El apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, cuestionó la manera de actuar de las autoridades en el caso del empresario Karim Salum, quien fue sacado de su departamento por agentes policiales y llevado a un albergue del Gobierno porque supuestamente existió una denuncia en su contra por violar la cuarentena sanitaria al volver de los Estados Unidos. Sin embargo, desde la Fiscalía manifestaron que tal denuncia no existe.

Al respecto, González sostuvo que la forma en la que se actuó es grave, partiendo de que nunca se formuló tal denuncia y tampoco existía una orden judicial para ingresar a un domicilio particular. Lamentó que se aprovechó una tendencia política como la del diario ABC y del comunicador Enrique Vargas Peña, quienes analizaron desde una parte de la historia hasta conseguir la apertura del caso.

“Hay una violación de domicilio por parte de los efectivos que se fueron hasta la casa de este señor. Si es que ingresaron por una llamada que se realizó, eso es lo grave. Hablamos de violación al domicilio y posiblemente privación ilegítima de libertad”, manifestó el profesional en contacto con La Nación.

Además, sostuvo que “llama la atención, porque la fiscal Teresa Sosa fue hasta la comisaría 9na., donde el comisario dijo que recibieron la llamada de Carlos Altemburger, viceministro de Seguridad Interna, quien les dijo para que le saquen al señor. No hubo denuncia ni orden judicial ni orden fiscal y por una simple llamada de una autoridad, de un viceministro del Interior, realizaron esto”, dijo.

El proceso a juzgar por el entrevistado es “un hecho lamentable, porque hay varias aristas que analizar. Por una parte, jurídicamente, teniendo en cuenta todo el estado vulnerable de salud del empresario, siendo que se cumplieron todos los procesos burocráticos que se llevaron adelante, más la resolución del Ministerio de Salud que establece la cuarentena para connacionales que vienen del exterior en albergues o establecimientos que se crean convenientes".

Asimismo, González dijo que todo pasó por el Consejo Nacional de Defensa, “que verificó esta situación y otorgó permiso”. Además tras la correspondiente inspección los médicos determinaron que el empresario podía guardar cuarentena en su domicilio.

También mencionó sobre el caso de seis o siete personas que habrían violado la cuarentena aislada, por eso cuestiona el hecho de que se persiga a una sola, por ser hermano de un empresario ligado al Grupo Cartes. “No puede haber diferencia con nadie”, dijo.

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En la fecha surgieron fuertes rumores de que se darían a conocer las identidades de un grupo de personas que regresaron del exterior, pero también fueron enviadas a sus domicilios y supuestamente también estarían dos sobrinos del director de Itaipú, Ernst Bergen en el grupo.

No obstante, en contacto con La Nación y consultado sobre la veracidad de estos datos, el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González, negó esta situación.

“Es absolutamente falso, ingresaron el 22 de abril provenientes de Miami y están en un centro de albergue en algún lugar del territorio nacional”, expresó. Además aclaró que estarían en un albergue civil y no en los destacamentos militares.

La agente fiscal Teresa Sosa pidió una reunión con los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), según informó su titular, el senador Enrique Bacchetta. El motivo sería explicar su actuación en el marco de la causa del empresario Karim Salum.

El mismo fue acusado de ser beneficiado por parte de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para guardar cuarentena en su vivienda tras retornar el pasado miércoles de Estados Unidos al Paraguay. La bancada oficialista del Senado aún no tiene una postura en caso de que impulsen un juicio político contra la titular del Ministerio Público.

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