Las hijas del estanciero Félix Urbieta, una de las víctimas de secuestro del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuestionaron la selectividad de organizaciones de derechos humanos de Argentina y Paraguay que investigan el fallecimiento de dos niñas en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de Paraguay con el grupo criminal.

Reconocen el dolor de las familias de las pequeñas, pero critican duramente a las organizaciones por nunca haberse interiorizado en la situación de los secuestrados, quienes también gozan de derechos humanos.

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“En los últimos días recibimos la noticia de que organizaciones argentinas de derechos humanos, apoyados por grupos afines de Paraguay, están realizando campañas mediáticas y verificaciones in-situ sobre la desaparición de una menor y el fallecimiento de dos niñas en el enfrentamiento. No estamos ajenos al dolor de la familia, que perdió a tres integrantes que se encontraban formando parte del EPP, y por más que dijeran que las niñas nada más visitaban a sus tíos en los campamentos, los mayores que las llevaron y permitieron su estadía sabían a qué se enfrentaban y el peligro que corrían. Nosotros, como madres y padres de familia, jamás permitiríamos que nuestros hijos vayan siquiera a un barrio peligroso de cualquier ciudad del mundo si eso representa un riesgo contra su integridad física o, peor aún, su vida”, explicaron los familiares a través de una conferencia de prensa.

Repudian cómo un grupo pseudo humanista busca tapar el sol con un dedo, mientras la realidad está a la vista y más entre los familiares de los secuestrados que tanto sufrimiento llevan encima. Denuncian que utilizan la desinformación para agitar los ánimos, buscando siempre favorecer las acciones de los terroristas y evitar la presión del Estado sobre estos grupos.

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“Nunca ningún gremio de abogados u organizaciones de DDHH nos llamaron a preguntarnos cómo estábamos. Nunca se interesaron en nuestro padre, en el suboficial Edelio, ni en Óscar Denis, y mucho menos preguntaron por aquellos que murieron ejecutados cobardemente por estos criminales. Nunca buscaron a las viudas, a los que quedaron huérfanos por culpa del EPP, a los que fueron destrozados por las bombas de estos cobardes”, se agrega en el manifiesto.

Sin embargo, según señalan los familiares, estos grupos siempre pidieron libertad para Carmen Villalba, Alcides Oviedo, como “presos políticos”, y no pidieron libertad para los secuestrados ni justicia para los asesinados. Por último, se advierte que no pararán hasta encontrar a Félix Urbieta. “Hasta que el EPP al menos libere su cuerpo o deje libre su alma”, expresa.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Nicolás Leoz, en contra de la confirmación de su extradición a los EE.UU, donde es requerido en el marco de las investigaciones de FIFA Gate.

Luego de esta resolución, solo quedaría pendiente una acción de inconstitucionalidad, para que finalmente Leoz sea extraditado a los Estados Unidos y de esta forma ser juzgado. El recurso de casación lo había presentado Ricardo Preda, defensor del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), contra el fallo de la Cámara de Apelaciones, donde se confirmaba su extradición. Finalmente este martes, la Sala Penal de la Corte declaro inadmisible el recurso.

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En junio del 2018, la Fiscalía remitió a la Corte Suprema su dictamen de rechazo al recurso planteado por el abogado Preda, que buscaba anular la sentencia de extradición. La encargada de la diligencia fue la fiscal María Soledad Machuca, del Área Especializada en Recursos de Casación de la Fiscalía.

Nicolás Leoz será juzgado en el marco de las investigaciones de casos de sobornos en el fútbol, caso también conocido como FIFAgate. Leoz tiene responder sobre su supuesta implicancia en aceptar elevados montos de dinero en conceptos de sobornos.

“Eso es un informe, no una junta médica propiamente dicha que brinda un dictamen, porque no tiene esas características de pericia como le llamamos en jerga legal”. Eso declara -en comunicación con la 970 AM- el forense Pablo Lemir al referirse al documento presentado por Juan Arrom y Anuncio Martí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lemir -quien fue convocado por el Estado Paraguayo con aprobación de la CIDH para realizar un dictamen sobre preguntas específicas- explica que se considera junta médica cuando los profesionales son convocados por un juez o por un fiscal, prestan juramento, responden a puntos de pericia específicos y se labra acta sobre su actuación.

Para el proceso sobre el presunto secuestro y tortura de Arrom y Martí, Lemir tomó el informe médico al ingreso del sanatorio Migone, el día 30 de enero de 2002, para lo que se constituyó en el Sanatorio Migone y recabó la historia clínica completa desde la internación de ambos.

En el informe inicial que está firmado por tres colegas médicos -relata Lemir- se habla del aparato genital del señor Arrom. Se dice el testículo derecho está aumentado al doble del tamaño. Posteriormente, en la internación se hace una ecografía de las bolsas escrotales y los testículos y se establece que el testículo derecho está de tamaño normal. Lo que sí se tiene es que el testículo izquierdo estaba disminuido y se constata la presencia de un varicocele (que es como una várice de la pierna) que se sitúa específicamente en el escroto.

“Varicocele es una enfermedad crónica, preexistente y eso causa como una de las complicaciones, la disminución del tamaño del testículo. Lo que a ellos se les pudo haber presentado como un testículo aumentado de tamaño, viendo el del otro lado más pequeño, era que el testículo derecho estaba normal y lo que estaba chico era el izquierdo”, informa.

Sobre lo más mediático y televisivo, que eran los hematomas que pudo verse en la presunta liberación, Lemir dice que los hematomas de la región lumbar del señor Arrom, estaban presentes y que no hay contraposición en ese sentido. Sin embargo, pone en duda otras lesiones que visualizando el video (que es el que todo el mundo vio de la supuesta liberación) no se ven.

“En el informe médico dice que la pared abdominal anterior, tenía equimosis (lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre debajo de la piel intacta) que iba desde el epigastrio hasta por debajo de la zona umbilical en el caso del señor Arrom, cubriendo un área de 16 centímetros. Nosotros hemos hecho la evaluación del video y fotos de capturas y las imágenes cuadro por cuadro de eso. Y no se visualiza. Cuando hablamos del epigastrio, hablamos más o menos de la boca del estómago hasta por debajo del ombligo y no se visualiza. Eso lo puede ver cualquiera que tenga acceso al YouTube. Cuando salen levantando los brazos no se observan ninguno de esos moretones”, reafirma.

La pericia de Lemir forma parte del caso como affidavit, declaración jurada ante escribanía. No se le permitió exponer la pericia en forma oral.

En el informe del 30 de enero habían médicos de sanatorio Migone. Entre las firmas están las de médicos conocidos en el ámbito forense, pero no se visualiza que estén firmando como forenses, simplemente están sus nombres, sus registros y sus sellos. También están presentes las rúbricas de Y médicos que no son del Migone, que según la declaración de la doctora Esperanza Martínez, fueron autoconvocados o estaban convocados por el Círculo Paraguayo de Médicos.