El proyecto de ley impulsado por los legisladores Jorge A. Mariño y Derlis Maidana, “Que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley N.º 4.013/2010 ‘Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo, en beneficio de la población civil’” será nuevamente analizado por la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa ya había sido aprobada en la Cámara Baja, pero fue rechazada en Senadores, motivo por el cual el documento regresó a su cámara de origen, ahora ya se encuentra en su tercer trámite constitucional, y en su estudio tendrán la potestad de aceptar el rechazo del Senado, o en todo caso, ratificarse en su postura inicial.

Actualmente los jóvenes inscriptos como objetores de conciencia tienen tres opciones para acceder al carnet de objetor de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO), la primera es realizar un servicio sustitutivo; la segunda abonar una multa de 400.000 guaraníes, y la tercera es no hacer el servicio social y declararse insolvente para no pagar la multa.

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Los proyectistas de la ley que modificaría los artículos 20 y 21 de la ley N.º 4.013/2010 sostuvieron en su exposición que la idea es establecer reglas claras que contribuyan a que los jóvenes sean conscientes de que la democracia se trata de asumir derechos y obligaciones, asegurando que actualmente los jóvenes no cumplen el servicio militar, ni con las obligaciones estipuladas que establece la objeción de conciencia, y que ni siquiera se presentan para tramitar el certificado de insolvencia.

La propuesta consiste en la inclusión, dentro del Art. 20, una adenda en donde se obligue a todos los varones de 18 años de edad, a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumplimiento de la objeción de conciencia, además de la constancia de pago de la contribución establecida en la ley; certificación de insolvencia o constancia de exoneración para la realización de determinados trámites públicos.

Por otro lado, la modificación del Art. 21 prevé la creación de un fondo con las contribuciones de los jóvenes que optan por el pago de una multa equivalente a cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

Dentro de la propuesta se encuentra especificado lo que sigue: “Los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y adolescencia en situación de pobreza dentro del presupuesto de la Defensoría del Pueblo”.

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Con un total de 25 votos, la Cámara de Senadores rechazó este miércoles el proyecto de ley, con media sanción de Diputados, que pretende establecer la “muerte civil” de aquellos varones con 18 años de edad cumplidos que no tuvieran la declaración de cumplimiento de la objeción de conciencia o el pago de una contribución de cinco jornales mínimos o unos G. 490.000.

Esta nueva normativa “que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 4013/2010 que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil” incluye restricciones por incumplir la objeción al servicio militar para trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes, accesos a becas emanadas del Estado paraguayo y concursos para el acceso a la función pública.

Al respecto, los legisladores argumentaron que la propuesta legislativa atenta contra varios artículos constitucionales y leyes vigentes. El proyecto, que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria del pasado 31 de mayo, deberá ahora volver a la Cámara Baja para su aceptación o ratificación.

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Al respecto, el senador Stephan Rasmussen confirmó que la bancada de Patria Querida acompaña los dictámenes de rechazo. Pero además de ello, informó que desde la bancada van a solicitar la destitución del defensor del Pueblo, Miguel Godoy, teniendo en cuenta las arbitrariedades e ilegalidades que está realizando en el ente. Recordó que ya en su momento la bancada se había opuesto al nombramiento del mismo para el cargo de defensor del Pueblo justamente por su actuar anterior.

“Definitivamente esta persona no tiene las capacidades para el cargo y ya lo demostró en su periodo anterior, para este cargo tan importante para la República. Vamos a estar trabajando en la línea para apartarlo del cargo luego de todas estas denuncias y las nuevas que van surgiendo en los últimos días. Es totalmente inadmisible que una persona que definitivamente le faltan algunos jugadores, por decir lo mínimo, siga en un cargo tan importante para la República”, comentó.

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Durante el tratamiento, la senadora Desirée Masi expuso ante el pleno una serie de denuncias contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, por cobro irregular a los objetores de conciencia. La legisladora presentó documentos ante el pleno sobre los cobros que se hicieron entre el 2018 y 2021. Al respecto, indicó que ninguno de ellos tenía obligación legal del pago, ya que no se declararon objetores antes del 2010. Mencionó que serían más de 4.000 personas.

