El Congreso Nacional se sumó a la decisión de los poderes Ejecutivo y Judicial de declarar asueto para sus funcionarios mañana, miércoles 16 de abril, por la celebración de la Semana Santa. Este martes se dio a conocer la resolución firmada por su presidente, el senador Basilio “Bachi” Núñez.

La resolución n.° 2520 refiere que “el pueblo paraguayo lo conmemora con gran devoción. Es la más antigua de las manifestaciones de cristiandad, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo”.

Los senadores habían tomado la decisión de suspender la sesión extraordinaria prevista inicialmente para ayer lunes, alegando que no existen proyectos de leyes con sanción ficta o que ameriten un tratamiento de urgencia. También se sumaron al prolongado descanso los integrantes de la Cámara de Diputados.

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El pasado viernes, el presidente de la República, Santiago Peña, emitió un decreto declarando asueto para los funcionarios de la administración pública central y de los organismos y entidades descentralizadas, con la finalidad de fomentar el turismo interno y generar un impacto económico directo e indirecto de gran significancia.

Mientas tanto, se estableció proveer en forma irrestricta la continuidad de los servicios públicos imprescindibles, por lo que se excluye a funcionarios públicos de los servicios médicos de urgencias, y en horarios especiales, y los funcionarios afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, comercio exterior, y percepción de tributos.

La medida también fue adoptada en el ámbito judicial, donde se anunció la extensión hasta el 21 de abril de los plazos procesales y registrales que fenecen mañana en todas las circunscripciones del país.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio “Bachi” Núñez, emitió este viernes un comunicado expresando su solidaridad hacia la delegación y simpatizantes del club Cerro Porteño tras las agresiones xenófobas y racistas que recibieron por parte de los aficionados del club Palmeiras, en el marco de un partido de la Copa Libertadores en Brasil.

A través de una nota oficial difundida por la Cámara de Senadores, Núñez “eleva su reclamo ante las autoridades del país vecino, instándolas a adoptar medidas que prevengan este tipo de aptitudes, denunciadas por nuestros compatriotas. Estas conductas deben ser abordadas como un problema que exige una nueva cultura basada en la tolerancia y el respeto”.

El comunicado refiere también que “Paraguay es un país que aprendió a resistir desde la tolerancia. Fuimos víctimas de atropellos, exterminio y saqueos en una etapa de nuestra historia que transformamos en fortaleza para nuestro espíritu nacional. No pedimos respeto, lo exigimos, como base indispensable para una relación fraterna y genuina entre pueblos”.

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Asimismo manifiesta que “el uso estridente y desproporcionado de un incidente anterior por parte de la presidencia del Club Palmeiras constituye una lección sobre lo que no debe ocurrir, ya que solo profundiza la discriminación al intentar justificarla con más discriminación”.

Vídeos difundidos mediante las redes sociales evidenciaron los actos racistas y xenófobos, de los fanáticos del Palmeiras contra sus pares de Cerro Porteño. Se puede observar la arremetida de los brasileños, que realizaron gestos de monos contra los paraguayos en San Pablo.

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Desgarradores testimonios fueron esgrimidos por las víctimas de la mafia de los pagarés mediante una audiencia pública realizada este jueves en el Congreso Nacional. Durante la ocasión expusieron fotografías de los estafadores y repudiaron que el esquema sea apañado por autoridades del Poder Judicial.

Una de las víctimas es la enfermera jubilada del Hospital de Clínicas, Luciana Bernavet, quien indicó que desde el año 2023 viene padeciendo un descuento sideral de su salario por una deuda inexistente. “Yo tengo 65 años, soy enferma de reumatología. Del total de mi salario solo me queda la suma de un millón seiscientos mil guaraníes, con esto debo pagar los servicios de luz, agua y alimentos”, dijo en una entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Bernavet, entre lágrimas, siguió sosteniendo que el embargo de su salario empezó sin previo aviso. “En total me sacan la suma de millón cuatrocientos cincuenta mil guaraníes, de una cuenta que ya pagué todo, tengo documentos que indican que incluso ya no debo nada”.

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La mujer estuvo acompañada por Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), quien repudió el posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al rechazar anular los embargos de las víctimas de la mafia de pagarés.

“Es una pena, una incertidumbre terrible y genera una impotencia el comunicado paupérrimo de la Corte Suprema de Justicia, en donde deja a todas estas personas víctimas de la mafia de los pagarés al libre albedrío. La señora Luciana no ejerció el derecho a la defensa, fue notificada en el Hospital de Clínicas, cuando ya estaba jubilada”, indicó.

Gallardo acotó: “Cómo Luciana iba a ejercer el derecho a la defensa si no se dio por enterada. Tomó conocimiento de que está embargada cuando dejó de percibir su salario. Esta es una causa nacional, no podemos permanecer indiferentes y que sigan robando a nuestras compañeras jubiladas y activas por deudas que no han contraído, por pagarés falsos o deudas cobradas por dos o tres veces”.

Detalló que un total de 40 enfermeras se encuentran siendo víctimas del esquema. “Acá se tiene a un montón de gente que se está aprovechando, lucrando y enriqueciendo. Instamos a las autoridades del Ministerio de la Defensoría Pública que acompañen y ayuden a resolver esta grave situación”, comentó.

Senadores que impulsaron la audiencia pública, evalúan impulsar una normativa que paralice el descuento compulsivo de los casos judicializados y en donde los presuntos estafadores ya se encuentran siendo investigados.