El diputado Rodrigo Gamarra emitió su opinión respecto al discurso que sostienen varios referentes del sector opositor, quienes constantemente buscan instalar la versión de que en Paraguay rige la “dictadura”, sin embargo, este afirmación solo es sostenida cuando algo no les gusta o no les favorece, pero guardan silencio cuando ellos son los protagonistas de los atropellos.

“Ya no sé a qué le llaman dictadura y a qué democracia, cada vez que que ocurre una situación que a ellos no les gusta o no les favorece, ya sea desde una elección democrática a través de las urnas, una elección de los pares en ambas Cámaras para ocupar cargos legislativos y extrapoder, para ellos es dictadura y copamiento, ahora si ellos son elegidos, es democracia”, señaló.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el parlamentario colorado se refirió a los hechos que tuvieron lugar días atrás, donde varios integrantes del sector opositor lideraron una violenta movilización que derivó en una posterior denuncia por parte de la Policía Nacional por perturbación a la paz pública.

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“Lo que ocurrió en el Palacio de Justicia es un caso sin precedentes, la Policía Nacional, que tiene la atribución constitucional de reprimir en casos de atropellos a las instituciones públicas, de disturbios, tal y como ocurre en los estadios de fútbol cuando las personas desubicadas ponen en peligro la vida de la gente. Este no era un caso distinto”, aseveró.

Medios de prensa, videos y fotos que se publicaron en redes fueron testigos de que legisladores opositores, protagonizaron un “atropello”, según indicó Gamarra, a las fuerzas del orden. Para el diputado es claro que los mismos violentaron a los agentes de la Policía, en modo de provocación y tratando de generar una reacción de los mismos.

“Hay una foto en la que el senador Rafael Filizzola le está escupiendo prácticamente a un policía, gritando de manera violenta, empujándole para que el policía reaccione, pero los policías dieron un ejemplo de civismo yendo a presentar una denuncia, por eso me parece digno de felicitar, porque incluso les da la oportunidad a que esa gente se defienda y diga por qué se fueron a atropellar ese lugar”, indicó.

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A esto añadió, “pero eso no les vuelve a gustar y dicen que es dictadura, acaso los policías no tienen derecho civiles y no pueden denunciar si son agredidos”. El diputado cuestionó que los opositores hablen de dictadura cuando a menudo sus actuaciones recaen en atropellos a instituciones y autoridades , pero no haya autocrítica para reconocer esos hechos que representan un atropello a la democracia.

“En dictadura no hubiesen podido movilizarse, no hubiesen podido lanzar acusaciones temerarias contra el presidente, hacia miembros del Congreso y otras autoridades, ellos violentan derechos de terceros, pero alegan que hay dictadura, es ilógico e irracional lo que plantean. Paraguay goza de extremas libertades, incluso es reconocido por colegas diputados y senadores de otros países, la libertad que gozamos es plena y no existe ningún indicio de dictadura en ningún aspecto”, concluyó.

• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El gobierno del presidente argentino Javier Milei anunció la desclasificación de documentos de inteligencia referidos a la última dictadura militar al cumplirse ayer lunes el 49 aniversario del golpe de Estado de 1976. “El presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período de 1976 a 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según explicó, la medida implica el “traspaso absolutamente de estos archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos”. El anuncio se oficializó en coincidencia con la conmemoración este lunes del Día Nacional de la Memoria que recuerda el inicio de la última dictadura militar que dejó unos 30.000 desaparecidos, según organismos defensores de los derechos humanos.

La decisión obedece a un decreto de 2010 (durante la presidencia de Cristina Kirchner) que “si bien se dictó hace 15 años, nunca que cumplió completamente”, señaló el portavoz. El gobierno de Milei pregona lo que denomina la “memoria completa” de lo sucedido durante la última dictadura al equiparar los crímenes de las fuerzas armadas con los de la guerrilla, algo que fue rechazado por los organismos de derechos humanos.

“Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la memoria, no en los archivos de inteligencia”, dijo Adorni. “Los archivos pasarán ahora a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”, agregó. Como cada año, los organismos de derechos humanos marcharán este lunes a Plaza de Mayo con el apoyo de sindicatos y partidos opositores en conmemoración del Día de la Memoria.

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Decenas de miles de personas marcharon este lunes en Buenos Aires junto a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo bajo la consigna “Memoria, verdad y justicia” a 49 años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar (1976-1983). En el Día de la Memoria, organismos defensores de los derechos humanos, partidos políticos opositores, sindicatos y movimientos sociales y de estudiantes convocaron a la marcha que bloqueó el centro de Buenos Aires en un día feriado en Argentina.

Al grito “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” las columnas saludaron el paso de integrantes de esa organización que todavía buscan a sus hijos desaparecidos. Organismos de derechos humanos cifran en 30.000 los desaparecidos, en tanto Abuelas de Plaza de Mayo buscan a unos 400 niños que fueron robados al nacer durante el cautiverio clandestino de sus madres.

