El senador Enrique Salyn Buzarquis presentó este viernes un proyecto de ley para cancelar licencias a las empresas de transporte que “chantajeen” con el subsidio y la amenaza de dejar sin el servicio a los usuarios por la pandemia.
“Ojalá el Gobierno se les plante y si el Viceministerio de Transporte no se planta, les quitamos los itinerarios, volvemos a licitar y tengamos un transporte público decente. Hay que plantarse y terminar con el chantaje”, dijo el legislador del Partido Liberal.
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El legislador cuestionó a los empresarios del transporte por recibir millones de dólares en concepto de subsidio sin ofrecer un servicio de calidad y ante esta situación presentó el proyecto para cancelar la licencia a los que amenazan con parar el servicio.
Sostuvo que el precio del combustible viene bajando desde el brote del coronavirus en el país, al igual que el precio del petróleo en el mercado internacional, y a pesar de toda esta situación el costo del pasaje se sigue manteniendo.
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El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, desmintió el supuesto pedido de subsidio hecho por los transportistas para seguir operando durante la cuarentena.
La propuesta del gremio es recibir abastecimiento de combustible gratuito para seguir operando ya que la cantidad de pasajeros disminuyó considerablemente desde la cuarentena establecida por el Gobierno, buscando evitar una propagación masiva del COVID-19.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció la prolongación de la cuarentena hasta el próximo domingo 26 de abril. Los casos positivos de coronavirus en el país actualmente son 199, hay cinco pacientes infectados internados, 30 recuperados y ocho fallecidos.
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Caso agua tónica: Tribunal de apelación confirmó condena a Patricia Samudio
El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.
Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.
De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.
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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descartables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 unidades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protectores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tampoco ingresaron a la institución.
Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.
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Reforma del transporte público se enfoca en tiempo de espera y viaje
El Gobierno, a través del Viceministerio de Transporte, presentó el anteproyecto de ley que plantea la reforma del transporte público, que tiene como prioridad la disminución del tiempo que los pasajeros pasan esperando a los buses, así como del tiempo de viaje, indicó el viceministro Emiliano Fernández en el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media.
“Si digo que voy a mejorar las vías o voy a dar nuevas vías estoy hablando de la travesía, más buses significa también más frecuencia y menos tiempo de espera. El tiempo es una de las variables claves que se debe intervenir, el foco principal es el tiempo, eso buscamos”, aseguró Fernández.
El viceministro fue uno de los invitados de “Fuego cruzado”, ayer domingo, donde puntualizó que la reforma tiene el objetivo de introducir cambios en todos los aspectos que componen el sistema de transporte y, para esto, el Estado prevé una inversión de USD 300 millones en este periodo de gobierno, en alianza con el sector privado.
“Tenemos que cambiar el modelo de cómo se gestiona el sistema, la ley nos va a dar una puerta jurídica para llevar adelante todas estas acciones, vamos a ver que las finanzas del sistema estén bien estructuradas, porque como está actualmente va en contra de leyes económicas y eso nos impide las renovaciones y ampliaciones”, explicó el alto funcionario.
CARRILES EXCLUSIVOS
El titular del Viceministerio de Transporte detalló que la reforma no solo se trata de una inversión económica, sino también de adecuaciones de normas de tránsito, ordenamiento semafórico, entre otros factores que ayudarán a que el tráfico sea más fluido. Otro de los puntos contemplados en el anteproyecto es contar con carriles exclusivos en todos los tramos donde sea posible.
“Entendemos que es posible hacer un carril exclusivo en la travesía de Mariscal Estigarribia hasta Calle Última, vamos a buscar carriles en otros circuitos, vamos a trabajar en nuevos carriles de aceleración”, sostuvo Fernández a través de la pantalla de Nación Media.
PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA
Otro de los invitados del programa fue el ingeniero Roberto Vera Vierci, quien también habló sobre alternativas que se pueden realizar desde el punto de vista de la ingeniería con el fin de mejorar el flujo vehicular y de los buses, además de generar un impacto en la reducción de tiempo en el tránsito, algo anhelado por todos.
“Adicionar tres vías elevadas, sin interrumpir los demás carriles, y exclusivas para transporte público, que tiene su velocidad y frecuencia diferente al tránsito vehicular normal, sería en extremo interesante. Imaginamos y estudiamos en principio un sistema que permita su realización en un tiempo corto, sin alterar las condiciones del tránsito de esas vías ya muy exigidas hoy día y que tenga un costo razonable que justifique”, expuso.
ALTERNATIVAS PARA BAJAR COSTO Y TIEMPO
Vera señaló que una de las alternativas para abaratar costos y tiempo son las vías elevadas 100 % prefabricadas, que permitirá que todos los trabajos largos se hagan fuera y sin interrumpir el tránsito. Su colocación será rápida e inmediata. “Planeamos tramos relativamente cortos de viaducto, no los que vemos los viaductos de 30 metros que requieren equipamiento especializado y muy potente para realizarlos”, refirió.
Tanto el ingeniero como el viceministro coincidieron en que la necesidad prioritaria es contar con una ley que reglamente todas las condiciones, que va a regir el nuevo sistema de transporte. “Sin esa base cualquier proyecto es parcial y de poco efecto”, aseveró Vera Vierci.
“Si digo que voy a mejorar las vías o voy a dar nuevas vías estoy hablando de la travesía, más buses significa también más frecuencia y menos tiempo de espera”.
Cetrapam: “Hay que ver cómo se aplican estos cambios”
El vocero del organismo refirió que el proceso llevaría probablemente cuatro años hasta completar su implementación total.
El representante del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, reconoció que resulta necesario a nivel país proyecto de ley que busca reformar el sistema de transporte público, que fue presentado recientemente por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
“Vamos a esperar para interiorizarnos y conocer en qué consiste el proyecto. Hoy lo que tenemos son los grandes títulos de lo que uno anhela como reforma de transporte y esos títulos nos gustan, pero debemos ver cómo los aplicamos”, puntualizó Ruiz Díaz en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.
APLICACIÓN GRADUAL
El vocero de Cetrapam refirió que el proceso de aplicación del plan será gradual debido a que llevaría probablemente cuatro años completar su implementación, pero, de todos modos, manifestó su preocupación sobre el proceso de transición para llegar a un nuevo sistema, por los componentes económicos, logísticos, entre otros.
“Debemos leer la ley, entenderla, y ahí tomar la decisión de integrarnos solo como operadores o también como inversionistas de provisión de flotas. Esto siempre que tengamos las tres patas importantes para cualquier proyecto: garantías jurídicas, garantías de una tarifa técnica y garantías de fijación de precios de pasaje”, subrayó.
PUNTOS A TENER EN CUENTA
Para Ruiz Díaz, más allá de analizar el modelo que se busca introducir en el sistema de transporte nacional, también se deben tener en cuenta otros factores, como el nivel de inversión del Estado en términos de infraestructuras viales, es decir, los tramos a mejorar para el nuevo sistema a implementar.
“Se habla de la realización de un carril exclusivo, se habla de un paso a desnivel, pero no lo vemos aún materializado. Hemos tardado más de un año para que empiecen las obras de Mariscal López, por ejemplo, y se debe entender que la inversión del Estado en infraestructura vial es afín a los costos de operación del transporte público”, afirmó.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Ruiz Díaz instó a la realización continua de audiencias públicas, entendiéndolas como vitales para enriquecer el proyecto, sin dejar de lado la experiencia que pueden brindar los operadores en cuanto al perfeccionamiento o incluso la colaboración dentro del proyecto a realizarse.
