En la primera parte del Especial GEN, toda la verdad, ¿cómo espían a periodistas en Paraguay? conducido por Gustavo Velázquez y Cinthia Mora, develan el grave caso de “suplantación de chip” que permitió el acceso a información sensible de dos periodistas, Clari Arias y Jorge Torres, y un parlamentario, Carlos Rejala.

Jorge Torres, víctima del hackeo de información, cuenta toda la verdad entorno al hecho que involucra a las altas esferas políticas y empresariales, y que incluso pondría en peligro a sus fuentes. Por otro lado, reclama que hasta la fecha ningún gremio de periodistas, ni el sindicato, ni organizaciones de DD.HH. en el país, hayan exigido el esclarecimiento de hechos.

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Analizando la gravedad de los hechos, los periodistas coincidieron plenamente en que una de las cuestiones más graves es que este “hackeo” puede afectar a todos, atendiendo a la vulnerabilidad de los datos privados.

“Como gremio debemos proteger nuestra fuente”, dijo Torres y explicó que a diario funcionarios públicos y privados debaten y reflexionan antes de denunciar o no los hechos de corrupción por temor a represalias. Y, una situación como esta, que se generó, podría acallar esas denuncias.

También mencionó que si los periodistas no pudieran mantener la confidencialidad de sus fuentes, matarían la esencia del rubro, así como la libertad de prensa y libre expresión, garantizados en la Constitución.

Fabian Martí, presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal, hasta el momento está sindicado como el intermediador de una gavilla dedicada a la “suplantación de chips”, al menos en este caso que involucra a los periodistas y el parlamentario.

Torres indicó que Martí era una suerte de “asesor” y que su trabajo se convirtió en un delito al cruzar la línea de lo lícito a lo ilícito. “Martí ofrece a empresarios y políticos su estrategia de asesoría, cuenta con contactos en medios de comunicación y puede pedirles que bajen los decibles contra la crítica a su empresa o su imagen”, explicó.

Asimismo, ofrece lo que se llama “grajeros”, perfiles falsos que sirven para posicionar de vuelta a una empresa o empresario, y el periodista también puede recibir un beneficio por la difusión, indicó.

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Parte crucial del operativo es cuando Martí ofrece, incluso, la posibilidad de saber los nombres de los periodistas que están detrás de las informaciones. El empresario o político interesado paga el monto en dólares y se activa el mecanismo.

“Se activan sus contactos con los periodistas, mueve su granja e instalan medias verdades”, detalla y agrega que en ese momento entra Aristóbulo Luis Bordón Cazuriaga, que pide a su equipo los datos de A, B o C personas.

Una vez obtenidos los datos los muestran a sus clientes. Martí era una de esas personas que conocían el trabajo de Bordón, juntos con otros políticos y empresarios.

En cuanto al caso, las fiscalas Irma Llano y Silvana Otazu informaron que se llevaron a cabo 8 allanamientos y 5 personas fueron procesadas. Respecto a Fabían Martí indicaron que pidieron la medida de privación de libertad. Éste se abstuvo a declarar precisaron.

Sobre el modus operandi, las fiscalas expresaron que los procesados operaban a través de las bocas de ventas, donde pedían la reactivación de SIM card, y con la activación y acceso a la línea, acceden directamente a las aplicaciones y redes sociales de la víctima en cualquier parte del país.

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Torres indica que Martí tiene dos facetas, el de asesor político y asesor empresarial. “Se le premia a Martí, siendo presidente del Tribunal Electoral Independiente (...) incluso se le pagó a Martí por toda mensajería de whatsapp de Efraín Alegre. Lo ilegal es cuando operaba Luis Bordón, al acceder de manera ilícita a los datos y extractos de llamadas. Ahi está lo ilegal y criminal", refiere el periodista.

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