“En esta larga lucha llevamos 139 casos resueltos. Hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen. Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos, nunca es tarde”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, una de las oradoras del acto.

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“El Estado debe garantizar la restitución de nietas y nietos”, agregó. “La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se cononozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”. Entre la multitud abundaron carteles “contra el negacionismo del gobierno” de derecha de Javier Milei, cuyo férreo ajuste económico diezmó decenas de empleos en la secretaría de Derechos Humanos y en los sitios de memoria donde funcionaron cárceles y centros de tortura.

“Milei, basura, vos sos la dictadura”, corearon los manifestantes con banderas argentinas y pañuelos con la leyenda “Nunca más”. “Hoy siento que tenemos que estar acá más que nunca para que no se pierda la memoria del horror que vivió Argentina, no se puede negar la historia”, dijo a la AFP María Eva Gómez, empleada de comercio de 57 años que marchó con su marido y sus tres hijos adolescentes.

“Hay gente que dio su sangre inocentemente por hacer reclamos y nosotros estamos en una democracia que nos costó mucha sangre inocente, la única forma de mantenerla es teniéndolo presente”, agregó. La marcha se desarrolló en forma pacífica y sin la intervención de la policía, que se abstuvo de aplicar un polémico protocolo de seguridad cuyo despliegue en una protesta de jubilados semanas atrás causó graves incidentes y dejo a fotorreporteo con fractura de cráneo por un disparo policial de gas lacrimógeno.

“Todavía hay desaparecidos que no los encontramos (...) por eso la convocatoria fue tan masiva”, dijo Elías Pérez, un médico jubilado de 68 años. El gobierno anunció este lunes la desclasificación de archivos de inteligencia sobre el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, al ampliar un decreto de 2010.

El golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989 representa una de las fechas más importantes en la historia de nuestro país, puesto que puso fin a una dictadura de 35 años, la cual estuvo encabezada por Alfredo Stroessner, convirtiéndose en la más extensa de América Latina. Este hecho dio paso al avance hacia la democracia con libertades que eran impensadas durante el régimen stronista.

A lo largo de este material, abordaremos algunos puntos que marcaron la historia de nuestro país, así como aquellas conquistas ciudadanas obtenidas luego del fin de esta época oscura que se robó la voz de la ciudadanía por tantos años.

Alfredo Stroessner, cuya figura militar estaba en alza en 1954, llega al poder luego de ser propuesto como candidato por el arquitecto Tomás Romero Pereira, quien estaba a cargo del gobierno de forma provisoria, todo en un contexto de mucha inestabilidad política derivada de la Guerra del Chaco y otros eventos que le sucedieron.

El dictador asume la presidencia del país tras unas elecciones donde no tuvo competencia alguna y este fue el comienzo de la consolidación de un régimen que estuvo marcado por las censuras, represión, torturas, abusos en contra de los derechos humanos, exiliados, además de un sistema prebendario que le permitió establecerse por más de tres décadas.

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Este régimen causó la fuga de las mentes más importantes de Paraguay en ese entonces, afirma el informe “Ventanas Abiertas”, elaborada por la Comisión de Verdad y Justicia en donde mencionan que durante la dictadura de Stroessner y de Higinio Morínigo, el cual le precedió, motivaron el éxodo de figuras como la de Augusto Roa Bastos, José Asunción Flores, Arturo Fleitas, Herminio Giménez, Carlos Lara Bareiro, entre otros.

Asimismo, medios de comunicación que no respondían al régimen también fueron clausurados y suspendidos como es el caso de Abc Color y Ñanduti, los cuales al término del régimen, abrieron nuevamente sus puertas y continúan funcionando hasta la fecha.

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Pese a que Paraguay aún vive en una etapa democrática relativamente joven y los recuerdos de la dictadura aún están latentes y en la memoria colectiva. La ciudadanía puede gozar de libertades que bajo el régimen stronista resultaban lejanas hasta el punto de considerarse imposibles.

Movilizaciones ciudadanas con gran fuerza impidieron que el Congreso dé vía libre a la posibilidad de una reelección presidencial, durante la pandemia del Covid-19, las personas rompieron el aislamiento y se trasladaron hasta la capital del país para exigir transparencia en el manejo de los recursos y pedir la destitución de varios ministros que carecían de la credibilidad por parte del pueblo.

La información pública está al servicio de la ciudadanía y las instituciones están obligadas a proveer los datos respecto a las contrataciones, gastos realizados, entre otros. Más allá de la incomodidad que genera la prensa a ciertos sectores políticos, estos carecen de facultades legales para censurarlos, y por informaciones vertidas de los medios de comunicación, incluso se han destituido a grandes figuras de los sucesivos gobiernos.

En la actualidad y desde el golpe de 1989, el funcionamiento de la prensa ha tenido y gozado de amplias libertades para el ejercicio de su rol, a pesar del debate que generan ciertos aspectos que tienen que ver con el límite de la intimidad o cuando se trata de asuntos como la seguridad del propio presidente de la República.

