El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, informó que la institución destinará la suma de G. 3.637 millones para su ampliación y reparación. A la vez, los recursos serán destinados para la construcción de comisiones asesoras, direcciones, bancadas parlamentarias, entre otros, que serán instalados en el cuatro piso.

“Vamos a seguir lo establecido en el programa anual de contrataciones y ejecuciones de obras. Este es un proyecto que ya encontré y vamos a ejecutarlo porque significará una mejora para la atención a la ciudadanía”, sostuvo a los medios de comunicación.

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Asimismo, el senador comentó que la empresa adjudicada es Ritter Construcciones SRL y las obras serán ejecutadas dentro de un período de 7 meses hasta su terminación. “Tenemos un Congreso que tiene más de 20 años, que necesita reparaciones y adecuaciones verdaderas”, comentó.

Señaló además que la fiscalización de los trabajos estará a cargo de los técnicos de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). “Actualmente, nosotros tenemos oficinas compartidas para las diferentes comisiones. En las áreas de recursos humanos y administración, donde verdaderamente la gente trabaja, existe un hacinamiento impresionante, en una pieza de 4 por 4 están 6 funcionarios que se encargan de realizar todo el relevamiento de los más de 2.000 funcionarios del Senado y el Congreso, excluyendo a Diputados”, dijo.

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Senadores de las diferentes bancadas de la oposición impulsan la modificación del artículo 17 de la Ley n.° 6534/20 de protección de datos personales crediticios con el fin de establecer un monto mínimo de deuda de una persona que justifique la publicación, difusión o transmisión por parte de los burós de información crediticia de dicha operación.

El documento propuesto por Ignacio Iramain, José Oviedo, Esperanza Martínez, Líder Amarilla, Ever Villalba, Rafael Filizzola y Rubén Velázquez tuvo entrada oficial el pasado 20 de noviembre. Indica que en el marco legal vigente cualquier monto de deuda, por insignificante que sea, puede ser objeto de divulgación en los burós de información crediticia.

“Esta práctica genera una evidente injusticia, ya que equipara el impacto negativo en la reputación y el historial crediticio de una persona que adeuda una pequeña suma con el de otra que mantiene una deuda mucho mayor”, sostienen.

Indican además que la publicación indiscriminada de deudas mínimas puede tener consecuencias muy negativas para las personas, afectando sus oportunidades laborales, relaciones comerciales e incluso su bienestar emocional.

“Principalmente en el ámbito laboral, sigue existiendo la practica por parte de muchos empleadores que no contratan a quienes figuran en estos burós crediticios, lo cual convierte el problema en un eterno ciclo, porque no hay forma que un trabajador salga de esa lista sin pagar y para ello, necesita un trabajo que se le niega por estar incluido en dichas carteras. Por eso se hace necesario ocuparnos de este problema y buscar una solución”, sostienen.

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De esta forma afirman que la iniciativa busca establecer un monto mínimo de deuda por encima del cual se permita la inclusión en la base de datos de los burós de información crediticia. “Con esto, se busca proteger a los deudores de montos menores de los efectos desproporcionados de la publicación de sus datos financieros. Al exigir un monto mínimo significativo, se garantiza que la divulgación se limite a casos en los que la deuda representa un riesgo real para el acreedor y se evita el daño reputacional injustificado de la persona”, mencionan.

La propuesta expresa que no se tramitarán ni divulgarán los datos crediticios de deudas vencidas no reclamadas judicialmente que hayan superado 3 años de inscripción, las deudas canceladas de manera inmediata, una vez recibida la notificación de la fuente de información, los juicios de convocatoria de acreedores después de 5 años de la resolución judicial que la admita y los datos crediticios de deudas de personas físicas que en su totalidad no superen 2 salarios mínimos legales vigentes en una misma entidad.

Actualmente el proyecto fue girado a las diferentes comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes ya sea por la aprobación o rechazo para su posterior tratamiento en el pleno. En caso de lograr su sanción en el Congreso Nacional y su posterior promulgación en el Ejecutivo se publicará y divulgará las deudas de personas físicas a partir de G. 5.596.618.