En torno a la posibilidad de interiorizar al sector de transportistas en todo lo referente al plan de reforma, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, había garantizado que desde la semana entrante probablemente se instalarán mesas de trabajo o diálogos abiertos para exponer a mayor detalle el programa.
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Cetrapam reconoce necesidad de avanzar con reforma del transporte público
El representante del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, reconoció que resulta necesario a nivel país proyecto de ley que busca reformar el sistema de transporte público, que fue presentado recientemente por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
“Vamos a esperar para interiorizarnos y conocer en qué consiste el proyecto. Hoy lo que tenemos son los grandes títulos de lo que uno anhela como reforma de transporte y esos títulos nos gustan, pero debemos ver cómo los aplicamos”, puntualizó Ruiz Díaz en el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media.
El vocero de Cetrapam refirió que el proceso de aplicación del plan será gradual debido a que llevaría probablemente cuatro años completar su implementación, pero, de todos modos, manifestó su preocupación sobre el proceso de transición para llegar a un nuevo sistema, por los componentes económicos, logísticos, entre otros.
“Debemos leer la ley, entenderla, y ahí tomar la decisión de integrarnos solo como operadores o también como inversionistas de provisión de flotas. Esto siempre que tengamos las tres patas importantes para cualquier proyecto: garantías jurídicas, garantías de una tarifa técnica y garantías de fijación de precios de pasaje”, subrayó.
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Puntos a tener en cuenta
Para Ruiz Díaz, más allá de analizar el modelo que se busca introducir en el sistema de transporte nacional, también se deben tener en cuenta otros factores, como el nivel de inversión del Estado en términos de infraestructuras viales, es decir, los tramos a mejorar para el nuevo sistema a implementar.
“Se habla de la realización de un carril exclusivo, se habla de un paso a desnivel, pero no lo vemos aún materializado. Hemos tardado más de un año para que empiecen las obras de Mariscal López, por ejemplo, y se debe entender que la inversión del Estado en infraestructura vial es afín a los costos de operación del transporte público”, afirmó.
Ruiz Díaz instó a la realización continua de audiencias públicas, entendiéndolas como vitales para enriquecer el proyecto, sin dejar de lado la experiencia que pueden brindar los operadores en cuanto al perfeccionamiento o incluso la colaboración dentro del proyecto a realizarse.
En torno a la posibilidad de interiorizar al sector de transportistas en todo lo referente al plan de reforma, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, había garantizado que desde la semana entrante probablemente se instalarán mesas de trabajo o diálogos abiertos para exponer a mayor detalle el programa.
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Intensifican controles a transportes públicos
La Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) intensifica controles a transportes públicos que operan de manera irregular. Los propios empresarios solicitaron la fiscalización ante la proliferación de minibuses que operan al margen de la ley. El titular de la Dinatran destacó que las unidades que están habilitadas deben contar con seguro para garantizar protección a los usuarios.
“Es un control que venimos realizando en conjunto con los transportistas del área del interior a pedido de ellos justamente. Y porque también están en una situación que genera malestar principalmente en las personas que usufructúan el servicio y que están invirtiendo”, señaló el titular de Dinatran, Luis Fernando González, a la 1020 AM. Dijo que es obligación de este ente la fiscalización para garantizar un servicio de calidad y seguro. “Estamos intensificando en contra de los transportes informales en ruta. Hay una cantidad considerable de minibuses que están trabajando de forma irregular. Y el trabajo que estamos haciendo es justamente para tratar de contrarrestar esa situación y que la gente pueda usufructuar los servicios que están habilitados”, manifestó.
Uno de los operativos de control se realizó el día viernes en el distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa. “El objetivo es verificar y sancionar a los vehículos tipo minibuses no autorizados por Dinatran, que operan como unidades de transporte regulares alzando pasajeros sin los permisos correspondientes”, informó la Dinatran en la red social X.
La institución aclaró que los controles no afectan a los vehículos que se utilizan para fines particulares, familiares, laborales y turísticos.