Cecilia Pérez, quien anteriormente ocupaba el cargo de viceministra de Política Criminal, es designada como nueva ministra de Justicia en reemplazo de Eber Ovelar que renunció al cargo por problemas de salud.

“Estoy asumiendo este desafío que inicialmente había acompañado al ministro, él por estrictas razones de salud y por tener que someterse a tratamiento médico está presentando su renuncia el día de hoy. Vamos a continuar con los proyectos de mejorar el sistema penitenciario. Es un aspecto muy importante teniendo en cuenta que está vinculado directamente con la seguridad nacional, pero también el aspecto del tratamiento de las personas privadas de libertad”, mencionó.

Pérez señaló que en Paraguay existe una emergencia penitenciaria y que se va a intentar contener la crisis, aunque en esta administración aún no se vean los resultados de la reforma penitenciaria que se propondrá. “Sí pueden tener la certeza de que van a quedar asentadas las bases para que quienes vengan después puedan continuar en esta necesidad imperiosa, dejada de lado por años”, dijo ante la prensa.

Sobre los pedidos que recibió la nueva titular de Justicia por parte del presidente Mario Abdo está continuar la lucha contra el crimen organizado. “No se puede esconder bajo la alfombra la presencia de grupos como el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho y el Clan Rotela, que generan situaciones de conflicto dentro de los centros penitenciarios. Ejercer mecanismos de control efectivos, no solo en la contención, sino aprovechando la construcción de nuevos centros penitenciarios trabajar con los problemas de fondo”, afirmó.

Confirmó que en dos años más se estaría contando con nuevos centros y se desarrollará la capacitación del personal para empezar dentro del nuevo sistema. “Tenemos un agente penitenciario cada 80 o 100 internos. Eso supera ampliamente lo que piden los estándares internacionales para tener un buen manejo de la población penitenciaria. Vamos a necesitar más personal, pero en estos centros vamos a materializar lo que sería una carrera penitenciaria, cuyo estudio ya está en el Congreso”.