La Cámara de Diputados desarrollará este jueves una sesión extraordinaria, con 10 puntos en el orden del día, adelantando la sesión del próximo martes, atendiendo las actividades de la Semana Santa. La convocatoria fue firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para las 9:00 de hoy.

Entre los puntos a ser tratados se encuentra el proyecto de ley que busca declarar en situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, tras las intensas precipitaciones que han devastado con inundaciones en la región Occidental; esta propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

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El proyecto, establece la coordinación de acciones diligentes, en el marco de la Ley n.° 2615/2005, con el objetivo de aplacar los efectos de la crisis generada por las grandes lluvias e inundaciones que afecta a miles de familias en la zona chaqueña. Con este documento, se autoriza a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otros organismos pertinentes del Poder Ejecutivo, adoptar medidas para cooperar con las comunidades afectadas.

Igualmente, se establece una asistencia técnica y crediticia oportuna y otras medidas urgentes de carácter sanitario y de asistencia social, para las familias que se encuentran afectas. Esto refuerza el trabajo que ya viene realizando las instituciones del Estado en esa región del país.

Por otra parte, también será analizado el proyecto de ley “que modifica y amplia el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, que hace a la liberación de presos. El documento señala en su exposición de motivos el “endurecimiento significativo de las penas para quienes faciliten o colaboren en la fuga de internos penitenciarios, especialmente, cuando se trate de funcionarios públicos o personal penitenciario, y cuando las fugas sean colectivas”.

La iniciativa, mantiene la pena base de hasta tres años o multa para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno, y por otra parte, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta 7 años” (como contempla la ley actual) a un rango de “4 a 10 años” de privación de libertad. También se incluye como un nuevo agravante, para los casos de fugas masivas, apuntando a una pena de entre 5 y 15 años cuando se libere a más de un interno.

Otro de los proyectos a consideración es la iniciativa presentada por el diputado Derlis Rodríguez, de expedir licencias de conducir para menores de 16 años, para las categorías “particular”, “motociclista” y “extranjero”. Se trata del proyecto de ley “que modifica los artículos 22, 25 y 27 de Ley n.° 5016/14, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.

En la exposición de motivos, se señala que la propuesta pretende “regularizar un hecho notorio y admitido por la sociedad”, bajo el argumento que, “muchos adolescentes ya conducen vehículos de facto, especialmente, motocicletas, con el consentimiento implícito de padres, docentes y autoridades”.

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El Senado aprobó ayer miércoles el proyecto de resolución que plantea la creación de una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos que guarden relación con el espionaje cibernético perpetrado por el Brasil en contra de Paraguay en el marco de las negociaciones por la tarifa de Itaipú.

La media sanción será comunicada a Diputados para su consideración. La propuesta, que fue impulsada por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Dionisio Amarilla y Zenaida Delgado; detalla que la comisión conjunta tendrá una duración de 60 días hábiles contado a partir de la fecha de su constitución, prorrogable por un plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las cámaras del Congreso, informes sobre sus actividades que incluirá el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.

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Entre los puntos investigados por la comisión figuran: verificar si existen alertas o informes de operaciones de inteligencia o de seguridad cibernética elaborados por parte del gobierno de Paraguay (periodo 2018-2023), desde el momento del conocimiento de los supuestos hechos de espionaje cibernético. Identificar si existen documentos o informaciones entregados debidamente por el gobierno (periodo 2018-2023) a las autoridades del gobierno entrante el 15 de agosto del 2023, sobre los supuestos hechos de espionaje cibernético.

También se abocará a identificar a las instituciones y personas que llevaron a cabo las negociaciones con el Brasil incluidas las que guardan relación con la tarifa de Itaipú, durante el lapso de duración del supuesto espionaje; asimismo la identificación de las personas que habrían dado las respectivas instrucciones sobre los términos de las citadas negociaciones. Determinar si existió perjuicio para el Paraguay por la rebaja de la tarifa para el año 2023. Abordar sobre investigaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados y el deslinde de responsabilidades.

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El proyecto evaluado este último miércoles entre los puntos resaltantes de la sesión extraordinaria de la cámara surgió tras las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, donde refieren que la operación ilegal fue ejecutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin).

El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había informado el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, realizó una extensa exposición en contra del grupo empresarial Zuccolillo, que emprende una “inmisericorde” campaña contra el Gobierno y el presidente de la República Santiago Peña, movido por intereses económicos. El senador se refirió al caso puntual de la puja judicial entre el banco Atlas y la empresa itti Saeca.

