“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.

“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.

En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.

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La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.

Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.

“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.

Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.

Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.

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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.

“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.

Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.

“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.

Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.

“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.

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• Argentina. AFP.

Un tribunal argentino rati­ficó ayer la condena a seis años de prisión e inhabilita­ción política a Cristina Kir­chner, la principal opositora del gobierno de Javier Milei, en una causa por adminis­tración fraudulenta que irá a la Corte Suprema y que la expresidenta consideró “un show”.

La Cámara Federal de Casa­ción Penal decidió “condenar a Cristina Elizabeth Fernán­dez de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabili­tación especial perpetua para ejercer cargos públicos, acce­sorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente respon­sable del delito de adminis­tración fraudulenta en per­juicio de la administración pública”, en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo.

Los jueces rechazaron tanto los recursos de la Fiscalía como los de las defensas, por lo que quedaron confirmadas las mismas penas y absolucio­nes dispuestas en diciembre de 2022.

Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por “admi­nistración fraudulenta” en la adjudicación de obras via­les durante su presidencia (2007-2015), fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior.

La expresidenta de centro-iz­quierda cuestionó en una carta difundida el martes la imparcialidad de los jueces, a los que acusa de ser cerca­nos a su rival político Mauri­cio Macri.

La petrolera estatal dio una agra­dable sorpresa el viernes último, pues disminuyó en 300 guara­níes los precios de las naftas, lo que podría empujar a que los emblemas privados sigan su ejemplo abaratador. Esto hará que se aliviane un tanto el pre­supuesto de miles de propietarios de auto­motores que necesitan usar su vehículo todos los días. Por consiguiente, Petróleos Paraguayos (Petropar) seguirá teniendo los precios más bajos de los hidrocarburos en nuestro país para favorecer a la gente.

Con los nuevos valores de comerciali­zación, los precios quedan del siguiente modo: la nafta Kape cuesta ahora 6.130 guaraníes el litro, en tanto que la nafta Oikoite se vende a 6.630 guaraníes por litro, y el litro de la nafta Aratiri cuesta 7.980 guaraníes.

Durante los casi quince meses que está al frente del gobierno la administración actual ha realizado siete reducciones de precios de los derivados del petróleo, cinco de las naftas y dos del gasoil para los motores diésel. Eso a pesar de los vai­venes del mercado petrolero interna­cional y de la alta cotización del dólar, moneda con la que se pagan las impor­taciones que se realizan. Con esto el gobierno de Santiago Peña está buscando alivianar un tanto el costo de vida de un importante sector de la ciudadanía. El presidente resaltó que los márgenes con­tables entre los costos vigentes han per­mitido que se pudiera realizar otra reduc­ción en los precios finales. “Siempre que se pueda, lo vamos a bajar”, expresó el mandatario.

“No podemos bajar nomás. Lo hacemos cuando tenemos un costo menor y pasa­mos ese costo menor al usuario. Ahora lo estamos haciendo en el caso de las naftas”, explicó cuando fue preguntado sobre otras posibles reducciones de pre­cios de los combustibles.

Existe la posibilidad de que se reduz­can también los precios del gasoil en sus diferentes denominaciones. Fuentes de la entidad petrolera dijeron que están realizando próximamente una licitación de gran porte de diésel, que, si se realiza con buenos costos, bajarán los precios de venta al público.

La entidad petrolera estatal está cada vez más extendida en la geografía del país, lo que hace que su influencia positiva sea cada vez mayor en los distintos puntos de la nación. Mediante el crecimiento cons­tante, Petropar tiene en la actualidad una red de 233 estaciones de servicios en todo el país. Por ello la incidencia de las reducciones de precios que suele aplicar es muy importante a nivel de toda la geo­grafía paraguaya y benefician a muchí­sima gente. Aparte de los combustibles para motores diésel, los tipos de naftas que ofrece la entidad son el Aratiri 97, el Oikoite 93, el Kape 88 y el Eco Flex 85.

Un detalle importante que considerar es que la petrolera estatal no pierde plata con la reducción de los precios de sus pro­ductos de venta. De acuerdo con los datos contables, la institución no solo no pide plata al Estado o atenciones especiales en materia cambiaria para sus gastos como ocurría en el pasado, sino que con sus uti­lidades puede cubrir sobradamente sus costos, como toda empresa que actúa con eficiencia. Lo cual indica que se están haciendo las cosas como corresponde.

Conviene resaltar que mejorar la situación económica de la gente y de las empresas que trabajan en el país es parte impor­tante de la política del gobierno. Por eso habitualmente está tomando medidas que se encaminan a hacer más llevadera la vida del ciudadano común y a reforzar la fortaleza de las entidades que traba­jan aquí para que tengan un mayor rendi­miento económico y una proyección social beneficiosa para las personas. Pues no se trata solamente de que los índices esta­dísticos estén bien, sino de que la sociedad esté en mejores condiciones de vida. Ya que hay que poner siempre por delante de cualquier cifra económica de una nación el verdadero interés de sus habitantes.

Estamos terminando un año que ha pre­sentado muchas dificultades, pero que está mostrando excelentes números gra­cias al esfuerzo y la inteligencia desple­gada por las empresas y las personas. La economía creció más de lo que se había previsto inicialmente, lo que puede hacer que muchas personas estén en mejores condiciones que antes, con fuentes de tra­bajo para muchos y más gente con ingre­sos asegurados.