La crisis penitenciaria se desató con la masacre en la cárcel de San Pedro y las autoridades buscan una solución a corto, mediano y largo plazo a la problemática. Se estima que unas 1.200 personas son privadas de su libertad de forma anual por la aplicación excesiva de la prisión preventiva en lo procesos judiciales.

La diputada Rocío Vallejo sostuvo que no se puede perder de vista la verdadera finalidad de la prisión preventiva ya que si un procesado puede seguir el caso estando en libertad, debe hacerlo. Otro factor que tiene incidencia en el hacinamiento son los problemas por violencia familiar porque todos los involucrados son privados de su libertad.

“Hay situaciones donde perfectamente se puede litigar en libertad. En 12 años de fiscal solo dos veces he pedido prisión preventiva y nunca nadie se ha escapado”, dijo la legisladora.

El artículo 245 del Código Procesal Penal se modificó y se estipuló que no se admiten medidas alternativas a la prisión en todos los hechos punibles ya que son considerados crímenes. Ante esto muchos van a prisión y aumentó considerablemente la cantidad de reos en las cárceles.

Actualmente hay unos 16.800 personas recluidas en las cárceles del país y el promedio de reclusos aumenta 1.200 por año. Los que están en situación de vulnerabilidad son los denominados “pasilleros”, quienes se encuentran en condiciones infrahumanas, facilitando el ingreso de estos a los grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y otras facciones.

“Sin lugar a dudas el crecimiento de la población penitenciaria ha crecido exponencialmente a partir de la modificación que se hizo en el 2011. Esa modificación se hizo en un momento en que había muchísima inseguridad y tomó esta decisión política. Se cambió pero no se previó el crecimiento exponencial”, explicó el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos.

El motín en la cárcel regional de San Pedro del Ycuamandyyú fue protagonizado por miembros del Primer Comando Capital (PCC) contra el clan “Rotela”, por la disputa de liderazgo en la venta de drogas. La pelea entre ambas facciones se da desde hace un tiempo y dejó un total de 10 fallecidos, entre decapitados, incinerados y ejecutados. El hecho dejó en evidencia la precariedad del sistema penitenciario.