“Voy a hacer un acting para que se comprenda más el por qué tenemos acá esta bandera paraguaya que dice no más piratería, y por qué también ese sector que está fustigando al Gobierno, que supuestamente no quiere juicio político se mantuvo callado o estaban callados en el periodo anterior, y cometieron atrocidades”, dijo en la primera parte de su intervención en la sesión ordinaria de este miércoles.

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Utilizando la frase de no a la piratería, por el uso del software de itti por el banco Atlas, Núñez indicó que esta situación debe entenderse. Aseguró que los ataques hacia el Gobierno y el presidente se dan para desviar la atención sobre el caso e involucra al banco perteneciente al grupo empresarial que también maneja medios de comunicación.

“Ahora vemos un ataque inmisericorde, cinco o seis días, Santiago Peña en la tapa ¿y por qué?, porque quieren desviar que hay un grupo poderoso, que es el grupo Zuccolillo, que desde Diputados puede decir también que soy un perseguido. Cuál era el trasfondo de estas tapas, porque los pillines, los sinveguenchones (sic), deben 70 millones de dólares a una empresa que maneja tecnología que le dio para uso y usufructo su software”, cuestionó el senador.

Rechazó la postura evasiva de ciertos sectores políticos, ante los ataques de este medio, no solo hacia el Gobierno, sino también al “apriete” que está realizando hacia una empresa que forma parte del sistema económico del país.

“A nadie le interesa que empresas que han invertido en jóvenes, en tecnologías, por más de 20 años, que de alguna forma está pagando más de 10 millones de dólares al año al Estado sea apretado asquerosamente de esa forma y su propiedad intelectual esté siendo utilizado por una entidad bancaria”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, calificó de satisfactoria la reunión de la mesa directiva con los ministros, de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez Lezcano y de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, con los líderes de las diferentes bancadas, para abordar sobre el esquema de espionaje por parte de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) bajo la presidencia de Jair Bolsonaro.

Latorre indicó que la postura como cuerpo colegiado fue bastante clara, en pedir explicaciones al gobierno brasileño, la investigación interna, y el fortalecimiento del sistema de ciberseguridad. Mientras tanto, aseguró que las decisiones del gobierno de Paraguay fueron acertadas y correctas.

“Tengo que decir que creo correcta y acertada las reacciones que ha planteado el Gobierno, en primer lugar, con respecto a la solicitud de una explicación clara por parte del gobierno del Brasil; en segundo lugar, la apertura de una investigación que está siendo conducida por el Ministerio Público”, indicó a los medios de comunicación.

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Por otra parte, también destacó el apoyo de los países aislados. “También podemos ver reacciones de determinados aliados como Israel, Estados Unidos, Taiwán, ofreciendo sus capacidades para ayudarnos en esta sensible materia y necesidad que es fortalecer nuestras condiciones en cuanto a la ciberseguridad, y en cuanto a ciertas cooperaciones específicas, como la que se anunciaba por parte del Comando Sur”, resaltó.

Señaló además, que Brasil debe dar una explicación que trascienda el simple hecho de adjudicar la acción al gobierno anterior. Latorre se refiere al comunicado emitido por el Gobierno de Inacio Lula Da Silva, donde admitió el esquema de espionaje, pero responsabilizó a Jair Bolsonaro.

“Las relaciones entre nuestras naciones tienen que trascender el modelo quinquenal, de los cinco años y convertirse en una política de Estado, que nos permita caminar con confianza, con la confianza que requiere nuestros pueblos hermanos en el entendimiento que Brasil es nuestro principal socio comercial”, apuntó.

Por su parte, la diputada Rocío Abed explicó el tenor de esta reunión. “Estuvimos hablando de las implicancias de esto y el impacto de las negociaciones bilaterales que tiene justamente como consecuencia el cese en este momento de las negociaciones del Anexo C. Todo ese análisis nos ha detallado cómo se dio en el ámbito de ambas carteras y sobre todo cómo se está manejando en el ámbito diplomático este tema no menor y de suma importancia”, refirió.

Finalmente, sostuvo que las autoridades nacionales dieron respuestas claras sobre toda esta situación. “Entender claramente que esta posición de país, sobre todo que privilegia, es defender la soberanía nacional, creo que eso quedó bien claro y que las acciones son consecuentes a esa defensa irrestricta de la soberanía”, puntualizó.

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