En tanto, el senador Eusebio Ramón Ayala indicó igualmente que su postura era por el rechazo del proyecto del ley. Calificó de despropósito la presentación de propuestas de estas características, porque tienen carácter punitivo, violatorio, discriminatorio y, además, si no se paga la multa se pretende privar a las personas de otros derechos constitucionales que no tienen nada que ver con este tema. Como por ejemplo, tramitar el pasaporte, privando del derecho a ingresar o salir libremente del país o a acceder a la función pública.

“Realmente todo lo que dijeron los voceros de las comisiones, este proyecto de ley atenta contra la juventud. Sin embargo, la Constitución dice que las leyes deben promover para que los jóvenes tengan oportunidad de trabajo, educación, desarrollo y no de persecución. Por ello, considero que debe ser rechazado el proyecto de ley”, indicó.

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La Cámara de Diputados aprobó en su sesión extraordinaria de este miércoles un proyecto de ley que plantea la reglamentación del derecho a la objeción de conciencia para fomentar el compromiso de los jóvenes sobre sus obligaciones con la patria y la sociedad.

Se trata del proyecto de ley que busca modificar los artículos 20º y 21º de la Ley Nº 4013/2010 “Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil”, promovido por los diputados Derlis Maidana y Jorge Ávalos Mariño.

Los impulsores de la propuesta, que ahora será remitida al Senado para su consideración, argumentaron en su momento que, en la práctica, los jóvenes no cumplen el servicio militar, tampoco las obligaciones estipuladas que establece la objeción de conciencia y no se presentan para tramitar el certificado de insolvencia. Por ello, la idea es establecer reglas claras que contribuyan a que los jóvenes sean conscientes de que la democracia se trata de asumir derechos y obligaciones con ellos mismos, con la sociedad y con la patria, explicaron.

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Lo que se plantea es la inclusión, en el artículo 20º, de un apartado en el que se obliga a todos los varones de 18 años de edad a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumplimiento de la objeción de conciencia; constancia de pago de la contribución establecida en la ley; certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia. Esto, para la realización de determinados trámites: a) trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes; b) accesos a becas emanadas del Estado paraguayo, y; c) concursos para el acceso a la función pública.

En cuanto al artículo 21º, se propone la creación de un fondo con las contribuciones de los jóvenes que optan, en vez de prestar el servicio sustitutivo, al pago de una multa equivalente a cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

Actualmente, los inscriptos como objetores de conciencia tienen tres opciones para acceder al carné de objeción al servicio militar obligatorio (SMO). La primera es realizar un servicio sustitutivo; la segunda, abonar una multa de G. 400.000 y la tercera es no hacer el servicio social y declararse insolvente para no pagar la multa.

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El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el diputado liberal Antonio Buzarquis, brindará detalles sobre su proyecto de ley alternativo al Servicio Militar Obligatorio (SMO), en conferencia de prensa, mañana a las 09:00, en el Congreso.

El parlamentario adelantó que el documento enfatiza la capacitación laboral y la reforestación masiva como actividades que pueden realizar los objetores de conciencia. La propuesta modificada y diferente, surgió tras la reunión que mantuvieron con el ministro de Defensa Nacional, Gral. Bernardino Soto Estigarribia y al defensor del pueblo, Miguel Godoy.

Buzarquis indicó que la reforestación masiva podría servir como una alternativa para los objetores. Indicó, además, que las Fuerzas Armadas no cuentan con la infraestructura necesaria para albergar al volumen de jóvenes que desean hacer el SMO y que ante ello, se debe trabajar en un proyecto alternativo.

“Aunque muchos jóvenes quieran hacer el SMO, no lo podrán hacer, las FF.AA no tienen la infraestructura para albergarlos por motivos presupuestarios, es por esto que debemos trabajar en una normativa que incluya la capacitación laboral", expresó.

Cabe destacar, igualmente, que la Comisión Permanente resolvió días atrás en su sesión ordinaria no convocar a ambas Cámaras del Congreso Nacional, para analizar el pedido realizado por un grupo de senadores que busca derogar varios artículos de la ley del Servicio Militar Obligatorio (SMO).

La mayoría acordó que el tema requiere de un amplio debate, así también la presentación de proyectos alternativos que determinen, claramente, donde y de qué forma se puede realizar el servicio civil.