El juez Penal de Garantías Yoan Paul López dictaminó la orden de captura para el diputado Miguel Cuevas, imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración jurada de bienes falsa. El parlamentario deberá cumplir prisión preventiva en la Agrupación Especializada.
No obstante, el abogado Carlos Villamayor, en defensa del legislador presentó una recusación contra el magistrado que ordenó su detención.
Según indicó la abogada Ester Roa -en contacto con C9N- cuando se trata de medidas cautelares se tiene que resolver pese a la recusación y dicho pedido fue posterior a la orden de captura, por tanto se debe de cumplir. "Se tiene que entregar si no quiere pasar un mal rato. A pesar de la recusación debe ser aprehendido”, sentenció.
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Juez otorgó medidas alternativas al abogado que abofeteó a funcionaria del INTN
El juez penal de Garantía, Amílcar Marecos, otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir a una funcionaria del INTN durante un operativo de control. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares.
El referido profesional del derecho deberá cumplir varias reglas de conducta, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. También quedará sometido el mismo al estricto control de la defensa técnica, la obligación de comparecer ante el juzgado para la firma del acta judicial.
Igualmente, el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima y al domicilio de la misma en un radio de 300 metros, la prohibición de comunicación y de actos de hostigamiento por cualquier medio (mensajería, llamadas, redes sociales), la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas como la de acudir a locales nocturnos, la prohibición de portar armas y la obligación de presentarse o comparecer ante cualquier llamado o convocatoria que le realice en adelante y este proceso el Juzgado o el Ministerio Público.
Desde el 27 de marzo el abogado está privado de su libertad en la comisaría de Alto Paraná.
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Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza chicana de abogados abdistas contra FGE
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.
Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.
Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.
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Antecedentes
Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
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Juez reiteró captura internacional de Rodrigo Granda por plagio de Cecilia Cubas
El juez Penal de Garantía, Mirko Valinotti, reiteró la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, alias “Comandante Ricardo”, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, hecho ocurrido en el 2004-2005.
El pedido de reiterar la orden d captura internacional contra Granda fue solicitada por los abogados Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz, representantes de la familia de Cecilia Cubas.
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El oficio ya fue remitido a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo.
Granda, que manejaba varios alias con el objetivo de eludir a los agentes del orden, está procesado en Paraguay por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.
La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo de 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas ocasiones, pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí, realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.
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Mafia de los pagarés: otorgan medidas alternativas a la prisión a exjueza de Paz
El juez de Garantías, Rodrigo Estigarribia, otorgó medidas alternativas a la prisión a la exjueza de Paz Liliana González de Bristot, imputada por prevaricato en el caso conocido como la mafia de los pagarés. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
El magistrado dispuso una fianza de G. 200 millones que deberá ser reemplazada por un inmueble, la comparecencia trimestral para la firma del acta judicial y la prohibición de cambiar de domicilio.
El abogado de la exmagistrada es Mario Elizeche, quien señaló que su representada actuó conforme a derecho y a su vez criticó la imputación presentada por el Ministerio Público.
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Ratifican validez de imputación
El magistrado Rodrigo Estigarribia rechazó el incidente de nulidad de la imputación por prevaricato presentado por la jueza suspendida en sus funciones Analía Cibils, procesada penalmente por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en el marco de la investigación del esquema corrupto conocido como la mafia de los pagarés.
Estigarribia sostuvo que la imputación cumple con todos los requisitos formales exigidos por la ley, en el sentido que se identificó suficientemente a los imputados por lo que corresponde rechazar el incidente presentado por la defensa de Cibils.
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