La Cámara de Diputados en sesión extraordinaria, aprobó la propuesta unificada de los proyectistas Basilio “Bachi” Núñez y Ramón Romero Roa, que busca una protección integral para los personales de salud y de limpieza, involucrados al tratamiento de personas con COVID-19. No se incluye al personal administrativo de la cartera.

La propuesta, plantea que el Estado contrate seguros de vida de hasta 50 salarios mínimos para dar cobertura a los afectados, en concepto de indemnización por fallecimiento a causa del virus, adelantos para gastos médicos, reposo y gastos de sepelio. En caso de fallecimiento, será transferido a la viuda/o o a los hijos menores.

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Las diferentes instituciones públicas de salud se encargarán de identificar a los funcionarios que están al servicio durante la pandemia, la auditoría interna del Ministerio de Salud lo certificará y deberá arbitrar los pagos exclusivamente para los afectados.

Los controles que se establecen, incluyen a la auditoría del MSPyBS y de la Contraloría General de la República. El financiamiento de la protección de los personales será con los fondos que están previstos en la Ley de Emergencia Sanitaria.

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