La oposición, la cual anteriormente estaba imposibilitada a pelear por cargos públicos, fue perseguida y censurada, sin embargo, hoy es protagonista en la escena política a nivel país. Fernando Lugo, quien era una figura ajena a la política en ese entonces y que surgió por fuera de los partidos tradicionales, asumió la presidencia en el 2008 en unas elecciones abiertas, derrocando la hegemonía colorada que estaba instaurada hasta ese momento y a lo largo de los años, ha tenido liderazgos notorios.

Si bien aún queda un largo trecho a transitar en torno a posicionar a la democracia como un sistema sólido en nuestro país, es importante tener presente todos los hechos que sucedieron durante la dictadura de modo a no experimentar retrocesos y seguir afianzando este sistema político por sobre cualquier otro.

“Si ganamos vamos a festejar como una Copa del Mundo”, promete Isabela Caetano, una estudiante de 19 años de Sao Paulo que, como muchos brasileños, vive las nominaciones al Óscar de “Aún estoy aquí” como una cuestión de orgullo nacional.

En las calles y las redes sociales, ciudadanos, artistas y políticos -incluido el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva- se subieron a la ola de euforia por la película del cineasta Walter Salles, sobre la desaparición del exdiputado progresista Rubens Paiva en 1971.

Candidata al Óscar como mejor film y mejor film internacional, “Ainda estou aqui” (“Aún estoy aquí”) enfrenta a Brasil con el fantasma de su dictadura militar (1964-1985), un tema por décadas marginal en el debate público. Casi cuatro millones de brasileños ya la vieron en cines, mientras el país asiste a revelaciones sobre la reciente implicación de militares en una presunta trama golpista.

Con protagónico de Fernanda Torres, ganadora del Globo de Oro y nominada al Óscar a mejor actriz, la película narra la lucha de la esposa Eunice Facciolla Paiva para esclarecer el secuestro de su marido por las fuerzas armadas. El cuerpo de Paiva jamás apareció y su crimen sigue impune. Una Comisión Nacional de la Verdad dilucidó en 2012 que el Estado fue responsable.

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El éxito de “Aún estoy aquí” inspiró una idea inusitada en Sao Paulo. La tumba de Eunice Paiva, fallecida en 2018, fue incluida como atracción en una visita guiada al cementerio de Araçá, uno de los mayores de la capital económica de Brasil, organizada por el proyecto “O que te assombra?” (¿Qué te atormenta?).

“Vine a homenajearla porque hay que recordar lo que su lucha nos dice sobre nuestro país de hoy”, dice Mirella Rabello, una médica de 28 años que dejó flores en la tumba. En Rio de Janeiro, la casa donde se filmó “Aún estoy aquí” –basada en un libro de un hijo de Paiva– atrae a turistas nacionales movilizados por la historia.

“Soy de Brasília y vine a esta casa para registrar para mis nietos lo que una película puede significar para la memoria de un país”, dice Silvana Andrade, una maestra de 55 años, frente a la residencia en Urca, un barrio tranquilo sobre la bahía carioca. “Esta película también es sobre nuestro presente”, dijo Salles, cuyo film “Central do Brasil” (Estación Central, 1998) también fue nominado al Óscar, en una reciente entrevista con la AFP.

La policía brasileña acusó en noviembre al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, capitán retirado del Ejército y nostálgico de la dictadura, por un supuesto plan para impedir la asunción de Lula en 2022.

Bolsonaro y mandos de las fuerzas armadas podrían enfrentar cargos por presunta conspiración contra la democracia. El exmandatario se declara inocente y dice ser un “perseguido”. Tras el estreno en noviembre de “Aún estoy aquí”, cuentas asociadas a la extrema derecha llamaron a un “boicot” contra la película en redes sociales.

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Brasil nunca juzgó los delitos de la dictadura, que según cifras oficiales dejó 202 muertos, 232 desaparecidos y miles de víctimas de torturas y detenciones ilegales. Una ley de amnistía aprobada en 1979 por el régimen militar impidió castigar a los culpables.

Pero un ministro de la corte suprema brasileña interpretó por primera vez en diciembre que la amnistía no puede incluir la ocultación de cadáveres. En su decisión, que el pleno de la corte aún debe considerar, el ministro Flávio Dino citó a “Aún estoy aquí”, estrenada un mes antes.

“Hoy Brasil está más sensibilizado sobre la dictadura, gracias a factores que van desde una película hasta noticias sobre una conspiración militar”, dice Eugenia Gonzaga, presidenta de la estatal Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos. Según Gonzaga, la cifra de víctimas del régimen militar puede ser mucho mayor a la oficial, si se consideran grupos sin militancia partidaria como indígenas castigados por la represión.

Para los muertos registrados oficialmente, la justicia ordenó en diciembre que se corrijan sus certificados de defunción para explicitar que murieron a manos del Estado. También se emitirán actas para los desaparecidos. Admitido en 1996 como muerto, Rubens Paiva es una de las víctimas cuyo certificado ahora dice: “Muerte causada por el Estado en el contexto de la persecución sistemática a la población identificada como disidente”.

Fuente: AFP.