El intendente de Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA), admitió “ciertas falencias” en su segundo periodo como jefe comunal de la ciudad. Pese a las manifestaciones en su contra y varias denuncias presentadas ante el Ministerio Públicos por supuestos hechos de corrupción, no descarta ir por un tercer periodo. Representantes de la “Contraloría ciudadana” siguen expectantes a la situación y esperan que se esclarezcan las denuncias. También exigen transparencia y mayor inversión para el desarrollo de la comunidad y el departamento.

“Yo estuve con prisión domiciliaria y se instrumentalizó la justicia para una persecución política contra el intendente. Una administración perfecta cuesta encontrar. Yo jamás he llevado ningún recurso, sí reconozco que hubo algunas fallas. En política no está nada definido hasta el último momento y no se descarta (un tercer periodo)”, dijo el jefe comunal, en entrevista con La Nación.

Acusó a personas cercanas a la política de estar detrás de las manifestaciones y las denuncias en su contra por intereses en las elecciones municipales del próximo año. Urbieta minimizó las movilizaciones al no haber “pruebas suficientes” de hechos de corrupción en su contra.

Sobre la venta del puerto municipal, por valor a unos 700 mil dólares, dijo que está dentro de las cotizaciones de cualquier otra propiedad de similares características. La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra investigando si se puede accionar judicialmente contra el presunto negociado.

El Ministerio Público también abrió un proceso contra Urbieta por las denuncias de los usos irregulares de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), ante las denuncian por la ciudadanía y que se viene manifestando hace meses en contra el intendente liberal. Pese a toda esta situación, Urbieta no descarta ir por un tercer periodo.

Abordado por el tema de la Caja de Jubilaciones, Urbieta se excusó que es algo que se arrastra desde el año 1993 y no es una cuestión nacida en su administración ya que pasó por la gestión de varios jefes comunales. El mismo está hace casi 10 años en el cargo, hecho que causa el disgusto de los pobladores por la falta de mejores en obras viales, en temas de salud y seguridad, además de las las acciones en la justicia.

En alerta y con transparencia

Las manifestaciones iniciaron hace seis meses con la detención de un comunicador que denunciaba las supuestas irregularidades en la gestión de Urbieta al frente de la Municipalidad de Concepción. Se trata del comunicador Édgar Américo Chilavert, a quien el intendente acusó a estar detrás de las acciones por intereses políticos.

“Hay decenas de denuncias por uso irregular del fondos del Fonacide y Royalties, aparte de la venta de un puerto, considerada como irregular. También el uso irregular de fondos que deberían ser destinados a las cuentas y aportes del funcionario municipal, estamos hablando de una deuda que hoy asciende a unos 9.000 millones de guaraníes”, comentó Pablo Desvars, uno de los referentes de la “contraloría ciudadanía” de Concepción.

Sostuvo que las denuncias eran solo periodísticas hasta que llegaron al ámbito de la justicia. Supuestamente, Urbieta sobrefacturó y dilapidó los recursos del Fonacide en la construcción de baños en instituciones públicas, triplicando el costo. Por el Teatro Municipal la comuna habría pagado cerca de los un millón de dólares y pese a ser una obra emblemática de la administración actual, hay dudas del valor real de la obra, además de irregularidades en el proceso de licitación.

“Estamos hablando de un monto que oscila los un millón de dólares y es un monto que no debería haberse pagado por esa obra. Nosotros pedimos transparencia, independientemente a quién sea la autoridad, participación ciudadanía y que tengamos una hoja de ruta de desarrollo para Concepción”, agregó Desvars.

Los pobladores de la ciudad de Concepción piden la renuncia del intendente Alejandro Urbieta Cáceres (PLRA) por supuestos hechos de corrupción en su administración. Los ciudadanos se manifiestan hace meses contra el jefe comunal, quien está siendo investigado por el Ministerio Público.