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“No todo lo que brilla es oro, es una propuesta que se hace tal vez con buena intención, pero sin socializar, entonces es muy peligroso”, dijo el experto en empleo Enrique López Arce tras expresar su rechazo a la iniciativa que plantea reducir la carga horaria laboral en el sector privado. Agregó que de prosperar el proyecto se correrá el riesgo de que se genere un aumento en los costos de servicios y productos, así como el cierre de pequeñas empresas.

¿Se le preguntó al sector empresarial, trabajador, al Gobierno que tiene una mesa de reforma laboral en este momento, a los senadores o diputados? La respuesta es no. Este proyecto de ley se hizo entre cuatro paredes. Presentar una iniciativa de esta manera es completamente inviable sin ver el tipo de economía o mercado laboral”, manifestó en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

López Arce mencionó que el mercado laboral en Paraguay está constituido en un 90 % por las microempresas (pequeñas empresas), sector que representa un 70 % de la fuerza de trabajo. “Uno le dirá al microempresario que tendrá que pagar igual, pero se trabajará menos, este afirmará que no le cierra la ecuación laboral y se retirará. Esto significa cierre de empresas y pérdida de empleos”.

Acotó: “Cuando hablamos sobre la situación de las empresas grandes, como las industrias, supermercados, farmacias que trabajan 24 horas, al reducir a 6 horas la carga laboral, meterán a otro equipo de trabajo y esto significará menos productividad y más costos. Ese costo se trasladará al producto dándose un aumento de precios que terminará pagando el trabajador”.

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El experto mencionó que el foco debe estar en combatir la informalidad laboral, impulsar estrategias de respaldo para las microempresas y garantizar que los derechos mínimos de los trabajadores sean cumplidos. “Hay un porcentaje alto de paraguayos que no llegan ni al salario mínimo, que no tienen seguridad laboral o no se jubilarán después de tantos años de trabajo”, remarcó.

López Arce siguió argumentando que “todos los estudios del proyecto de ley presentado aplican al exterior. Los países que empezaron con este proceso de reducción laboral son más industrializados, comenzaron con proyectos locales, progresivos. El proyectista mira hacia fuera, está muy bien, pero no se pueden traer propuestas enlatadas, debemos tener iniciativas nuestras”.

El proyecto que establece las 40 horas laborales sema­nales fue presentado este último jueves por el senador del movimiento Yo Creo José Oviedo. El dirigente opositor indicó que actualmente existe una desigualdad en la carga horaria en el Paraguay, teniendo en cuenta que un funcionario del sector público trabaja un promedio de 36 horas, mientras que el empleado del ámbito privado posee un horario de 48 horas semanales.

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A fin de beneficiar a emprendedores, microempresarios y fortalecer al sector, la ley 4457/12 para micro, pequeñas y medianas empresas (Mimpyes) fue modificada. Específicamente 43 artículos de 55. Esta modificación fue sancionada por la Cámara de Senadores a la espera de su aprobación en Diputados.

Algunos cambios que contempla la reforma tiene que ver con la reducción de la burocracia a través del uso de tecnología sin costo, la creación de un Registro Nacional de Mipymes y libre información sobre el registro Mipymes a través de la página web del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

“El 99 % de los microempresarios o emprendedores a quienes visitamos nos decían que era muy caro ser formal y que les cuesta pagar de entrada una cédula de G. 400.000 o el Registro Único del Contribuyente (RUC), entre otros trámites que se hacen en el MIC”, indicó Luis Pettengill a la 1000 AM.

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Comentó que por eso la inscripción para los microempresarios debe ser gratis, debe estar exentos de pagar impuestos en las municipalidades, para que verdaderamente ellos puedan despegar, crecer y potenciar sus empresas. Contó que otra de las reformas refiere que a través del Ministerio de Industria, la mipyme se podrá inscribir al Ministerio de Trabajo, y que el empresario tendrá un contrato de 3 años anuales sin la necesidad de pagar seguro social por sus empleados.

“El seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) lo pagará solo el titular, unos G. 280.000, que si bien no le da un derecho a la jubilación, cuando la empresa avance (sea más grande), ya podrá abonar un aporte proporcional”, explicó.

Todas las personas que deseen empezar con un negocio encontrarán ventajas con estas modificantes, y mediante estos cambios propuestos darán celeridad al proceso de inscripción para el registro de una mipyme.

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