La madre de una menor, de un caso de abuso sexual infantil, denunció una serie de irregularidades cometidas en el proceso judicial, exigiendo -a través de su representante legal- que el juez del caso, Nelson Ojeda Quintana, resuelva la impugnación y declare la nulidad.
La defensa del denunciado había propuesto como perito a una psicóloga que, además de ser contratada de manera privada, es funcionaria de la Defensoría Pública, la forense Fátima Beatriz Flores Barrios, lo que constituye un evidente acto viciado desde su origen, según la denuncia de la querellante.
Presuntamente, el abuso fue cometido por el tío paterno de la víctima con la supuesta complicidad del padre de la víctima. El caso está estancado por el manejo irregular y por la falta de acción de las autoridades de Hernandarias, donde ocurrió el lamentable hecho.
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Pese a que se ha presentado una impugnación contra esta situación, el juez no ha resuelto el pedido, dilatando un proceso que debería garantizar la protección y justicia para la víctima.
El principal cuestionamiento radica en que la defensa del denunciado propuso como perito a una psicóloga que trabaja para la Defensoría Pública, entidad encargada de velar por los derechos de los sectores más vulnerables, incluido el de las víctimas.
La madre sostuvo que esto no solo genera un conflicto de intereses, sino que también vicia de nulidad cualquier actuación o informe presentado por la profesional en el caso. “Es inadmisible que un perito contratado de forma privada esté vinculado a una institución que debería garantizar imparcialidad en los procesos judiciales. Este acto está viciado desde el momento en que la defensa plantea a esta profesional, y la falta de resolución sobre la impugnación por parte del juez perpetúa esta irregularidad”, afirmó la madre de la víctima.
“A estas irregularidades se suma la inacción del juez Nelson Ojeda para fijar una fecha para la realización de la Cámara Gesell, herramienta fundamental para recabar el testimonio de la niña que es testigo del abuso de su hermana”, relató la madre.
Inicialmente, el juez rechazó la solicitud para llevar a cabo esta diligencia, lo que obligó al fiscal Rolando Rivas a apelar la decisión. Sin embargo, a pesar de que el recurso fue aceptado, el magistrado sigue sin resolver cuándo se realizará, dejando en incertidumbre el avance del caso, que ya lleva casi 4 años con muy poco avance debido a negligencias de varias autoridades, manifestó la madre de la menor.
Las demoras y la falta de resolución en puntos clave del proceso, como la impugnación del perito y la Cámara Gesell, no solo afectan la protección de la menor, sino que también dejan en evidencia deficiencias en el sistema judicial.
“Es necesario que el juez actúe con responsabilidad, resuelva la nulidad del peritaje y garantice que este caso avance con celeridad y transparencia. No se puede permitir que las irregularidades sigan favoreciendo al denunciado mientras la víctima continúa esperando justicia”, afirmó la madre de la víctima.
El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de un sistema judicial más eficiente y comprometido con la protección de los derechos de los niños y adolescentes, particularmente en situaciones tan sensibles como el abuso sexual infantil, agregó la madre.
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