El ministro de Asuntos Internacionales Federico González, informó que 2.810 connacionales ya ingresaron al país, de los cuales el 85% lo hizo a través del Puente de la Amistad de Ciudad del Este. Además, anunció que el protocolo de salud que están aplicando en los albergues se ha modificado, por lo que las pruebas de COVID-19 se realizan 24 horas después del ingreso.

“Como es algo nuevo y no había un manual de aplicación, vamos aprendiendo y corrigiendo, a partir del 30 de abril se estableció que todos los compatriotas que ingresaron están siendo sometidos al test dentro de las 24 horas de haber ingresado”, anunció en conferencia de prensa.

En promedio llegaban 180 personas por día a la frontera con el Brasil y actualmente 19 connacionales que están varados en el puente ingresarán cuando se tenga un espacio para ellos.

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González se refirió también a la falta de capacidad de los albergues para recibirlos y la falta de aceptación de la población para el ingreso de los compatriotas, aseguró que los esfuerzos del Gobierno se intensifican para conseguir más lugares. “No es una tarea fácil, son situaciones para resolver en el momento por cuestiones humanitarias en el que la vida está en juego y no hay tiempo para resolver, tiene que ser cuanto antes”, dijo.

Igualmente, reconoció que el sistema funciona porque se encuentran aislados con acompañamiento y control médico. Insistió en cambiar la visión que se tiene de estas personas, porque “que estén contagiados no los convierten en enemigos, ni monstruos porque a cualquiera le puede agarrar”, añadió.

Escape del albergue

En cuanto al joven que se escapó del albergue de Ciudad del Este se desconoce si es COVID-19 positivo, porque se escapó en horas de la madrugada y no fue sometido al test. “Está siendo buscado por la policía porque violó la medida de cuarentena”, informó.

Actualmente existen 47 albergues ocupados. No obstante, el Gobierno se encuentra buscando más lugares para lograr satisfacer las demandas de las personas que esperan ingresar al país. Las mujeres, niños y personas con estado de vulnerabilidad son prioridad para el Estado.

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