La Contraloría General de la República (CGR), encabezada por Camilo Benítez, deberá publicar las declaraciones juradas de los funcionarios y contratistas vinculados a las compras realizadas dentro del marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Buena noticia para la transparencia. Estos logros no se alcanzan como individuos, sino como conjunto de organizaciones y grupos ciudadanos; toma años de sacrificio, toma mucha perseverancia y esperanza. Acá se encuentra el resultado. Toma valentía de una comunidad para lograr la transparencia y arrinconar a los corruptos”, manifestó el abogado David Riveros García, quien impulsó junto con su colega María Esther Roa y con respaldo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) una demanda contra la Contraloría para lograr el objetivo.

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Al respecto, el juez Raúl Florentín, del Juzgado Penal de Garantías Nº 4, hizo lugar al amparo constitucional que fue promovido por los abogados Natalia Gagliardone dos Santos y Federico Legal Aguilar.

Las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas serán publicadas en la página web de la Contraloría. También la medida judicial estipula que sean publicados los datos de todos los proveedores que se encuentren vinculados indirectamente en los procesos de contrataciones públicas.

El Poder Ejecutivo había promulgado semanas atrás la Ley de Emergencia que propone una línea de crédito de 1.600 millones de dólares, de los cuales 514 millones de dólares irán destinados al sistema de salud pública y unos 300 millones de dólares serán remitidos a un fondo social con la finalidad de asistir a trabajadores informales, cuentapropista y asalariados que fueron cesados durante el período de la cuarentena.

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