecularmente” que los virus de murciélago estudiados en el laboratorio se convirtieran en el que causó la pandemia.

Pero el informe del comité dice que el SARS-CoV-2 “probablemente surgió debido a un accidente relacionado con el laboratorio o la investigación”.

La investigación concluye, además, que las cuarentenas “hicieron más mal que bien” y que las órdenes de uso de mascarillas fueron “ineficaces”, contradiciendo otras investigaciones que demuestran que redujeron las tasas de transmisión.

Los legisladores concluyeron que la operación “Warp Speed” de Trump para financiar el desarrollo de las vacunas anticovid fue un “tremendo éxito”, pero que el cierre de escuelas tendrá un “impacto duradero” en los niños estadounidenses.

Fuente: AFP