El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) destacó el compromiso de las autoridades paraguayas en el marco de las evaluaciones realizadas desde el 23 de agosto hasta el 3 de setiembre, señalaron en su cuenta de Twtter.

La visita in situ al Paraguay tuvo una duración de dos semanas en la que fueron evaluadas un total de 17 instituciones públicas, del sector financiero, entidades privadas, entre otras.

Desde Gafilat señalaron que, además de los evaluadores presenciales y el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, se contó con la participación remota de 3 evaluadores quienes intervinieron de manera oportuna y eficiente en las diversas reuniones.

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Destacaron el compromiso político al más alto nivel de todas las autoridades paraguayas para este evento, incluyendo la reunión de apertura con el presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el resto de autoridades de primer nivel de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El grupo evaluador del Gafilat visitó Ciudad del Este donde se concretaron reuniones en lugares estratégicos como el Puente de la Amistad, lo cual fue considerado de suma relevancia.

El Banco Central del Paraguay (BCP) fue también objeto de agradecimientos teniendo en cuenta las facilidades otorgadas por la banca matriz hacia los documentos y otros requerimientos en el marco de las evaluaciones. La mayoría de los análisis y evaluaciones fueron realizados en la sede del BCP.

Entre las instituciones citadas se encuentra la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en su carácter de coordinador ante el Gafilat.

El asesor jurídico de la Seprelad, Diego Marcet, señaló días atrás que tiene una buena expectativa hacia los resultados de las reuniones donde, por dos semanas, fueron evaluadas diversas entidades del país.

Explicó que, de igual manera, se debe mejorar en varios aspectos con el fin de que las instituciones sean más seguras en las funciones que cumplan para dar una imagen más clara del Paraguay ante los ojos del exterior.

Agregó que el Paraguay tendrá la oportunidad de defenderse oportunamente y que el resultado de las evaluaciones estará en junio del próximo año.

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La diputada Rocío Vallejo señaló este viernes que fue importante la reunión de legisladores de ambas cámaras con representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y destacó que nadie quiere que Paraguay ingrese nuevamente a la lista gris.

“Cada legislador fue con su agenda, por decirlo así, yo me fui con un perfil técnico y por mi conocimiento desde que estuve en el Ministerio Público. La reunión estaba marcada para una hora y media, por mi parte fue exponer los avances”, señaló la legisladora en comunicación con la radio 1020 AM.

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Sostuvo que ella y los demás parlamentarios no quieren que Paraguay ingrese nuevamente a la lista gris por las consecuencias que eso implica y porque se hizo mucho trabajo para salir en su momento. Los evaluadores no hicieron preguntas a los legisladores.

Vallejo indicó que la gente debe entender que el ingreso a la lista gris de Gafilat no es para el gobierno actual, sino para el que estará en el periodo siguiente, atendiendo que los resultados finales de la evaluación se tendrían en el 2023, luego de que Paraguay tenga su defensa sobre las recomendaciones.

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“La gente no entiende que lo de la lista gris es un castigo para el gobierno que viene, no para el que está. Se le castiga al ‘Juan Pueblo’, no al gobierno de turno. Si entramos a la lista gris, el panorama es negro y lo digo como técnica. Nos falta muchísimo, pero se hizo muchísimo y no se puede negar”, agregó la diputada de Patria Querida.

El lunes 23 de agosto se dio inicio a la visita in situ del equipo que evaluará al país. Durante su estadía, los técnicos conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 recomendaciones del GAFI.

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Beatriz Denis, una de las hijas de Óscar Denis, exvicepresidente de la República secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), explicó este viernes que enviaron la carta al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para que tengan en cuenta la “ruta del dinero” producto de los secuestros.

“Enviamos la nota a Gafilat para que se incorporen otras perspectivas de combate y sería el seguir el flujo del dinero. Para nosotras es importante seguir no solamente en busca de los secuestradores, sino ya seguir el dinero que ellos (secuestradores) utilizan en esta industria del secuestro”, dijo la hija del político liberal en comunicación con Universo 970 AM.

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Sostuvo que en los últimos 20 años el EPP movió grandes sumas de dinero, lo que permite que los secuestros y los grupos armados sigan subsistiendo en el país e insistió en que la carta enviada a los evaluadores de Gafilat es para buscar “algo más que hacer” en el combate a los criminales que operan en la zona norte del país.

Denis indicó que de momento no recibieron respuesta alguna de los evaluadores de Gafilat, pero la familia espera que la carta tenga alguna repercusión porque el EPP maneja grandes sumas de dinero y detrás de los integrantes están también “grupos invisibles” que colaboran para lavar el dinero producto de los secuestros.

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“Este grupo maneja grandes sumas de dinero y detrás hay un grupo invisible que colabora para lavar el dinero, ya sea comprando armas, provistas, tecnología y eso hace que ellos tengan ese apoyo y puedan fortalecerse. Hasta el momento no tenemos nada sobre papá, ninguna información, avance y mucho menos el resultado que queremos”, agregó.

El exvicepresidente de la República Óscar Denis fue secuestrado en su estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción, el 9 de setiembre del 2020 y hasta el momento nada se sabe de su paradero.

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La familia de Óscar Denis, el exvicepresidente de la República que sigue secuestrado por un grupo criminal, dirigió una carta a la misión de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la cual exhortan que requieran al Gobierno paraguayo que se incorpore una agenda estatal con acciones para combatir el lavado de dinero proveniente de la industria del secuestro.

