Según el abogado Eduardo González, uno de los tres representantes de la ex intendenta de Ciudad del Este, en el proceso de intervención no les dieron opción a ejercer su tarea de defensa. En una entrevista con La Nación, el profesional del Derecho resumió claramente el panorama en tres puntos concretos, que desnuda la falta de objetividad del grupo encargado de realizar la intervención.

“En primer lugar, ni la interventora Carolina Llanes ni tampoco los miembros de su equipo de intervención, nunca permitieron a los representantes de la intendenta McLeod conocer sobre los procesos de la intervención y tener acceso de las actuaciones, en violación a lo que establece el Art. 7 de la 317/94, cuya negativa de entregar informes por parte de los mismos se tiene documentado con firma de cada uno de ellos, que se publican”, expresó González.

En segundo lugar, el representante de la intendenta explicó que “la interventora confundió su rol con el de una auditora, lo cual fue grave para poder ejercer la representación de la intendenta, pues son mecanismos de verificación regulados por normas jurídicas y de protocolos totalmente diferentes, como también atribuciones totalmente distintos”.

Finalmente, como tercer punto a ser cuestionado, denunció que “la interventora María Carolina Llanes Ocampos no permitió a la intendenta Sandra McLeod ni a sus representantes dentro del proceso de intervención poder tener conocimiento de los puntos por ellos supuestamente verificados para su dictamen conclusivo, ni oportunidad para el descargo correspondiente, por lo cual también deslegitima su trabajo, objetividad y transparencia en su gestión”.