El diputado Derlis Rodríguez solicitó ante el pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de este martes, la creación de una comisión de control de contrabando, atendiendo a los inconvenientes por los que atraviesan principalmente los productores frutihortícolas que no pueden comercializar sus productos.

“Voy a solicitar que podamos integrar una comisión de control del contrabando, que podamos tomar nosotros desde aquí esta responsabilidad de entender por qué estamos pasando esta necesidad constantemente”, indicó el legislador.

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Agregó que a través de esta comisión se buscará una solución definitiva a esta problemática. “Nosotros vamos a trabajar para entender, primeramente, qué está sucediendo, y por sobre todas las cosas para tratar de corregir de una vez por todas lo que está mal. Esto no puede seguir así”, apuntó.

El diputado lamentó que los productores, principalmente del departamento de Caaguazú, están siendo afectados por el contrabando y la falta de mercado para sus productos en el rubro frutihortícola. “Es una lástima que, en nuestro departamento, donde ciudades viven de este rubro, hoy tenga que estar nuevamente en las mismas penurias de siempre”, expresó.

Valoró el esfuerzo del Gobierno nacional en cuanto al control del contrabando, como así también, el anuncio de la exportación de tomates a Argentina, sin embargo, indicó que aún se debe resolver la situación de los productores afectados. “No podemos esconder la realidad de miles de familias que hoy están sufriendo y prácticamente tirando sus productos a las calles porque no pueden vender, porque no tienen mercado”, sentenció.

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El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, aclaró que el pago por el viaje de 15 diputados a los Estados Unidos para acompañar las elecciones presidenciales se dio dentro del marco de las leyes y reglamentos vigentes y en base a la solicitud realizada por los diputados. El grupo de diputados pertenece a cuatro bancadas diferentes y conforman la delegación de observación de los comicios en ese país, de acuerdo al titular legislativo.

“Todos los detalles en términos administrativos y acceso documental van a estar a disposición, como siempre lo han estado, en base a nuestros mecanismos de trasparencia y de la gestión pública. Se han pagado en base a lo que establece las leyes y reglamentos, viáticos y pasajes”, refirió latorre, este martes, en conversación con los medios de comunicación antes del inicio de la sesión ordinaria.

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“Nosotros entendemos que lo que se puede ganar en términos de experiencia institucional, no solo por la posibilidad de encontrarnos ante una reforma electoral, sino en cuanto a todo lo que se pueda aprender en cuánto a la función que van a estar cumpliendo de observadores, en términos de fortalecimiento en procesos democráticos propio van a ser trascendentales para fortalecer las capacidades institucionales”, apuntó.

“Demás está decir que esta es la democracia más importante del mundo libre y un aliado fundamental e histórico de la República del Paraguay. En ese marco existe una delegación paraguaya que está compuesta por senadores, diputados, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien también ha acudido a estas elecciones”, comentó Latorre.

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En la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, se analizó la iniciativa sobre el uso y la tenencia de armas de fuego. Se trata del proyecto de ley “de armas de fuego, sus componentes, municiones y sus componentes, accesorios controlados, explosivos, accesorios explosivos, precursores químicos de explosivos, afines de explosivos y artículos pirotécnicos”, que ya cuenta con la media sanción del Senado.

La comisión asesora, bajo la presidencia del diputado Pedro Ortiz, se reunió con el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, con quien se analizó la propuesta y los alcances de una posible nueva reglamentación para el uso y tenencia de armas de fuego.

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La propuesta que pretende una modificación total de la ley 4036/2010, “que regula las armas de fuego, sus componentes, municiones y explosivos”, cuenta con 289 artículos. Uno de los principales puntos de este proyecto es la creación de un Registro Nacional de Portación de Armas de Fuego, que dependerá de la Policía Nacional, manteniendo su rol actual como autoridad competente para inscribir a las personas que cumplan con los requisitos legales para portar armas.

También establece la disposición de materiales incautados a favor de los órganos de seguridad y se fortalece el organismo de aplicación, la Dimabel, que pasará a denominarse Dirección General de Material Bélico (Digemabel)

Para un mayor estudio y debate, la comisión asesora convoca a una audiencia pública que se desarrollará el próximo lunes 11 de noviembre, a partir de las 08:00, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, en la que fueron invitadas diversas entidades del Estado, además del sector privado y el sector civil, refiere el informe de la Cámara Baja.

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En la Cámara de Diputados se encuentra en estudio de las comisiones asesoras un proyecto de ley que pretende aplicar la obligatoriedad de pagar un aporte para el tratamiento del cáncer, esto dirigido al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Esta iniciativa fue analizada en una mesa de trabajo promovida por la Comisión de Legislación y Calificación.

El proyecto de ley establece un aporte de USD 5 por cada asegurado básico y USD 10 por cada asegurado premium o similares de las empresas prestadoras de seguro médico privado, además del aporte de USD 5 por cada asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS). También establece la obligatoriedad de que estos fondos sean destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social – INCAN.

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“Estos aportes se destinarán exclusivamente al financiamiento del objeto de gastos 352, que corresponde a la compra de medicamentos oncológicos y a las actividades previstas en la Ley N° 6.266/18 - de atención integral a las personas con cáncer”, refiere la argumentación del proyecto.

Seguidamente, se agrega que “la implementación de estos aportes proporcionará una fuente de ingresos constante y predecible para el INCAN, lo que permitirá planificar y ejecutar programas de atención y tratamiento de manera más eficaz y eficiente”.

El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Ávalos Mariño, destacó la importancia de este espacio de diálogo, ya que participaron representantes de empresas de medicina prepaga y representantes del Instituto de Previsión Social (IPS), y legisladores integrantes de la comisión asesora.

“Hemos invitado a representantes de la Cámara Paraguaya de Medicina Privada, que están directamente vinculados a este proyecto; y también a referentes del IPS. En otra oportunidad estuvimos con médicos y vamos a ir ampliando el debate para escuchar todas las opiniones y después poder poner a consideración del pleno”, refirió el diputado.

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