“Creemos que es indispensable y urgente que a estas estrategias de combate físico se sume el combate al lavado de dinero producto del secuestro y la financiación a este grupo criminal por parte de estructuras invisibles que permiten su subsistencia y crecimiento sostenido”, expresan Beatriz, Silvana y Lorena Denis en la parte final de la nota con fecha 1 de setiembre.

“Exhortamos a los señores evaluadores que requieran al Gobierno de Paraguay incorporar en la agenda estatal de manera urgente las acciones necesarias para combatir y erradicar el lavado de dinero del secuestro y la extorsión que se da por medio del cobro de ‘cuotas revolucionarias’”, remarcan la esposa e hijas del político liberal que fue privado de su libertad por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), desde el 9 de setiembre del 2020.

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“La industria del secuestro en Paraguay por parte del grupo terrorista EPP ha iniciado en el 2002 con el caso de la señora María Edith Bordón de Debernardi, quien fue liberada luego del pago de un millón de dólares y tras 64 días de cautiverio”, describen las Denis.

“A este terrible hecho, y ya con un importante recurso económico fruto del secuestro, la organización criminal se fue fortaleciendo y perpetrando hechos similares que, además, incluyen asesinatos, abigeatos, reclutamientos de menores, extorsiones, entre otros. El siguiente secuestro fue el de Cecilia Cubas, a quien arrebataron su vida de la manera más cruel, pese a haber cobrado 800.000 dólares para liberarla”, relatan.

“Hoy, a casi 20 años del primer secuestro por parte del EPP en Paraguay, si bien contamos con algunas sentencias y procesos que han culminado con sanciones a algunos de los responsables, el grupo criminal sigue creciendo y fortaleciéndose, ejecutando nuevos secuestros, cobrando las denominadas ‘cuotas revolucionarias’ a habitantes de la zona (principalmente ganaderos y productores agrícolas) para permitirles seguir trabajando, moviendo de esta manera un flujo considerable de dinero a sus anchas, comprando armas, uniformes, víveres y todo lo necesario para mantener uno de los negocios más lucrativos en Paraguay: el secuestro”.

“A inicios de este año hemos remitido una carta abierta a la señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exponiendo nuestra angustia y desesperación por la incertidumbre sobre la vida y el paradero de nuestro padre secuestrado, poniendo a su conocimiento que el flagelo del secuestro en Paraguay es un problema de seguridad nacional que lleva casi 20 años ejecutándose de manera sistemática, sin que hasta la fecha el combate haya sido eficaz y efectivo, sino todo lo contrario, hoy ya no solo secuestran y extorsionan, sino que han extendido su actividad criminal al reclutamiento de niños y niñas para enlistarlos en sus filas, la mayoría pertenecientes a comunidades indígenas aledañas. Prueba de ello es la muerte en enfrentamiento con la Fuerza de Tarea Conjunta en setiembre del 2020 de dos niñas menores de edad miembros de sus propias familias, a quienes obligan a portar armas de grueso calibre, vestir uniformes militares y enfrentarse al fuego cruzado en el monte”, describen.

“Ante esta carta abierta, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos ha respondido, considerando al grupo criminal EPP como un grave problema para la seguridad nacional, comprometiendo a la Oficina Regional del Alto Comisionado para América del Sur a dar un seguimiento a la situación de Paraguay y evocar el caso del secuestro de nuestro padre en su próxima comunicación con las autoridades nacionales. De esta manera, el secuestro, sumado al actuar ineficiente por parte del Gobierno para dar fin a este problema sistemático que compromete la seguridad de una nación, constituye una grave violación de derechos humanos por la omisión del Estado en garantizar la seguridad, la vida, la integridad personal y la libertad de sus habitantes, entre ellos, niños, niñas, hombres y mujeres víctimas directas y familiares de secuestrados, y todo un país que vive bajo el terror del secuestro, la extorsión y el asesinato por parte del EPP desde hace 20 años”, continúa.

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Prosigue la nota. “A todas luces, es evidente, señores evaluadores, que detrás de este grupo terrorista opera un grupo invisible que colabora en uno de los negocios más lucrativos en Paraguay: el lavado de dinero producto del secuestro y la extorsión. Estamos ante sumas exorbitantes que permiten que esta actividad criminal siga subsistiendo desde hace 2 largas décadas y tras varios gobiernos de turno”.

“Nosotras no somos especialistas en lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, somos víctimas, hijas de un padre secuestrado, habitantes de una de las zonas más inseguras del país como lo es la región norte, pero resulta hartamente obvio que sin apoyo logístico para el lavado del dinero producto del secuestro y la extorsión y el financiamiento a esta actividad terrorista, el EPP ya hubiera desaparecido hace años, y hoy no tendríamos que llorar a nuestros desaparecidos”, manifiestan.

“Por último, es innegable la importante contribución que el Gafilat puede dar a Paraguay, colocando como prioridad el combate eficaz al EPP, visibilizando el escenario que puede debilitar esta estructura, es decir, a través del combate al lavado de dinero producto del secuestro, ya que el combate cuerpo a cuerpo hasta la fecha ha resultado insuficiente, puesto que no ha podido contener el crecimiento de este grupo terrorista, ya que para el EPP una vida humana caída en enfrentamiento es perfectamente reemplazable por otra, y a estas alturas solo hemos sumado bajas de militares y policías, enlutando a muchas familias paraguayas y continuando con el reclutamiento de nuevos niños soldados”, señalan.